Carece Ejecutivo de acciones concretas a favor de las migrantes

Ante el reconocimiento del Ejecutivo federal de que las políticas públicas no respetan los Derechos Humanos (DH) de las mujeres migrantes, académicas y defensoras de esta población reclamaron acciones concretas más allá del discurso oficial.
 
La semana pasada al participar en el Segundo Simposio Internacional “Feminización de las migraciones”, realizado en la UNAM y convocado por grupos civiles y académicas, el director adjunto de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, Salvador Berumen Sandoval, dijo que la política de atención para las mujeres migrantes carece de enfoque de género.
 
Explicó que si bien se sabe que ellas conforman al menos 45 por ciento de la población migrante, sus aportes y su situación sigue “invisibilizada” en las políticas públicas.
 
El funcionario afirmó que las mujeres se “empoderan” al emigrar más, pues ya no están supeditadas a la determinación de su pareja o sus familias para decidir si dejan sus localidades de origen en busca de oportunidades de desarrollo.
 
En respuesta, expertas en migración refutaron que el ingreso de las migrantes al mercado laboral, tanto en México como en Estados Unidos, signifique su “empoderamiento”, ya que las condiciones a las que ellas se enfrentan denigran su “bienestar, salud y libertad”.
 
Diana Damián Palencia, fundadora de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, aclaró que los países de destino están solicitando trabajadores más jóvenes, lo que podría explicar que en meses recientes un gran número de niñas y adolescentes en México y Centroamérica estén cruzando las fronteras.
 
Criticó que si bien las mujeres están incluidas en los programas que permiten que trabajadores migrantes ingresen a México y EU de manera regular y temporal, éstos carecen de enfoque de género y de DH laborales con base en la recomendación 26 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
 
En el mismo tono, Allison Petrozziello, representante de ONU-Mujeres, abundó que los países desarrollados están demandando mayor mano de obra para la agricultura y servicios de cuidado y limpieza del hogar.
 
Detalló que es frecuente que las migrantes irregulares acepten ese tipo de empleos, debido a que viajan sin documentos de estancia legal, son indígenas o de escasos recursos.
 
Petrozziello agregó que ellas enfrentan, además de explotación laboral, aislamiento y estigmatización por haber “abandonado a sus familias” al tomar la decisión de emigrar.
 
Las académicas y activistas participantes en el evento urgieron a crear políticas de gobierno bilaterales (entre México y EU), para proteger a las migrantes trabajadoras.
 
También pidieron reconocer la diversidad de estas migrantes, ya que las indígenas, las empleadas del hogar y las jóvenes, por mencionar algunos ejemplos, tienen problemáticas particulares.
 
PROMESAS
 
Ante las críticas, el director de la UPM –principal órgano del gobierno federal encargado de las políticas para proteger a la población migrante– sólo alcanzó a decir que “es un desafío” incluir un enfoque de género en las acciones en la materia y la Ley de Migración.
 
Berumen Sandoval sostuvo, no obstante, que el Programa Especial de Migración (PEM) –publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril– sienta las bases para que la política pública dirigida a las y los migrantes cuente en breve con un enfoque de género.
 
Prometió que a fines de año se informará sobre las acciones específicas para cada institución involucrada en la atención a esa población.
 
Mientras, especialistas en el tema han advertido que aún no está claro cómo se está ejecutando el PEM, programa que el pasado 1 de septiembre –durante el Segundo Informe de Gobierno– fue calificado por Enrique Peña Nieto como uno de los “principales logros” en materia migratoria en lo que va de su gestión.
 
En contraste, Salvador Berumen aceptó que las Estaciones Migratorias –centros de detención del Instituto Nacional de Migración– alojan a mujeres embarazadas y población vulnerable sin atención adecuada y suficiente.
 
Además, advirtió –pese a los altos índices de violencia y pobreza en México– que la migración nacional es un fenómeno “invisible” en la Ley de Migración y otras políticas sobre el tema, lo que impide que haya datos estadísticos al respecto.
 
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