Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP) «intimidan y someten con altos niveles de violencia verbal y física a migrantes», durante las redadas nocturnas que llevan a cabo desde el 19 de enero en la frontera sur, como parte del operativo «México Seguro», promovido por Felipe Calderón, denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
«Según sus propios testimonios, en algunas ocasiones los encargados de la seguridad publica del país desnudan a las mujeres, empujan, amenazan y sobre todo les dan trato de criminales en fuga, ocasionando una serie de accidentes que ponen en riesgo la integridad física de estos seres humanos», incluidos niños que los acompañan.
Ante esta situación, en un documento dirigido a Felipe Calderón; a Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación; José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Cecilia Romero, comisionada del INM y a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, el Centro Fray Matías de Córdova exige al gobierno federal «elimine las prácticas de violencia verbal, física, hostigamiento y amenazas a los migrantes por parte de los agentes policíacos, que se realizan en los operativos».
Y que éstas «se realicen con estricto apego a derecho y a los derechos humanos, como se mencionan en su discurso».
Exhorta a Felipe Calderón Hinojosa que «solicite de inmediato una investigación profesional, seria y eficaz sobre los lineamientos de la operatividad y funcionabilidad de estos operativos que violan sistemáticamente los derechos humanos de las migrantes».
Pide también que el gobierno federal investigue y sancione a quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos en los operativos realizados en la frontera sur de Chiapas.
Demanda «a los titulares que tienen la responsabilidad de la seguridad pública del país que garanticen el derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal y la seguridad de los extranjeros irregulares que cruzan el territorio mexicano».
Asimismo pide a las Organizaciones Internacionales, Nacionales y Estatales de Derechos Humanos exijan al Gobierno Federal que garantice la seguridad, la integridad física y psicológica de las y los migrantes en la frontera sur de Chiapas.
Es necesario dice el Centro, buscar alternativas entre los diversos países inmersos en esta problemática para poder frenar la migración y evitar la violación de los Derechos Universales de migrantes en territorio mexicano.
EL PARAÍSO DE LA IMPUNIDAD
Desde que iniciaron las acciones de los cuerpos policíacos en diversos puntos del municipio de Arriaga, se han registrado varios incidentes que ponen en riesgo la seguridad, integridad física y psicológica y la vida de mujeres, niños y hombres Centroamericanos que únicamente buscan llegar a la unión americana, dice el boletín.
El día viernes 9 de febrero de este año, aproximadamente entre las 21:00 y las 21:30 horas, en el municipio de Arriaga, Chiapas, como resultado de un operativo de aseguramiento de migrantes, llevado a cabo por elementos de la AFI, PFP e INM, fueron detenidos 115 indocumentados (43 guatemaltecos y el resto provenientes de El Salvador y Honduras) en el tramo de «El Paraíso» cuando viajaban en el ferrocarril, a unos 10 kilómetros de la estación de tren de Arriaga.
Este operativo fue realizado con excesivo uso de la fuerza en el que se violentaron de manera grave los derechos humanos de los migrantes irregulares.
Derivado de este operativo, resultó gravemente lesionada o golpeada la joven Teresa García Tiú, de 25 años de edad, de nacionalidad guatemalteca, originaria del puerto de Champerico y quien se encuentra alojada en el Albergue para el Migrante de la ciudad de Arriaga, Chiapas.
Según el testimonio de Teresa, fue aventada por alguien cuando el tren aún estaba en movimiento debido a la desesperación y el miedo de no ser detenidos por las autoridades migratorias.
Asimismo, la señora Yolanda Anita de León Méndez, quien se encuentra en el Hospital Regional de Arriaga, cayó a las vías del tren durante el operativo, sufriendo la mutilación de un pie.
Junto con su esposo pasó toda la noche en el lugar de los hechos, hasta la mañana siguiente, cuando solicitaron ayuda a un vecino del lugar y fue trasladada al hospital de Arriaga, en donde permanece convaleciente.
Este atentado, como define el Centro Fray Matías al operativo, se da en el contexto de la grave situación social que viven los países centroamericanos y que obliga a sus ciudadanas y ciudadanos a emigrar para buscar mejores oportunidades de vida, vencer el hambre y la marginación en la que sus propios gobiernos los han puesto.
«Criminalizar estas acciones de sobrevivencia, en un mundo marcado por la desigualdad, no debiera ser motivo para tratar como criminales a las personas que lo único que buscan es un desarrollo humano para ellos y sus familias», concluye el boletín.
07/GG
