Aun cuando la participación económica de las mujeres en el mundo laboral va en aumento, no hay un marco jurídico que les garantice plenamente sus derechos, y cuando alcanza la misma productividad que el hombre reciben trato y salarios distintos, afirmó Maricela Contreras Julián.
La legisladora citó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y al Consejo Nacional de Población (Conapo), de 1970 a la fecha la participación de la mujer en la vida económica del país ha aumentado de un 21 por ciento a un 39 por ciento. No obstante, aún enfrentan graves problemas de discriminación y segregación laboral y salarial.
Al informar que por unanimidad la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados aprobó una proyecto de dictamen para que los patrones no exijan el certificado de no gravidez como requisito para contratar a las mujeres que soliciten empleo, Contreras Julián resaltó que ello «como una medida para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la legislación federal».
Precisa que «el texto de la reforma al Artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo establece la prohibición de los patrones de exigir o solicitar a las mujeres la presentación de certificado médico de no embarazo, como condición indispensable para la contratación».
La presidenta de la citada comisión subrayó que debido a mecanismos discriminatorios propios del mercado, de su nivel de educación y experiencia laboral, una alta proporción de mujeres se desempeñan en categorías ocupacionales bajas.
Contreras Julián aclaró que ante la necesidad de que el Poder Legislativo tome medidas para evitar la discriminación laboral por motivos de género; el dictamen aprobado establece mecanismos para garantizar el derecho de las mujeres a contar y acceder a un empleo en condiciones de igualdad y con las mismas oportunidades con los hombres.
Asimismo, la diputada perredista reconoció que en los últimos 15 años, el porcentaje de la participación femenina en los cargos más altos de los sectores público, privado y social, ha registrado un incremento de más del doble. Sin embargo, externó, hoy apenas alcanza un 16 por ciento.
Maricela Contreras explicó que el dictamen aprobado por unanimidad se sustenta en los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución, aseguró que tal como está el ordenamiento laboral, cae en supuestos de discriminación por cuestiones de género.
Para concluir, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género informó que el proyecto de dictamen fue enviado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que, de ser aprobado, se discuta en el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, y se envíe al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados (CEAMEG), en el marco jurídico nacional, la igualdad laboral puede explicarse en tres modalidades: igualdad de oportunidades; igualdad de trato e igualdad de pago o remuneraciones.
El CEAMEG precisa que más de las tres cuartas partes (76.9 por ciento) de las mujeres que trabajan lo hacen en quehaceres domésticos; y sólo una cuarta parte (23.1 por ciento) lo hace para el mercado. Agrega que en México las mujeres aportan el 84.8 por ciento del tiempo dedicado a trabajar.
Asimismo, señala que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) realizó las siguientes recomendaciones: adecuar plenamente la legislación laboral a la CEDAW y acelerar la aprobación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, a fin de eliminar la prueba de embarazo (36 periodo de sesiones, 2006).
También, sugirió potenciar la labor de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para dar seguimiento eficaz de las condiciones de trabajo de las mujeres. Insta al Estado Mexicano a hacer efectivos los derechos laborales de las mujeres en todos los sectores, por citar algunas recomendaciones.
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