Lo que a todas luces era ridículo, por fin parece que puede tener lógica. La Procuraduría General de la República (PGR) incurrió en irregularidades como la fabricación de testimonios y el uso de pruebas ilícitas, en el caso de las ciudadanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Razón por la cual la Suprema Corte pedirá su liberación.
El proyecto de sentencia que elaboró la ministra Olga Sánchez Cordero, deja al descubierto el tamaño de corrupción y sexismo con el cual se maneja la máxima autoridad para investigar y perseguir los delitos federales y proteger a la ciudadanía, sin duda esta liberación tendría que ser el principio de una campaña que se llame «Cero Impunidad».
La PGR hoy comandada por un político cuestionado por falta de profesionalismo e incapacidad para la investigación del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, muestra nuevamente el sexismo con el que actúan.
¿Qué investiga la PGR, dónde pone el acento cuando se trata de justicia, qué quería demostrar al inculpar a Alberta, Teresa y Jacinta, ya liberada, de secuestrar a policías de investigación, qué mensaje quiere dejar en la sociedad y especialmente en las ciudadanas?.
Desde su detención hace cuatro años, el sentido común y la narración de los hechos demostraban que en este caso no había delito que perseguir, que nuevamente ante la protesta ciudadana, el autoritarismo se imponía.
Jacinta fue liberada después de tres años y un mes de prisión por un delito que nunca existió, hoy pareciera que Alberta y Teresa pudieran lograr la libertad después de cuatro años de prisión.
Se podría pensar que con su liberación ya se logró hacer justicia, pero no, falta todavía la reparación del daño para la víctima. Tres años para Jacinta y cuatro para Alberta y Teresa, falta la sanción para las autoridades que fabricaron el delito e incluso pruebas.
Falta revisar cómo el Juez cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi sentencia a 21 años de prisión a tres mujeres basándose en mentiras. ¿Con quién estaba quedando bien, a quién estaba protegiendo el juez? Esto es lo que aún le queda pendiente a la justicia.
La fabricación de pruebas muestra la corrupción con la cual actúa la PGR, por ser mujeres e indígenas quedó claro el sexismo y discriminación con la que se actuó, son mujeres y son indígenas ¿que más daba, quién las iba a defender, a quiénes les iba a importar? Habrán calculado que no habría más que algunos gritos sin efecto.
Lo que no calcularon es que del otro lado, del lado de la ciudadanía se ha robustecido la indignación del abuso, se ha profesionalizado para la defensa ante el autoritarismo.
Aun cuando no del todo se gana, la esperanza interna quedaba en la Suprema Corte de Justicia. El proyecto de sentencia será discutido el día de mañana, si nada cambia, además de la liberación de las dos indígenas presas injustamente, debe incluirse la reparación del daño, la investigación sobre las autoridades involucradas en la fabricación de pruebas y en el enjuiciamiento.
Brindar un castigo a la corrupción y la prepotencia, demostrar que quien se colude contra los derechos humanos de la ciudadanía, es juzgado y sancionado, desalentará la tentación permanente de hacer de las instancias de procuración y aplicación de justicia espacios de discrecionalidad y autoritarismo a favor de los poderosos.
En el caso de Alberta y Teresa, también se dejará claro que ninguna discriminación se tolerará, y que cuando la haya, también será sancionada, como lo marca la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
* Periodista mexicana, directora general de CIMAC
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