El Honorable Consejo de Guerra Permanente y Ordinario de la Sexta Zona Militar, que presidió el General de Brigada Alfonso Hernández Aldrete, dictó sentencia en contra de siete de los militares implicados en la violación tumultuaria contra 14 mujeres en Castaños, Coahuila.
El delito por el que se les condenó a no más de dos años de prisión,fue abandono del servicio la noche del 11 de julio del 2006, cuando dejaron su puesto en el Instituto Federal Electoral (IFE) y se trasladaron a la zona de tolerancia de Castaños.
Esta condena, dijo hoy a Cimacnoticias la diputada federal Marina Arvizu, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa, nada tiene que ver con el delito que cometieron en julio del año pasado los soldados y, más allá de la publicidad que se le dio, es una práctica común.
«No están pagando por el delito contra las mujeres, que es lo que nos preocupa, sino por un acto de indisciplina militar, ya que dejaron sus lugares asignados para el resguardo de material electoral, que derivó al final en la violación de las 14 mujeres», subrayó.
El Subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, el militar de más rango, absuelto por la justicia civil, fue sentenciado a dos años de prisión, mientras que los cinco restantes fueron condenados a un año y medio de cárcel en el penal militar de Mazatlán.
A las 10 de la mañana de ayer se abrió la sesión pública a la cual por primera vez en esta jurisdicción dejaron entrar a civiles, en este caso reporteros, sin grabadoras, ni cámaras.
Así, después de 40 años, el Consejo de Guerra volvió a sesionar en Saltillo para procesar a los acusados, apegado al Código de Justicia Militar.
El último soldado que había sido sentenciado hace 4 décadas, en 1961, fue entonces señalado como culpable y recibió la pena de muerte, en lo que fue la última vez que el fuero militar aplicó en México la pena capital.
Ahora, las leves sanciones impuestas a Juan José Gaytán Santiago, Ángel Antonio Hernández Niño, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Omar Alejandro Rangel, Ricardo Hernández Hernández y Norberto González Estrada, sentenciados a un año y medio de prisión, contrastan con aquella dura sentencia del pasado.
En el caso de Ángel Antonio y Norberto González podrán salir libres bajo fianza con una multa de $2 mil 500 pesos que estipula la justicia militar, ya que el primero salió de la cárcel civil por el pago de una fianza y el segundo fue absuelto de los cargos en el proceso que lleva el Juzgado Segundo de lo Penal de Monclova.
Aída Margarita Guardiola Ramírez, abogada de los acusados, señaló que tanto Gaytán Santiago, quien fue sentenciado a 21 años de prisión por el Juez Hiradier Huerta en Monclova, como sus compañeros Omar Alejandro y Fernando Adrián, condenados a 41 y 31 años de cárcel respectivamente, deberán terminar su condena en el penal de Monclova.
Después de las tres de la tarde, el Juez Militar de la Jurisdicción, Rogelio Rodríguez Correa, leyó el resolutivo de sentencia del expediente 2526/2006 donde los seis militares fueron considerados culpables y legalmente responsables de abandono de servicio.
Al subteniente Norberto Carlos se le otorgó el beneficio de la libertad preparatoria, es decir se tomará en cuenta el año y un mes que pasó en la cárcel para hacer frente al juicio promovido por las mujeres violentadas.
A un año y seis meses de prisión también fue sentenciado Ricardo Hernández Hernández, aunque este permanece prófugo de la justicia militar y civil.
Jesús Flores Sosa, director del Cereso de Monclava viajó de regreso a esta ciudad con los seis militares y esperará a que el juez militar gire la orden para trasladar al penal de Mazatlán a Norberto Carlos Francisco Vargas, Norberto González Estrada y Ángel Antonio Hernández Niño, porque los dos primeros fueron absueltos y el tercero quedó libre bajo fianza.
La abogada señaló que en el caso del subteniente, podría quedar libre con el pago de $9 mil 500 pesos y de los otros dos con $2 mil 500 pesos.
Los otros tres deberán purgar su condena en el Cereso de Monclova y al salir pagar su sentencia en la prisión de Mazatlán, aunque este punto será apelado por la defensa.
ACOTAR FUERO MILITAR
Por su parte, con el fin de que no ocurran más casos como el de Castaños, la diputada federal Marina Arvizu, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa señaló que la semana pasada subió al pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo con el fin de acotar el fuero militar.
Dicho punto, explicó la legisladora esta mañana en conferencia de prensa, establece que en cualquier delito cometido por militares y donde las víctimas sean civiles los militares deben ser juzgados por la justicia del fuero civil para, de esta forma, prevenir actos de violencia contra las mujeres, como sucedió en los casos de Castaños y Zongolica.
Asimismo, apuntó que esta iniciativa busca –ante el hecho de que el gobierno de Felipe Calderón no sacará a los militares de ninguna zona del país donde se encuentran asignados– que se otorgue a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un presupuesto de 200 millones de pesos etiquetados para crear un programa dirigido a las fuerzas amadas, con el fin de sensibilizarlos y capacitarlos en cultura de paz y género.
07/SN/GG/CV
