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Chile: cojea ley contra trata de personas

Por la Redacción

Para sensibilizar a la ciudadanía sobre el delito de trata de personas en Chile y evidenciar la falta de recursos para proteger a las víctimas, el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del cual forma parte Corporación Humanas –formada por organizaciones civiles, grupos internacionales y embajadas– realizará el próximo lunes el “Día de Acción contra la Trata de Personas” en la Cámara de Diputados de esta capital.
 
La socióloga de Corporación Humanas, Mariela Infante, sostuvo que “la trata de personas constituye una de las más graves violaciones a los Derechos Humanos, afectando desproporcionadamente a mujeres, niñas y personas migrantes.
 
“Dado su impacto en la vida de las mujeres, la trata de personas ha sido conceptualizada como una manifestación de violencia de género, basada en la discriminación y los estereotipos que mantienen el estatus subordinado de las mujeres en la sociedad”.
 
Infante explicó que Chile ratificó en 2004 el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, lo que significa que el Estado debe actuar con la diligencia debida para prevenir la trata de personas, investigar y procesar a quienes cometen el delito, así como proteger, asistir y entregar apoyo a las víctimas.
 
Agregó que en octubre pasado el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) instó al Estado chileno a aumentar sus esfuerzos para aplicar la nueva legislación sobre la trata de personas; incrementar el número de albergues temporales del Estado para mujeres y niñas víctimas de la trata, brindarles protección y asistencia adecuadas, y adoptar mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de trata, entre otras medidas.
 
En Chile, la aprobación en 2011 de la Ley 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, constituye un avance en la obligación que le concierne al Estado para sancionar este tipo de delitos.
 
Sin embargo –explicó la socióloga de Corporación Humanas– a más de un año de aprobación de la normativa, se observan insuficiencias en su diseño e implementación: la ley carece de un enfoque integral que incorpore, además de la sanción, medidas eficaces de prevención de la trata y protección y asistencia a las víctimas; y no contempla la trata interna de personas, sobre todo ante indicios de su existencia en el país.
 
“Se desconoce el presupuesto que el Estado destinará a la prevención de este delito; el número, rango jerárquico y procedencia institucional de las y los funcionarios públicas que capacitará; así como la forma y el momento en que se dará cumplimiento a la elaboración de estadísticas desglosadas por sexo, en un sistema único de registro que distinga la trata con fines de explotación sexual con aquella que tiene como fines la explotación laboral, dando cuenta efectivamente de la magnitud del fenómeno en el país”, sostuvo Infante.
 
*Texto retomado del portal Corporación Humanas-Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género.
 
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