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Campesinas, contra la impunidad y por la soberanía alimentaria

Por Mirta Rodríguez Calderón

En la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, llevada a cabo en República Dominicana, se reiteró el desacuerdo por la libertad otorgada a uno de los 8 violadores que atacaron en días pasados a dos niñas dominicanas y se reafirmó la decisión de las mujeres por luchar en la conservación de la soberanía alimentaria y en defensa del medio ambiente.

Con sus manos endurecidas por el contacto con la tierra y sus rostros de vigilia, un millar de campesinas dominicanas se concentraron frente al Congreso de la República donde fueron recibidas por el Presidente de la Cámara de Diputados a quien trasladaron sus reclamos. Algunas habían salido de sus poblados en la frontera con Haití a las 2 de la madrugada, para llegar después de 7 horas a la capital.

La impresionante multitud de mujeres quería expresar a la más alta instancia legislativa el rechazo a la impunidad de un grupo de violadores; demandarles que generen los mecanismos que posibiliten una efectiva aplicación de las leyes contra la violencia; y abogar por un instrumento jurídico para la soberanía alimentaria.

Fue una semana en que esta nación caribeña estuvo en el epicentro del acontecer noticioso por haber sido la Cumbre del Grupo de Río el escenario de las avenencias entre los presidentes suramericanos implicados en los más recientes acontecimientos de Colombia, con el auspicio del presidente anfitrión, Leonel Fernández, y sus colegas del Continente.

Las mujeres, afiliadas a la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca) quienes iniciaban su 6to. Congreso Nacional, aludían a sucesos recientes mediante los cuales se reveló el crimen de un grupo de 8 violadores que durante dos días estuvieron abusando de una niña de 12 años, después de haber violado a la madre –enferma psiquiátrica, asesinada después– en presencia de la adolescente y de su hermana de 8 años, presumiblemente también violada.

El hecho ocurrió en el municipio de Mella en la provincia Independencia, fronteriza con Haití. Los individuos estaban en libertad, salvo uno que, al ser juzgado, fue también descargado por el tribunal del municipio de Jimaní, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital dominicana, donde se conoció del hecho, alegando que “el imputado no había sido notificado por escrito” como prescribe el Código Procesal Penal.

Enterada la opinión pública por las denuncias de la Colectiva Mujer y Salud se generaron acciones, y el jueves el nombre y acciones del individuo estuvieron nueva vez ante el Tribunal que consumió hora y media en dar lectura pública a los descargos favorecedores de Ernesto Pérez, alias Meneo. Los otros 7, entre estos 3 sólo mencionados como los mudos, están asimismo en libertad.

Aunque hay comisiones de la Procuraduría General de la República y de la Suprema Corte de Justicia investigando los hechos para esclarecer la complicidad de las autoridades y de las instancias judiciales, la reiteración de impunidad para estos criminales ha exacerbado los ánimos de muchas dominicanas y dominicanos.

Paradójicamente, los pobladores del municipio Mella, región sumamente empobrecida, donde tuvo lugar el crimen, se han visto segregados de manifestar su indignación por efectuarse el juicio de descargo a unos 80 kilómetros de donde viven y tener éstos poco acceso a medios de comunicación, según explicó a SEMLAC Elisa Mercedes divulgadora de la Colectiva Mujer y Salud.

La mayor de las niñas violadas anal y vaginalmente se salvó de desangrarse porque la pastora Miguelina Cuevas la encontró exánime casi, con un paño entre las piernas. De hospital en hospital, en uno de los cuales debió ser trasfundida, la niña fue a vivir con sus tías paternas (el progenitor había muerto de diabetes hace un lustro) pero está padeciendo desajustes emocionales, tiene fluidos genitales intensos e insomnio.

Uno tras otros los desalmados escaparon y el único juzgado quedó libre por sentencia ratificada esta semana.

EL CASO A LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Dirigentas del movimiento de mujeres, en particular de la Colectiva Mujer y Salud, dijeron a SEMLAC que acudirán ante organismos internacionales de derechos humanos si en un tiempo prudencial no se evidencia la voluntad de frenar y castigar tales actos de barbarie y violencia contra las mujeres y las niñas.

Sergia Galván, directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, una organización con más de 20 años de trabajo en defensa de igualdad, trabajo y salud para más de la mitad de la población dominicana (el 51.2 por ciento) se mostró profundamente indignada cuando refirió a esta agencia lo ocurrido en el tribunal de Jimaní:

“En la lectura de la sentencia que dejó en libertad a Ernesto Pérez trataron de justificar el procedimiento y la impunidad, alegando derechos del imputado violador sobre los derechos de las niñas. Hoy mismo vamos a interponer un recurso de apelación. Estamos solicitando una reapertura del caso. Vamos a hacer que no solamente éste sino todos los procesados vuelvan a comparecer ante la justicia”.

Galván explicó que si este recurso de apelación falla otra vez a favor de los violadores “vamos a usar los tribunales internacionales cuyas normativas protegen el reclamo de respeto a estos derechos humanos de las niñas.

