Es muy probable que el caso de Inés y Valentina, indígenas me´phaas (tlapanecas) violadas por militares, llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), mientras el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) es ya del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien pedirá información al Estado mexicano sobre el crimen.
Así lo informó en entrevista con Cimacnoticias Vanessa Coria Castilla, representante para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien se encuentra de visita en México junto con una comitiva para conocer y dar seguimiento a casos sobre violaciones de los derechos humanos que litigan junto con organizaciones de la sociedad civil ante la CIDH.
Tanto el caso de las mujeres tlapanecas violadas en 2002, como el de los líderes de la PFPM hallados muertos el sábado pasado, días después de que fue denunciada su detención por policías estatales, ocurrieron en la Montaña de Guerrero.
La misma zona donde también desapareció el ecologista Javier Torres; donde un grupo de indígenas fueron esterilizados forzadamente por los servicios de salud, bajo la promesa de que se les construiría una clínica, y a cinco más (entre ellos algunas de las víctimas la esterilización), militantes de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) se encuentran presos acusados de matar a un informante del Ejército, pero a quienes Amnistía Internacional considera injustamente sentenciados.
Más aún, el hermano de Inés, militante de la OPIM, quien promovió la denuncia de los soldados y, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, presentó el caso ante Cejil, fue asesinado el año pasado, mientras que Obtilia Eugenio, actual lideresa de la OPIM, y su esposo han recibido frecuentes amenazas de muerte. Por ello la CIDH recomendó al Estado mexicano implementar medidas cautelares para Inés, Valentina, Obtilia y su esposo.
Recordó que en abril próximo el Estado deberá responder qué ha hecho con las recomendaciones que le hizo la CIDH. Pero como ha incumplido, el caso de las mujeres violentadas podría llegar a la CoIDH.
En este sentido, puntualiza Coria, el Estado mexicano argumenta que no hay presupuesto (recursos económicos) para otorgarlas. En algunos casos, explica, les han proporcionado aparatos telefónicos, pero hemos pedido que les den teléfonos satelitales, sin que haya habido respuesta por parte del Estado.
Esperamos, detalla Coria, que la CIDH se pronuncie para que el Estado cumpla con las medidas cautelares y además si la CIDH encuentra que hay incumplimiento se podrá solicitar a la CoIDH que implemente medidas provisionales, como una presión adicional.
Por tanto, desde Cejil, indicó Coria, hacemos un llamado para que las autoridades hagan una investigación adecuada y efectiva para que estos asesinatos no queden impunes y haya cumplimiento a las recomendaciones.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
De acuerdo con Coria, todas estas violaciones a los derechos fundamentales revelan que por parte del Estado mexicano ocurre una situación de criminalizar la protesta y la organización social y que defensoras y defensores de los derechos humanos.
Apuntó que los casos de Inés y Valentina, de Obtilia y su esposo, del ecologista Javier Torres, de los cinco presos de la OPIM, entre otros ocurridos en Guerrero, son temas donde se hace evidente que se vulnera mucho más a las y los defensores de derechos humanos del Estado.
La criminalización y el Estado de vulnerabilidad a la que se enfrentan las y los defensores de los derechos humanos hoy, es realmente más preocupante día con día, «sobre todo por las declaraciones que han venido realizando algunas autoridades militares donde los ligan, como protectores de delincuentes o que están siendo financiados por el narcotráfico», comentó.
Desde la mirada de Cejil, destacó la abogada, los defensores de derechos humanos, sobre todo los que están litigando casos sobre militares, están viviendo una situación crítica.
Para Coria, el hecho de que se haga declaraciones sin fundamento, sobre todo por parte de integrantes del mismo Ejército, pone en riesgo la vida, integridad y su labor, lo cual es preocupante ya que su labor es la defensa de los derechos humanos y en una sociedad democrática es de suma importancia su trabajo.
Informó que luego del asesinato de los dos miembros de la OFPM, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, ya ha pedido medidas cautelares ante la CIDH para los miembros de la OPFM y se están realizando otras acciones para garantizar la seguridad tanto de las y los integrantes de esta organización como de la OPIM.
09/STP/LAG/GG
