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Castaños: “enorme posibilidad” de que condenen a soldados

Ahora el recuento parece sencillo. Lo sucedido la madrugada del 11 de julio de 2006 en la zona de tolerancia contra 14 trabajadoras fue un acto de violencia por su condición de género cometido por soldados del Ejército Mexicano vestidos con uniformes, armas y vehículo militar.

Se trataba de unos 20 militares del 14 Regimiento de Caballería Motorizada destacamentados en el municipio de Múzquiz, que abandonaron el servicio militar en las instalaciones del Instituto Federal Electoral, donde habían sido designados para cuidar la paquetería electoral de la reciente elección presidencial.

Coprovvi era entonces una naciente organización no gubernamental que prestaba, desde marzo de 2006, servicios de asesoría legal y psicológica a mujeres violentadas por su condición de género en municipios de la zona centro de Coahuila, entre ellos Frontera (donde se ubican sus oficinas), Monclova, Castaños, San Buenaventura y otros.

Fue esa la razón por la que autoridades municipales de Castaños sugirieron que fuera este organismo quien asesora a las mujeres que la noche del 11 de julio habían sido violadas, algunas de forma tumultuaria por los soldados.

La noticia había indignado a la población, recuerda De Luna González, aunque reconoce que no todas las personas reaccionaron de la misma manera, ya que había quienes las revictimizaron al señalar que su condición de trabajadoras de una zona de tolerancia las hacía culpables de ser violadas.

Pese a todo, las mujeres fueron valientes y denunciaron los hechos, ya que no sería fácil ocultar el ataque que originalmente había sido confundido como una acción cometida por uno de los más temidos brazos del narcotráfico llamado Los Zetas, lo que incluso provocó la no intervención de las corporaciones de seguridad pública, tras el llamado de auxilio solicitado por las propias trabajadoras de El Pérsico y Las Playas desde sus teléfonos celulares aquella madrugada.

Poco más de un mes después del violento ataque, ocho de 12 soldados reconocidos por las propias mujeres como sus agresores fueron detenidos y remitidos por la Procuraduría Militar para que fueran juzgados por la vía del fuero común, lo que daba un vuelco histórico a la agresión perpetrada por militares, lo anterior debido a la demanda de justicia emitida por la sociedad coahuilense, la Iglesia católica y el gobierno estatal.

Pronto se supo que serían las abogadas de Coprovvi quienes llevarían el caso. Así, una mañana de septiembre, en las oficinas de la asociación civil llegaron dos hombres, entraron a la pequeña oficina de Sandra de Luna González para advertirle que conocían que ella por su trabajo “salía a carretera” por lo que tendría que cuidarse.

La que sería una clara amenaza no intimidó a la abogada, quien denunció los hechos a través de los medios locales de comunicación y recibió el apoyo de diversos sectores sociales de los municipios que componen la zona central de Coahuila, un estado ubicado en la franja fronteriza con Estados Unidos de Norteamérica.

Y no hay miedo cuando la verdad histórica y jurídica la tienen las 14 mujeres agraviadas por militares, subraya más adelante. Lo que hay, sostiene a unos días de que se dé a conocer la sentencia, es plena confianza en el trabajo realizado.

El juez tiene ahora las suficientes pruebas para dictar las condenas, “incluso el juez ha expresado que de aplicar el Código Penal anterior a 2006, los militares recluidos en el Centro de Readaptación Social de Monclova obtendrían 180 años de prisión, porque son delitos acumulativos para varios de los militares y si sentencia conforme a las reformas a dicha reglamentación (realizada el año pasado), el castigo alcanzaría cerca de 300 años.

Seria, sostiene que en cualquiera de los dos supuestos jurídicos, estamos hablando que es un hecho histórico que va a sentar las bases legales que pueden servir como principio de derecho para cualquiera de los otros estados en caso de militares que cometieron delitos del fuero común, al sancionarlos por primera vez como personas y no como elementos del Ejército mexicano.

Mientras para las mujeres agredidas hay plena confianza en lo que será una sentencia condenatoria para sus atacantes, para nosotras y, en particular para mí, llevar el caso ha sido muy significativo al tratarse de un sector de la población que se encuentra muy olvidada por las instituciones y prejuiciado por la sociedad.

Así que había que trabajar en dos sentidos. Por un lado, llevar el juicio hasta el punto en que nos encontramos ahora en una pretensión legítima de justicia y, por otro lado, mostrar que estas mujeres son en verdad víctimas de la violencia que ejerce un grupo de elementos del Ejército Mexicano por el trabajo que realizan, su condición étnica en algunos casos y por ser mujeres. El resultado es que ahora la sociedad se ha volcado en apoyos hacia ellas.

No era entonces un caso estadístico para Coprovvi. Era distinto a los otros casos. Un reto, sin pretender que lo fuera.

Pero nada ha sido fácil, explica, ya que la mayoría de las veces estas mujeres que trabajan hasta las seis de la mañana en la zona de tolerancia tenían que asistir a las audiencias tres horas después, a las nueve de la mañana, lo que implicaba no sólo preparación psicológica, sino también fuerza física para enfrentarse a un proceso judicial largo y desgastante, a veces mayor a 12 horas continuas de preguntas.

Confiada, Sandra de Luna González asegura que la recompensa para las mujeres será que pronto habrá buenas noticias, aunque reconoce que psicológica y moralmente el ataque sexual perpetrado por un grupo de soldados mexicanos ha provocado en ellas un daño irreversible.

La abogada enfatiza que el daño emocional ha significado en la vida de estas mujeres enfrentar depresiones y situaciones críticas en extremo, pues el terror vivido en aquellas horas no puede borrarse sólo con ver detenidos y en proceso judicial a sus agresores.

Sandra de Luna y el resto de las colaboradoras de Coprovvi –dicen algunas de las trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños– han sido algo más que un grupo de abogadas interesadas en que haya justicia o un grupo de psicólogas prestando un servicio tratando de sanar las heridas que no se ven.

“Cuando las necesitamos ahí están, nos han acompañado al doctor, incluso a ver a un cura si fuera el caso. Se ganaron nuestra confianza en todo sentido”, señala una de las más jóvenes trabajadoras de El Pérsico.

Recuerda que en alguna ocasión estaba muy mal, sentía que mi vida no tenía ningún sentido, siempre enfrentando la vida con miedo, con dolor, con rabia, le llamé (a Sandra de Luna) y vino rápido, le pedí que me ayudara a buscar un sacerdote y me llevó una iglesia ‘muy acá’, durante dos horas esperó en su camioneta mientras yo estaba con el cura hablando, hablando y hablando”.

Lo más difícil ya pasó, ahora solo falta esperar, dicen las mujeres, quienes tienen confianza en que habrá castigo para sus agresores.

07/SJE/GG

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