De acuerdo con el médico forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Salvador García, quien declaró en el juicio contra 12 soldados, ocho de ellos recluidos en el penal de esta ciudad y cuatro más aún prófugos de la justicia, que habrían violado a 13 mujeres en el municipio de Castaños, las lesiones de las mujeres eran producto de actos de violencia sexual.
El médico Salvador García explicó en el juicio que ante el no consentimiento de la mujer para una relación sexual no hay lubricación en los genitales, lo que pudo haber ocasionado que se rompiera el condón usado por el soldado Fernando Adrián Madrid Guardiola, señalado por la víctima como responsable de la violencia sexual, con la consecuencia de un embarazo no deseado.
De igual forma, añadió el médico ante Hiradier Huerta, juez segundo de primera instancia en Monclova, otra posibilidad habría sido una erección incompleta de Madrid Guardiola, producto del alcohol, y en tercer término señaló que otra posibilidad de un embarazo habría sido la mala utilización del preservativo.
Lo declarado por el médico coincide con lo sostenido por las mujeres, dijo en entrevista con Cimacnoticias la abogada Martha Castillón, del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, AC.
«Todas ellas, trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, dijo Castillón, presentaban lesiones graves en sus genitales, lo que originó desgarres vaginales e, incluso, un aborto, luego del ataque del 11 de julio de 2006.
Además, Castillón dijo que el «argumento de peso» que ofreció un sargento a favor de Héctor Méndez, el soldado liberado en menos de una semana, fue que había encerrado al soldado: «yo lo encerré bajo llave y la llave la traía yo», expuso el oficial del ejército cuyo testimonio bastó para que fuera puesto en libertad.
Sin embargo, la abogada del Coprovi indicó que esta declaración contradice las investigaciones realizadas por la Procuraduría Militar: «lo que estaría diciendo es que la instancia castrense se ha equivocado».
La abogada del Coprovi dijo también que esta semana nació la niña producto de ese embarazo y descartó una posible denuncia contra el Estado por no haber recibido atención médica preventiva ante la posibilidad de un embarazo, ya que «fue una de las mujeres que se negaron a recibir atención médica en los hospitales de la Secretaría de Salud», a donde fueron llevadas las mujeres lesionadas el mismo día del ataque.
Castillón indicó que la joven había descartado la posibilidad de un embarazo e, incluso, tuvo periodos menstruales cuatro meses posteriores al ataque, por lo que dijo que no acudiría a recibir atención médica y sólo pondría una denuncia penal.
Recordó la abogada que está establecido en las leyes coahuilenses que las mujeres reciban atención médica para prevenir posibles embarazos no deseados después de un ataque sexual, pero está sujeto a la voluntad de las víctimas «y ella no quiso recibir atención médica».
La hoy joven madre, por segunda ocasión, presentó una denuncia al tercer día de los hechos. Ahora el juez Hiradier Huerta giró oficios a la Secretaría de Salud para que reciba atención médica en hospitales de esa dependencia con cargo al Estado, incluyendo la hospitalización de la niña que podría permanecer en incubadora en las próximas semanas.
El desahogo de pruebas, así como la ampliación de testimonio y de los peritajes médicos continuarán hasta el 26 de marzo próximo para determinar la culpabilidad o inocencia de soldados del Ejército Mexicano que en julio pasado violaron a 13 mujeres en el municipio de Castaños, en la zona centro de Coahuila.
07/SJ/GG
