Con la participación demás de 10 organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas y estudiantiles de las regiones de la Montaña Costa Chica, Costa Grande, Zona Centro y Acapulco en el foro «Guerrero: donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta», los días 20 y 21 de junio el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM) celebrará su 14 aniversario.
Ubicado en Tlapa de Comonfort, en Guerrero, desde su creación en 1994 esta ONG ha documentado graves casos de violaciones de derechos humanos, como la violación sexual de dos indígenas Me´phaa en Ayutla de los Libres por parte del Ejército, Inés y Valentina, violadas por militares en febrero y marzo de 2002.
En un recuento de su trayectoria, de acuerdo con el CDHMT, está el acompañamiento de defensa integral –a través de sus seis áreas y su oficina en la ciudad de Ayutla de los Libres– a pueblos y organizaciones indígenas, campesinas, sociales y estudiantiles de 5 de las 7 regiones de esta entidad federativa, centrando su labor en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de los pueblos Nauas, Na Savi (Mixtecos), Me’ phaa (Tlapanecos), Amuzgos y Mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
También se ha encargado de documentar 60 casos de violación a derechos humanos por parte del Ejército y capacitar a promotores comunitarios en la defensa de los derechos humanos.
Aún cuando en todos los casos existen violaciones graves a las garantías fundamentales, señalan, en ninguno de ellos se ha hecho justicia debido a que son «juzgados» por los tribunales militares, instancia que no garantiza imparcialidad y sí que los casos queden en la impunidad.
Uno de sus logros más importantes ha sido conseguir que las voces de las mujeres indígenas se escuchen en instancias internacionales, al presentar el caso de las hermanas tlapanecas Inés y Valentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Abel Barrera, director y fundador del CDHM Tlachinollan, comentó en entrevista telefónica con Cimacnoticias los logros y desafíos a los que se ha enfrentado en estos 14 años el Centro que preside.
Principalmente en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos de las mujeres de la zona de la mixteca y tlapaneca donde la labor del Centro no ha sido sencilla al tener que enfrentar las estructuras patriarcales de las comunidades indígenas, comentó Barrera.
En estas zonas, dijo, las mujeres no tienen derecho a decidir, ni a participar de las decisiones de la comunidad, ni a la herencia, ni a la tierra, por lo que el trabajo del Centro ha consistido en visibilizar estos derechos.
Otro problema común, indicó, es la violencia y sometimiento contra las mujeres, derivado en gran medida de la migración de los varones hacia el Norte. En la mayoría de los casos las mujeres cuyas parejas emigran hacia Estados Unidos, se quedan a vivir en casa de los suegros y el Centro ha documentado muchos casos de violación sexual por parte de éstos.
De ahí que un reto ha sido, puntualizó, ver «cómo le entramos a estas estructuras patriarcales comunitarias».
CONTRA LA CORRIENTE
Para Abel Barrera en los dos últimos años las y los defensores han tenido que «ir contra la corriente», ante la criminalización de la protesta social y los movimientos sociales que ha dejado un saldo negro para los derechos humanos no sólo en la región –donde se agudizó— sino en todo el país, al sentenciar a quienes se atreven a reclamar derechos básicos como alimentación, salud, educación y acceso a una vivienda digna.
Esta situación se presenta, subrayó, sobre todo en la zona de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, al sur de México, que se caracteriza por la pobreza extrema, marginación y exclusión de sus habitantes.
«Quienes están siendo más afectados por la criminalización de los movimientos sociales han sido las comunidades indígenas y campesinas, a quienes se les fabrican delitos y se les dan más órdenes de aprehensión», denunció Barrera, a quien la CIDH le otorgó en 1993 medidas cautelares, una consecuencia de la labor que desempeña.
En la «lógica» de considerar como delincuencia organizada a todo aquél que «atente contra el Estado de derecho», las comunidades indígenas han sido las más afectadas, con el único objetivo de «fragmentarlas», insistió.
En una región donde, según Naciones Unidas, la mayoría de los municipios se consideran de alta y muy alta marginación, se concentran las tasas más altas de muerte materna y la población está más ocupada en la subsistencia diaria, el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos es prácticamente nulo.
Por ello, la labor que el CDHM realiza y el tipo de casos que defiende –la Parota, Acapulco Real, el del Camalote y el de las tlapanecas violadas por militares– le han valido el reconocimiento internacional.
Recientemente recibió el premio MacArthur a las Instituciones Creativas y Eficaces, un prestigiado reconocimiento que otorga anualmente la Fundación MacArthur a ocho personas u organizaciones de todo el mundo que trabajan en defensa de los derechos humanos.
Para Abel Barrera, uno de los desafíos del CDHM es poder continuar siendo copartícipes de los movimientos sociales y seguir el proyecto de defensa de los derechos humanos como hasta ahora, con facilitadores y acompañantes de los movimientos político-sociales en el sureste mexicano.
La tarea no es sencilla ni se resolverá en corto tiempo, admitió, ya que si bien los pueblos de la región de la Costa Chica, Costa Grande y de la montaña de Guerrero, se caracterizan por su nivel de organización, durante décadas han sido objeto de pugnas por la defensa de territorios.
Mismos, señala Barrera, que no se resuelven por la ineficacia de las autoridades «a quienes cada vez les importa menos y están más lejos de la ciudadanía y de sus intereses». Actualmente existen más de 20 conflictos agrarios en la región de la Montaña, varios de ellos calificados como focos rojos.
La militarización, el narcotráfico y la presencia de grupos armados en las comunidades indígenas son otra realidad que se vive en la Montaña, dijo, «pero la realidad es que el Estado no está combatiendo el origen del problema y lo único que hace es agudizar los conflictos en la zona señalando y criminalizando a los grupos sociales».
Todo ello dio lugar al trabajo del CDHM que ha sido y pretende continuar siéndolo «un valuarte para la defensa de los derechos humanos» en la región de la Montaña, concluyó Abel Barrera.
08/LGL/CV
