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Cárceles incumplen derechos humanos de presos

Por Lourdes Godínez Leal

El sistema penitenciario en nuestro país tiene las más bajas calificaciones en materia de derechos humanos, toda vez que continúa violando los derechos fundamentales de las y los internos, consideró hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Durante la presentación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado por la CNDH, Organismos Públicos de Derechos Humanos y por las comisiones estatales de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández explicó que este diagnóstico es una herramienta que ayudará en la elaboración de políticas públicas para mejorar la condiciones de las cárceles de nuestro país y ayudar en la readaptación social de las y los internos.

Además, dijo, permitirá medir con objetividad las condiciones de internamiento a partir de la calificación de 56 indicadores que representan los aspectos a evaluar en un reclusorio.

La evaluación fue hecha en 191 prisiones del país (76 por ciento del total de los Centros Estatales de Readaptación Social) con excepción de los estados de Michoacán, Morelos, Oaxaca y el Distrito Federal.

LAS MUJERES INVISIBLES

El Diagnóstico, que puede consultarse en la página web de la CNDH, es un análisis cuantitativo de los derechos humanos en diferentes ámbitos de las y los reclusos, y únicamente observa la calificación que se da a los diferentes centros de readaptación, entre los cuales existen siete femeniles.

No obstante, un diagnóstico elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, presentado recientemente, da cuenta de la situación que padecen las mujeres en reclusión.

De él se desprenden algunos datos: por ejemplo, de mujeres con VIH/Sida y de las madres que viven con sus hijos en la prisión. Aunque en el diagnóstico de la CNDH aparece un apartado de grupos vulnerables, no desagrega la información por sexo, de tal manera que clasifica en este grupo a los adultos mayores, los usuarios de drogas, la población que vive con VIH/Sida y homosexuales y únicamente ofrece la calificación de 6, en una escala del 1 al 10.

Actualmente, en México existen 455 cárceles, de las cuales 13 están consideradas como centros femeniles y 236 son mixtos.

Hasta 2005, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, la población penitenciaria era de 205 mil 815. El cinco por ciento lo constituyen mujeres (10 mil 373) y 95 por ciento hombres, según un estudio realizado este año por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Según este mismo documento, el 60 por ciento de las presas en nuestro país han ingresado a prisión acusadas de delitos contra la salud, básicamente en la modalidad de tráfico y transporte de drogas.

Según el diagnóstico de la CDHDF, las mujeres que tienen el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) se encuentran ubicadas en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, mientras que las que ya desarrollaron la enfermedad son canalizadas a la Torre Médica Tepepan, donde reciben el tratamiento necesario.

En ambos casos, los servicios de salud que reciben son de la clínica Condesa de la Secretaría de Salud capitalina, para el tratamiento de las y los internos.

Según la CDHDF, son tres los centros de reclusión donde se encuentran las y los internos con VIH/Sida: la Penitenciaría del Distrito Federal, en el caso de los varones, y para las mujeres los centros de readaptación social de Tepepan y Santa Martha Acatitla, en donde, de acuerdo a la Comisión, existen tres casos de mujeres enfermas con el VIH/Sida.

EL DERECHO A LA SALUD

Aurora del Río, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en la Secretaría de Salud), manifiesta en un estudio sobre la salud de las mujeres en reclusión que cuando una mujer es condenada a prisión, el único derecho que se le restringe es el de la libertad de movimiento, por tanto su derecho a la maternidad, salud, una vida digna, a su integridad física, emocional y sexual deben quedar salvaguardados.

Asimismo, indica que para el caso de las madres que deciden vivir con sus hijas o hijos en las cárceles, éstos deben gozar de los derechos consagrados en la Ley Nacional para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Aurora del Río considera que debido a su condición de género, las mujeres en reclusión presentan necesidades diferentes a las de los hombres.

Al respecto hacen falta diagnósticos de salud de la población penitenciaria con perspectiva de género, que no se discrimine a las y los internos con problemas de salud, y que se cuente con programas de salud pública en todos los centros penitenciarios del país con perspectiva de género y presupuesto adecuado, señaló.

06/LGL/GG/CV

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