Chiapas continúa siendo de los últimos estados en garantizar los derechos de la infancia, pues se encuentra entre el lugar 31 y 32, aseguró, Gerardo Sauri Suárez, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Entrevistado en el programa radiofónico Ni más ni menos Mujeres, horas antes de presentar el libro «La Infancia cuenta en México, 2007», como parte de las actividades del departamento de género de la Universidad de Chiapas (UNACH), sostuvo que México pese a sus importantes esfuerzos, estos han sido insuficientes para garantizar los derechos de la infancia.
En los resultados plasmados en un libro de 218 páginas, el investigador –quien hace un cruce de informaciones oficiales– pone al descubierto a través de un diagnóstico y de diversos indicadores como el derecho a la infancia no es garantizado por México y se vulnera en muchas entidades federativas de la República.
Respecto a Chiapas dijo que de la Ley para la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes «hay un abismo», y eso demuestra que a la infancia se le recuerda sólo en fechas como abril para expiar culpas, y después de eso, no se traduce en políticas públicas sostenidas.
«No hay planes y programas anuales ni en el ámbito federal ni en el ámbito de los estados de la Republica, lo que obligaría a cumplir las leyes y, por su puesto, esto se traduce en indicadores terribles», aseguró.
Y justo hoy, agregó, cuando en todo México se toma el mes de abril como el mes del niño y la niña, los resultados de la investigación de la infancia en México, ponen al descubierto la realidad de sus derechos.
La información sobre la infancia en México pretende mostrar a las entidades que no se toman en cuenta los indicadores para diseñar políticas públicas, incluso se desconocen los indicadores positivos, pero más grave es, que se hace caso omiso de los indicadores negativos, informó Sauri.
«Se trata que año con año los estados de la República conozcan en qué avanzan y dónde se estancan o en dónde retroceden en los derechos de la infancia», dijo.
INDICADORES
El investigador sostuvo que para conocer el diagnóstico de México y de cada entidad se manejan 60 indicadores, organizados en 8 dominios.
Por ejemplo en el dominio demográfico, en Chiapas 42.2 por ciento de la población son personas menores de 18 años; un millón 633 mil niños y niñas; de acuerdo a los últimos datos del 2005 el 21.4 por ciento son niños y un número menor de niñas, fenómeno que ocurre en todo el país.
En la población indígena, hay 506 mil niños que viven en hogares indígenas, aunque otros datos sostienen que son 656 mil los que viven en hogares que hablan alguna lengua indígena. La diferencia es de 100 mil personas.
Esos indicadores, dijo Sauri, tienen gran controversia en el caso de Chiapas, pero lo que es cierto es que la población indígena es muy alta.
La tasa de crecimiento en Chiapas es de menos 0.72, lo que indica que está decreciendo la población, mientras que en el DF la población menor de 18 años es aproximadamente del 38 por ciento.
ACUERDOS INTERNACIONALES
— ¿México cumple con los acuerdos internacionales?, le preguntamos.
— México sigue en la misma dinámica que durante 70 años. Se ha mantenido en simular y mantener como una actividad muy intensa participando en los escenarios internacionales.
«Ahora se busca que México ocupe un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esa pretensión de manejar que somos un país con equidad, con desarrollo, democrático, con justicia, da a entender que estamos facultados para tomar esos puestos, pero en la práctica eso no se traduce en políticas públicas, ni en el ámbito nacional ni en el ámbito estatal y municipal».
Y refrescando la memoria sostuvo.
«Hay una Ley federal del derecho a la infancia aprobada en el 2000 y que tiene en su Artículo séptimo que el Estado Mexicano debe crear un programa federal para garantizar el derecho de la infancia. Desde luego, nunca se ha cumplido con esa obligación jurídica y ese mismo artículo obliga a que esos programas sean estimulados para crear los programas en los estados, muchas de las leyes como ocurre con la de Chiapas no se incluye».
En conclusión, agregó, México cumple de manera marginal, «no puede decirse que no hace nada, el asunto es que en México quedó instalado un aparato dirigido a las políticas publicas que tienen que ver con la infancia sin ninguna articulación en los tres niveles de gobierno no hay coordinación y pues no hay evaluación de esos esfuerzos a favor de la infancia».
Sauri Suárez dijo que la investigación del 2007 fue dirigida a la infancia y se ha descubierto que no hay por donde agarrar el asunto, ni los propios gobiernos saben cuanto se invierte para cumplir con los derechos de la infancia.
«México ha estado firmando tratados internacionales sin generar una nueva institucionalidad con instancias que fueron creadas desde los años 40, con la idea de que las esposas de los presidentes de la República, del gobernador, del presidente municipal atendieran los temas de un sector marginal, incluso peyorativamente ‘menores’ los que no son adultos. Y para nosotros, es una doble discriminación, esa visión de las políticas publicas», apuntó.
¿Y EL GÉNERO?
Hay además discriminación de género, señaló Sauri.
«Se piensa que quienes deben atender los grandes eventos que hacen la economía son los hombres y quienes tienen que atender la miseria o la pobreza son seres un tanto secundarios, los que si tienen una sensibilidad, como las esposas de los funcionarios, las mujeres, que pareciera son seres secundarios que deben atender a seres del tercer nivel, entonces no hay presupuestos serios para esas cosas».
Y más grave aún para México, subrayó, de acuerdo al reporte que México hace a la ONU, en materia de aplicación de la convención de los derechos del niño y la niña, hace dos años, muestra que el presupuesto asignado para el Programa «De la calle a la vida», para niños de la calle, víctimas de explotación sexual fue del 2004 a 2005 la mitad, es decir, 2005 fue la mitad del presupuesto del año anterior.
Lo anterior, «porque el DIF Nacional no tiene presupuesto etiquetado para combatir la explotación sexual».
Al respecto contundente afirmó, «lo que se asigna de recursos es lo que les sobra cada año y es presupuesto para proyectos asistenciales, cuando se sabe de los explotadores sexuales, que los niños y niñas están prostituyéndose en la frontera sur de México. Gastan en páginas de internet, anuncios, ellos están invirtiendo mucho para la explotación de la infancia y en México no hay un gasto asignado para contrarrestar esto».
50 RECOMENDACIONES POR INCUMPLIMIENTO
Para Sauri actualmente la discusión en el ámbito internacional es que los principales mecanismo de los derechos de la infancia tienen que estar en los programas que se generan desde el gobierno federal y estatal, los cuales no generan una institucionalidad para que sean defendidos los derechos de las niñas y los niños.
Dado que los derechos de menores de edad no están protegidos México ha recibido en tres ocasiones, por parte de la ONU, la creación de órganos independientes para proteger los derechos de la infancia que podrían ser instancias dentro de las comisiones de derechos humanos, apuntó.
Esto sería posible, dijo, si esas instituciones de derechos humanos no fueran en ese caso agencias de publicidad del gobernador en turno, «no son organismos independientes, y entonces esos organismos nunca emitirían una observación contra gobiernos estatales».
Otros datos del diagnóstico señalan que en Chiapas hay más 10 mil niñas y niños con discapacidad.
08/CR/CV
