En Chiapas, en tan solo una semana, se han denunciado públicamente cuatro casos de tortura, uno de ellos en contra de un menor de edad. Esta violación se ha dado en la misma semana en que la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) recorrió diferentes comunidades de influencia zapatista.
El pasado 5 de febrero, Felipe Hernández Yuena y su hijo Pavel Santiago Hernández Hernández de seis años fueron detenidos por elementos de la Agencia estatal de Investigación y funcionarios del Ministerio de Justicia del estado en el municipio de Venustiano Carranza.
Según el testimonio de Felipe Hernández, fue arrestado al mediodía del 5 de febrero sin que le mostraran una orden de aprehensión, ni le permitieran dejar a resguardo a su hijo con su esposa o conocidos.
Felipe Hernández y su hijo fueron llevados a dos lugares distintos que refieren como instalaciones policíacas. El menor de edad estuvo en un separo policial, mientras su padre era interrogado sobre su actuar político y con la intención de vincularlo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
«A cada pregunta un golpe en la nuca con la palma de la mano cachetas y en el estómago. Y como yo les contestaba que no sabia nada de lo que me estaban preguntado, los golpes eran más duros y más seguidos, esto duró cerca de una hora y media», cuenta el agraviado.
Después de los golpes siguieron otros actos de tortura: le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, lo golpearon en el abdomen y tórax, y lo asfixiaban tapándole nariz y boca, mientras lo amenazaban constantemente con traer a su esposa e hijo.
Al detenido, las autoridades judiciales lo involucran con el EPR y con la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en el municipio de Venustiano Carranza.
Con muestras de tortura, por la tarde el detenido fue llevado ante la Fiscalía del Ministerio Público, que le informó sobre una acusación en su contra promovida por un señor de nombre Manuel Martínez Borraz, quien no exhibió credencial de elector y ninguna referencia hacia su persona.
Y acusa a Felipe Hernández de incitar a la violencia, desestabilizar al gobierno del estado, de ser el líder de la manifestación que se realizó el 31 de enero de 2008 contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y «por pedir precio justo a la tonelada de maíz, lo cual a consideración del FMP configuraba el delito penal de sedición y motín.»
En este sentido cabe destacar que la misma Fiscal insistió en interrogarlo vinculándolo con el EPR, a lo que Felipe se negó a declarar en tanto no estuviera presente un abogado de su confianza ya que deseaba denunciar los hechos de tortura, solicitando garantías a su integridad física. Pero este derecho le fue ignorado y nuevamente fue llevado a los separos del Ministerio en donde continuó la tortura.
Por otra parte y sin certeza de lo que haya ocurrido al niño Pavel, éste refiere que en todo el tiempo de su detención no le fueron proporcionados alimentos. Además de haber sido aislado de su padre, presenció la detención y sometimiento.
Después de una amplia participación social de organizaciones civiles y campesinas que se solidarizaron con el caso de Felipe y Pavel, el 6 de febrero por la tarde salió en libertad bajo la figura jurídica de «reservas de ley» que aún no lo exime de la supuesta
acusación.
Estos casos de tortura, así como la detención y tortura de dos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fueron denunciados por la CCIODH, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y las Juntas de Buen Gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Detallan que Eliseo Jiménez y Eliseo Espinosa, padre e hijo, fueron detenidos y llevados al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Playas de Catazaja. Ambos al momento de su liberación el pasado viernes 8 de febrero presentaron huellas de tortura.
Ambos, dice el reporte de los organismos de defensa de los derechos humanos, presentaban golpes en su anatomía, quemaduras en la espalda baja y un disparo con un arma de fuego en el pie que sufrió Eliseo Jiménez. Los centros de derechos humanos y la Junta de Buen Gobierno también denunciaron que durante el proceso de defensa hubo obstrucciones.
Ante estos hechos, los organismos de defensa de las garantías individuales exigieron el cese de tortura en los centros penitenciarios y castigo a los responsables de estos hechos.
También pidieron investigar la asociación de la policía estatal con
miembros de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) para amenazar, hostigar y agredir impunemente a pobladores de la región e informar las causas de la reciente liberación de Pedro Chulin Jiménez, fundador y líder de la OPDDIC, quien permanecía recluido en el penal del Amate y cuya actuación puede repercutir en un incremento de las hostilidades en las comunidades de influencia zapatista.
RECORRIDO DE CCIODH
En comunicado de prensa, la CCIODH informó que durante su visita en Chiapas se recorrieron los cinco Caracoles (La Realidad, Oventik, La Garrucha, Morelia y Roberto Barrios) y se realizaron entrevistas con las Juntas de Buen Gobierno respectivas.
Enfatizó que durante esta vista a Chiapas «fueron muchas las irregularidades que pudimos observar, mismas que desarrollaremos detalladamente en nuestro informe».
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
En este contexto y en rechazo contra los intentos de criminalizar los actos de protesta en el estado, los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López acusaron al Gobierno mexicano de responder con represión las manifestaciones de inconformidad social.
La semana pasada los obispos de San Cristóbal y de Saltillo, respectivamente, dieron lectura a un documento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (ROCDH), en los que se informa sobre actos de represión en el estado de Chiapas.
A decir de ellos, en menos de un mes se han registrado en varios municipios del estado una serie de situaciones que dan cuenta de «la tendencia que existe para criminalizar los actos de protesta»
En este contexto los obispos se refirieron a la detención de Felipe Hernández, quien había sido uno de los principales exponentes en una manifestación en Tuxtla bajo el delito de «motín y rebelión».
Esta detención se dio poco después en el municipio de Venustiano Carranza, pero con la intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se logró su liberación un día después, aseveraron.
Y agregaron que hechos como los desalojos de manifestantes, intimidaciones y acciones para reprimir a la sociedad en sus actos de protesta contra los malos actos del Gobierno se han dado a lo largo y ancho del estado.
El Gobierno ha cerrado espacios importantes de crítica, ahora ha optado por la represión social, la descalificación de los que manifiestan su desacuerdo y sigue militarizando la vida civil.
La criminalización de la protesta, desde su punto de vista, consiste en llevar los conflictos sociales a la arena, a la encarcelación de sus integrantes para obligarlos a enfrentar de este modo largos procesos jurídicos, que en la mayoría de los casos resultan adversos.
Señalaron que «esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad».
En Chiapas, como sucede en México, este fenómeno se manifiesta en detenciones arbitrarias, acoso y persecución de defensores de los derechos humanos o de organizaciones sociales para equipararlos como delincuentes para castigarlos por su audacia.
«Se les acusa de delitos que atentan contra la seguridad del estado o del país para silenciarlos», exponen
En este sentido recordaron que el Congreso chiapaneco aprobó el 17 de enero una iniciativa del Gobierno del estado para crear el delito de «incitación a la violencia» en el Código Penal, con lo que se crea un mecanismo más de inhibición social pata la denuncia.
«La intención es impedir la movilización ciudadana con el argumento de que se incita a la violencia», aseguran.
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