La caseta de cobro de la cual fueron despojados habitantes originarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, en Chiapas, ya no está en posesión de quienes de manera violenta el pasado 2 de febrero desalojaron a los pobladores.
En el lugar, resguardado por un nutrido número de policías estatales, el gobierno del estado construye a toda prisa un edificio para «cobrar» la entrada a las hermosas Cascadas de Agua Azul.
El paisaje camino a Agua Azul está destruido, árboles talados, baños improvisados y una construcción ajena a la naturaleza de la región.
Los militantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM), quienes despojaron de la caseta de cobro a los ejidatarios adherentes a La Otra Campaña (simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional), hoy se consuelan con el trabajo temporal de albañiles en la obra del gobernador Juan Sabines, a cambio de ver destruido el paisaje que disfrutaron sus abuelos y abuelas.
Una caravana que partió el sábado de San Cristóbal de las Casas – por convocatoria del Movimiento Independiente de Mujeres, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y la Brigada Feminista por la autonomía- se introdujo en la zona luego de visitar y recopilar testimonios de las mujeres y hombres que fueron agredidos el 2 de febrero en Agua Azul.
En el camino, las y los caravaneros pudieron constatar la estrategia de Sabines para alentar a priistas y verde ecologistas al desalojo de los ejidatarios y hacer ver al intento de «privatización» de la tierra como un enfrentamiento local.
De acuerdo con los habitantes de la zona, ahora el gobierno de Chiapas tiene el control de la caseta y su objetivo es construir un centro ecoturístico con inversión de capital transnacional.
El desalojo del 2 de febrero dejó un muerto, 117 detenidos, de los cuales diez continúan presos en la cárcel de Playas de Catazajá. A pesar de la adversidad, las y los pobladores se animaron con el apoyo de la caravana, en la cual participan habitantes de los municipios de Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, Amatenango del Valle y Tila, entre otros.
Observadores internacionales y adherentes de La Otra Campaña leyeron cartas de solidaridad y apoyo a la lucha de los ejidatarios, quienes aclararon que el dinero que juntaban de la caseta de cobro lo invertían para apoyar a los ancianos y enfermos, y para hacer mejorías a la comunidad.
En lengua materna, las mujeres de distintos ejidos dieron su palabra en el encuentro con los caravaneros y las caravaneras y sostuvieron de manera enérgica ante sus compañeros que tienen derecho a la tierra, de ella comen y alimentan a sus hijos e hijas.
«La cultivamos, la cuidamos y ella nos cuida a nosotros, por eso la defenderemos hasta las últimas consecuencias», señaló Magdalena García Estrada, una indígena adherente.
Las mujeres del ejido acompañaron a la misión a un recorrido donde estaba ubicada la caseta de cobro. Al llegar al lugar vieron la infinidad de árboles talados y sintieron la hostilidad de policías estatales y de los peones que ahí laboran.
Las y los caravaneros tenían contemplado realizar un acto simbólico frente a la construcción, en pleno corazón de la Selva Lacandona. Sin embargo, ante las agresiones verbales de los trabajadores, las y los activistas desistieron de la protesta. Optaron por reunirse con ejidatarios de La Otra Campaña y regresaron a San Cristóbal de las Casas.
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