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Castaños: por tratarse de soldados, “el punto es más político”

Por Soledad Jarquín Edgar

A unos días de que se cumpla un año del ataque sexual por parte de elementos del Ejército mexicano a 14 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, las víctimas se encuentran ante un estado depresivo profundo, informó la abogada Martha Castillón García, integrante del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovvi).

En tanto, la titular de Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Saltillo, Jackie Campbell Dávila, mostró su preocupación por la falta de “socialización” del caso jurídico entre los organismos defensores de derechos humanos del país porque “se cerraron las puertas a las iglesias para estar cerca de las víctimas”.

El juicio contra ocho ex soldados detenidos, de 12 que intervinieron la madrugada del 11 de julio de 2006, se encuentra en un proceso de análisis, y podría reabrirse en cuanto el juez de la causa apruebe o rechace las pruebas presentadas durante el último periodo de desahogo realizado a principios de junio.

Mientras que para la abogada de Coprovvi “no podría haber sorpresas en los resultados”, para la vocera de la Diócesis de Saltillo la no socialización del caso entre organismos de la sociedad civil con experiencia pondría en riesgo el castigo a los ex militares. “Los soldados podrían o no ser castigados, pero esta será una lección para la sociedad en general que va a estar tratando con ellos todo este sexenio y quién sabe si más adelante, ese es mi temor más grande”.

Campbell Dávila, la única mujer que ocupa este cargo entre los obispados del país, lamentó que, aún cuando los hechos sucedieron en una ciudad y no en zonas indígenas alejadas, “se hubiese negado la posibilidad de que gente con experiencia pudiera haber ayudado”.

La comunicadora se refiere a que organismos de derechos humanos de la sociedad civil, de la iglesia católica o cristiana no pudieron acceder a las mujeres afectadas en Castaños por determinación del Coprovvi, quien se responsabilizó de la defensa de la mayoría de las mujeres afectadas desde julio pasado.

En ese sentido, calificó que se desaprovechó la experiencia y hasta se “menospreció a gente valiosa y muy cercana, lo que podría resultar en el fortalecimiento de los mismos agresores”.

Sin embargo, Castillón García, abogada de Coprovvi sostuvo que nunca “se cerró el caso a las instituciones religiosas, aunque teníamos el control absoluto, lo que sucedió fue un mal entendido por culpa de terceras personas”, aclara.

Recordó que al principio el propio obispo Raúl Vera López se acercó a las víctimas, el distanciamiento se dio después por terceras personas, “las muchachas se disgustan con algunas actitudes de gente cercana a la iglesia católica”, pero no es decisión de Coprovvi.

Si nosotras nos hubiéramos cerrado, nadie habría entrado, ni las instituciones como el Instituto de la Mujer Coahuilense, ni legisladoras que estuvieron interesadas, ni siquiera los medios de comunicación.

La abogada anunció que previó al 11 de julio, las mujeres afectadas que practican la religión católica tendrán, incluso, un encuentro con el obispo Raúl Vera, en tanto las cristianas, que son minoría, podrán acceder a una plática con pastores de esa religión.

CASTAÑOS, UNA DECISIÓN POLÍTICA

Jackie Campbell sostiene que el caso de Castaños no sólo requería de buenos abogadas o abogados sino de las o los mejores, además de estrategias políticas y contactos, pues por tratarse de soldados “el punto es más político que penal o jurídico”.

Podría ser, añade, que el juez haya definido la situación, pero hay cosas que se quedaron fuera: los soldados prófugos, la intervención de otras instancias para el castigo por razones federales como el uso de armas, vehículos y uniformes, ¿sobre esos delitos quién responderá?, cuestiona la vocera del Obispado de la Diócesis de Saltillo.

El 8 de marzo pasado, Jackie Campbell pidió a las autoridades judiciales de Coahuila se investigaran las razones por las cuales una de las víctimas de violación la habría denunciado por darle dinero para “acusar” a los soldados y retractarse de esta manera de sus dichos expresados ante las autoridades y los medios en los meses posteriores al atentado, por lo cual se inició la averiguación previa 117/2007.

De los hechos, informó Campbell, nada han investigado las autoridades estatales, lo cual muestra que tienen desinterés en el caso. “Lo que me queda claro es que esperaban tener una denuncia de la persona que aseguró que yo le di dinero y no la tienen”.

La vocera del Obispado de Saltillo puntualizó que su interés es conocer más allá de lo que aparece en el expediente sobre la suposición de que yo le habría dado dinero, “lo que quiero es conocer cuáles fueron los motivos que la llevaron a retractarse, para eso la tendrían que llamar a declarar y esa es obligación del Ministerio Público”.

07/SJE/GG/CV

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