Desde la década de los 60, las mujeres chilenas tienen acceso a los dispositivos intrauterinos (DIU) en el sistema público de salud, pero hoy esta política pública es cuestionada, porque 36 parlamentarios estiman que este método es abortivo.
En marzo, legisladores de derecha presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que éste declare ilegales las Normas de Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud, que rigen desde octubre de 2006.
Estas normas actualizaron los protocolos para la utilización de los dispositivos intrauterinos (DIU) y establecieron la entrega de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) a mujeres mayores de 14 años, sin la autorización de sus padres, con el objetivo de disminuir los embarazos entre adolescentes.
A juicio de los demandantes, tanto la PAE como la T de cobre, un tipo de DIU, tendrían efectos abortivos, el primero porque contiene levonegestrel y el segundo porque podría atentar contra un óvulo fecundado.
Lidia Casas, abogada e investigadora de la Universidad Diego Portales, explica a SEMlac que, en el caso de que el TC acoja el requerimiento, su fallo sólo afectaría la distribución de estos métodos en la salud pública, pero no su venta y, por ende, su utilización en el sistema privado de salud.
Esta jurista patrocina dos escritos que se han presentado ante la autoridad constitucional. En el primero, 48 diputados de distintas bancadas, incluso del partido derechista Renovación Nacional, defienden la implementación de las normas de regulación de la fertilidad.
En el segundo, 26 parlamentarios piden que dos de los 10 integrantes del Tribunal Constitucional se inhabiliten para este fallo, porque ambos presentaron un informe en contra de la anticoncepción de emergencia en 2003.
Casas espera que «el TC siente un precedente y establezca que los ministros Raúl Bertelsen y Enrique Navarro no pueden ser jueces ante una causa de la que fueron parte».
No sólo los parlamentarios se han pronunciado. El abogado Marcelo Castillo, en representación de 361 mujeres; el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva y la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA) presentaron escritos, por separado, en apoyo a los métodos anticonceptivos cuestionados.
APROFA tiene una larga historia en el trabajo de impulsar el acceso a la anticoncepción en Chile y una acción particular orientada a posibilitar el acceso a la PAE.
Esta institución importó 10 mil dosis de Optimor, una versión de la anticoncepción de emergencia, para enfrentar la ausencia del fármaco en el mercado, luego que Grunenthal y Recalcine, laboratorios que lo distribuían, decidieron retirar el producto de las farmacias.
La directora de APROFA, Zulema Contreras, declara a SEMlac que dichos laboratorios «han debido enfrentar fuertes presiones de parte de grupos conservadores, con mucho poder económico, y también amenazas de acciones judiciales».
La organización Muévete Chile reconoce en su Web que impulsó una campaña para impedir la venta de la PAE y felicita «a los laboratorios que han estado a favor de la vida. Sabemos que algunos de ellos lo han hecho por intereses económicos -temor a un boicot ciudadano-, o por la polémica que genera la imposición por parte del gobierno de esta pastilla», señalan en Internet.
Ese movimiento llamó, además, a firmar un documento que fue presentado el 16 de mayo ante el Tribunal Constitucional, apoyando el requerimiento de los parlamentarios que buscan la ilegalidad de las normas de regulación de la fertilidad.
Esta acción viene a contrarrestar la campaña de cartas en defensa de las normas de regulación de la fertilidad que ha impulsado APROFA y organizaciones de mujeres, preocupadas porque la decisión del TC es inapelable.
En cuanto a qué esperar del Tribunal Constitucional, Zulema Contreras dice «que sería un error enorme retrotraer el avance exitoso de las políticas de salud pública y planificación familiar vigentes en Chile desde los años sesenta, a partir del gobierno de Eduardo Frei Montalva».
Sin embargo, a renglón seguido expresa: «me asusta la composición de los miembros del Tribunal, quienes por su adscripción ideológica representan sólo a un sector de la población, el que cuenta con más poder y tiene menos sintonía, a mi juicio, con temas de equidad social, derechos humanos y salud pública».
Claudia Dides, autora del libro Voces en Emergencia: El discurso conservador y la píldora del día después, comenta a SEMlac que «lo que está en juego son los cambios y transformaciones que se han producido en el campo de la sexualidad y el de la reproducción, que muchas veces cuestionan los órdenes tradicionales».
«Por ello aparecen discursos político-ideológicos que tratan de imponer sus propias verdades sobre la realidad social, buscando uniformar los valores», precisa.
Sobre la determinación del TC, si bien advierte que nunca se puede hablar de un escenario certero, Dides espera que el «Estado garantice el acceso a los avances científicos, porque eso es parte de los derechos humanos y, en ese sentido, Chile ha firmado tratados y convenciones de los cuales tiene que hacerse cargo».
EL INTRINCADO CAMINO DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
Este es un episodio más de una disputa que comenzó en marzo de 2001, cuando la actual presidenta Michelle Bachelet, en ese entonces ministra de Salud, autorizó la comercialización de la píldora de anticoncepción de emergencia.
Esta acción generó la inmediata declaración de la Conferencia Episcopal, en rechazo a la medida, y la rápida acción de los grupos autodenominados Pro-vida, que presentaron un recurso ante los tribunales de justicia para que declararan la ilegalidad del fármaco, argumentando que era abortivo.
La Corte Suprema falló a su favor y prohibió la venta de una marca de PAE, pero ésta siguió en el mercado comercializada con otro nombre, por otro laboratorio. Los Pro-vida iniciaron una nueva demanda y esta vez fue rechazada por la misma Corte Suprema, en diciembre de 2004.
Ese año, el Ministerio de Salud instruyó a sus servicios para que entregaran anticoncepción de emergencia a las mujeres víctimas de violación, lo que otra vez levantó la polémica. Y no terminó allí.
El 8 de marzo de 2005, el entonces subsecretario de esa cartera, Antonio Infante, anunció la distribución de la PAE para todas las mujeres y no sólo para quienes habían sido agredidas sexualmente. Sin embargo, el presidente de turno, Ricardo Lagos, despidió a Infante y negó la medida.
Actualmente, cualquier chilena puede comprar la pastilla de anticoncepción de emergencia, siempre que cuente con una receta médica, la cual quedará retenida por la farmacia que venda el producto.
07/JO/GG
