Existen vínculos que relacionan el albergue Casitas del Sur de la Ciudad de México con los albergues de distintos estados de la República: en Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz y Estado de México, en donde hay casos de niñas y niños desaparecidos, maltratados y abusados sexualmente, denunció Alicia Leal, especialista en el tema de la violencia contra mujeres.
En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de la Red por los Derechos de la Infancia para tratar el tema de la desaparición de menores de edad y otras irregularidades en el citado albergue, Leal agregó que en los diferentes estados el modus operandi es el mismo:
congregaciones religiosas «enganchan» a las familias, aprovechándose de la pobreza y los problemas emocionales, con la promesa de darles a los hijos una vida mejor.
Leal también dijo que, ante estas denuncias, ella y su equipo han sufrido amenazas telefónicas y el acoso permanente de vehículos que los vigilan y los siguen, pero además, expuso, le preocupa el riesgo que corre la niña y su familia, que denunciaron los maltratos que recibió en el albergue de Nuevo León.
RED CON ALTA CAPACIDAD DE CORRUPCIÓN
Por su parte, Gerardo Sauri, representante de la Red por los Derechos de la Infancia, comentó que todos los indicios apuntan a una red de trata de personas y «no sabemos con qué fines, pero que tienen una alta capacidad de movilizar los sistemas jurídicos de corrupción».
Asimismo demandó la intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que cumpla con la tarea de vigilar a todas las organizaciones que pudieran estar vinculadas a «Casitas del Sur» y que ejerza su capacidad como organismo rector de la asistencia social.
Agregó que, de acuerdo con la Ley de Asistencia Social de 2005, el DIF nacional tiene la obligación de tener un registro nacional de las instituciones públicas y privadas. En enero 2009 se reportaba 10 mil 326 niñas y niños albergados en instituciones publicas y no gubernamentales a nivel nacional, sin embargo 17 estados no cuentan con información sobre el número de menores de edad albergados.
La Ley de Asistencia Social faculta a la Secretaria de Salud para vigilar y supervisar a través del DIF nacional, los DIF estatales y municipales, los albergues públicos y privados de asistencia para la infancia, aseguró Gerardo Sauri.
SECUELAS
Durante la conferencia, el diputado Agustín Castilla, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), señaló que aún no hay elementos para consignar en el asunto de Casitas del Sur, aunque existen evidentes irregularidades.
Por lo pronto, las y los menores de edad rescatados el pasado 29 de enero de dicho albergue presentan severas alteraciones emocionales, así que se debe investigar y consignar a aquellos que tenían bajo su custodia a más de 120 niñas y niños.
De acuerdo con las y los especialistas, las niñas y niños rescatados están asustados, sólo salen de la habitación para comer. Asimismo señalaron que las declaraciones de las y los menores de edad afectados deben realizarse con especialistas.
Agustín Castilla agregó que los presuntos delitos que se deben perseguir son: privación ilegal de la libertad, resistencia de particulares, sustracción, fraude procesal, retención ilegal de menores de edad, falsedad ante autoridades; es decir, son diversos delitos que pueden encuadrar en el caso y es obligación de la procuraduría del Distrito Federal hacer valer la ley.
«En el operativo se detuvo a cinco hombres y una mujer, llama la atención el caso de Gabino Negrete, al parecer era un voluntario que cuidaba la puerta en el albergue, pues tiene dos averiguaciones previas, una de ella por secuestro», puntualizó el diputado local.
De la misma manera estipuló que durante el cateo de enero se encontró un video titulado «la casita», lo cual nos remite a Cancún y un libro con el titulo «Por esta cruz te mataré».
IRREGULAR PROCURACIÓN DE JUSTICIA
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC (ODI) denunció que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) incurrió en diversas irregularidades durante la investigación del caso Casitas del Sur.
Por su parte Carlos Novara, de ODI, detalló de manera cronológica la actuación que ha tenido la Procuraduría en torno a las averiguaciones previas de Ilse Michel, los niños Natanael, Jefziba y Azael Juárez Ojeda, Brian Iván, Jorge Cuadrilla Trejo y Maritza Gómez Martínez, desde noviembre de 2006 a la fecha.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) estableció contacto con la Secretaría de Gobernación (Segob) para investigar a la agrupación religiosa fundadora de la asociación civil que operaba los albergues Casitas del Sur.
De acuerdo con autoridades de la PGJDF, la Iglesia Cristiana Restaurada está registrada ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas y Culto Público de Segob, con el número SGAR/2434/2000, y su líder es Antonio Paniagua, que profesa el credo evangélico pentecostal.
Como parte de sus líneas de investigación, se indagará a esta agrupación religiosa, toda vez que hay acusaciones de retención ilegal de menores de edad, finalizó.
09/NSA/LAG/GG