“Iríamos primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana, incluso hasta el Tribunal Penal Internacional de La Haya. El protocolo Facultativo de la CEDAW nos protege. Vamos a usar todos estos instrumentos internacionales” refirió la dirigente feminista, poseedora de vasta experiencia en el movimiento de mujeres dominicano y continental.

El aludido Protocolo Facultativo se añadió en 1999 a la Convención contra toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU.

“Este instrumento –al decir de la abogada costarricense Alda Facio, muy activa en el proceso de promoción del Protocolo- no establece nuevos derechos, pero es un medio para interpretar aquéllos enunciados en la Convención, y detallar las medidas que deberían ser adoptadas para implementar tales derechos en situaciones específicas. Esas medidas pueden incluir remedios para mujeres individuales, por ejemplo compensación, o medidas sistémicas, tales como reformar la legislación, adoptar un cierto tipo de política o brindar servicios particulares”.

En síntesis, lo que hace el Protocolo es establecer los procedimientos para que el Comité que vigila la implementación de la Convención pueda ayudar a los Estados a cumplir con la obligación que asumieron al ratificar la CEDAW. Hasta el año pasado 75 países, entre éstos República Dominicana habían ratificado ese Protocolo que ofrece las ventajas de que entidades o personas pueden acudir y servirse de él de manera directa.

VERGONZANTE INDIFERENCIA

La manifestación de campesinas ante el Congreso de la República la encabezó Juana Ferrer, Negrita, una mujer lúcida y combativa que preside Conamuca, la organización de mujeres más numerosa y vital del país a pesar de la extrema humildad de la gran mayoría de sus afiliadas. Con esa presencia pública ellas daban inicio a su Congreso.

Al ser recibidas por el presidente de la Cámara Baja, Julio Cesar Valentín y por la diputada Minou Tavares Mirabal, Negrita fue muy enérgica al decirles que:

“Entendemos que el Congreso Nacional más que ser un instrumento para crear leyes tiene que serlo para implementar los mecanismos que obliguen a su cumplimiento. Es responsabilidad del Congreso que las leyes que se aprueben no vayan en detrimento de la vida y de los derechos de las mujeres que soportan los embates, al igual que los hombres, del modelo neoliberal Aspiramos a que se garantice la ley de la 24-97 (Contra la Violencia Intrafamiliar)”.

Secundada por el griterío de las que agitaban pañuelos verdes con la consigna de “Basta ya de opresión. Rebelémonos” y el coro repitiendo “es una vergüenza, la indiferencia” reclamaron que “el Congreso se pronuncie ante los actos de violencia porque ustedes son los principales responsables de crear los mecanismos para que las leyes se cumplan”.

“Nos preocupa, dijeron, que el Presidente de la República no se haya pronunciado no sólo sobre la violencia sexual y física sino también acerca de la violencia económica que cada día despoja a las mujeres, a sus familias, y a sus comunidades”.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

En ese orden de cosas pidieron la generación de una ley de soberanía alimentaria que especifique el uso razonable del agua, de la tierra, y el cuidado de la biodiversidad “porque esos son los recursos que tenemos los campesinos y campesinas para garantizar la alimentación del pueblo.

“Hoy –anunciaron- entregamos al Presidente de la Cámara de Diputados una propuesta prioritaria de las mujeres para que estas leyes sean aprobadas en el Congreso: una modificación al Código Agrario; una propuesta de ley que tiene que ver con la soberanía alimentaria; una propuesta de ley sobre la igualdad real entre hombres y mujeres.

Es importante que el Congreso asuma estas demandas – dijeron -. Las mujeres no desmayamos. Por eso estamos juntas. Porque queremos que el futuro sea bueno para nosotras. Y, si lo es, será bueno para el país”.

El Presidente Julio César Valentín y la diputada Cavares Mirabal, quien eventualmente podría ser candidata a la Vicepresidencia de la República por el partido de gobierno para las elecciones de mayo, aseguraron a las manifestantes que informarían al Pleno del Congreso: “Les dejaremos saber a los congresistas y alertaremos para sensibilizar al cuerpo legislativo sobre las preocupaciones de ustedes aquí presentes”.

Y añadieron: “Expresamos nuestra decisión inquebrantable de respaldar, auspiciar, promover acciones y esfuerzos en pro de la equidad de géneros y de la preservación de las conquistas de ustedes. Son ustedes quienes han labrado el camino; y la ley de no violencia intrafamiliar es una de esas grandes conquistas. El Congreso como órgano de representación de la democracia lo que hemos hecho es respaldar esas conquistas”.

Aunque las palabras del Presidente de la Cámara de Diputados fueron elocuentes, las mujeres tuvieron algo más que añadir: “nos parece –le dijeron Juana Ferrer y Sergia Galván– que el Congreso Nacional tiene que asumir mayor responsabilidad en garantizar mejor calidad de vida a las mujeres”

08/MRC/GG

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