Aunque no se ha anunciado oficialmente, el recurso de inconstitucionalidad en contra de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, presentado en Chile por parlamentarios autodenominados «por la vida», habría sido acogido en su totalidad por el Tribunal Constitucional de Chile, informó la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
El Tribunal acogió la demanda y aceptó el requerimiento en su totalidad, desoyendo toda la evidencia científica mundial y desconociendo asimismo los derechos humanos universales, lo que afecta la distribución del dispositivo intrauterino T de Cobre, píldoras anticonceptivas combinadas que contengan levonorgestrel y un estrógeno (es decir, todas las que se entregan en los consultorios públicos) y anticoncepción de emergencia.
Asimismo, afecta a los servicios de anticoncepción y consejería a jóvenes mayores de 14 años sin consentimiento de sus madres o padres, es decir, con respeto a la confidencialidad, lo que se consideraba un tremendo avance en términos de acoger a las y los jóvenes en todas sus especificidades, señala la Red en el número 3 de su Boletina Mujer SaludHable del mes de abril.
En un proceso legal que se extiende desde el año 2007, el Tribunal habría tomado la decisión asumiendo que las Normas, supuestamente, atentan contra el derecho a la vida protegido constitucionalmente en el país.
Esta normativa, preparada por profesionales del Ministerio de la Salud y organizaciones de la sociedad civil, es una respuesta de alta calidad técnica, científica y ética que, respetando los estándares internacionales, aborda las urgentes necesidades de las personas en salud sexual y reproductiva, señala la Boletina.
El contenido del fallo (que fue dividido) sólo se conocerá oficialmente el 22 de abril próximo, pero ya ha provocado la indignación ciudadana por cuanto el Tribunal es un organismo superior sobre el cual no es posible apelar, porque es un bastión del conservadurismo que fuera reinstalado durante la dictadura de Pinochet y porque es inadmisible que tenga potestad para inmiscuirse en las decisiones privadas e íntimas de las personas, dice Boletina.
NEFASTAS CONSECUENCIAS
Al respecto, ha circulado en los últimos días un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile donde advierte que los abortos clandestinos anuales superarían a los nacimientos en el país si el Tribunal Constitucional resuelve a favor del requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto.
Y es que en Chile un tercio de las mujeres en edad fértil de entre 15 y 49 años usan métodos de planificación familiar, ya sean hormonales o dispositivo intrauterino, un total de 3 millones 358 mil 196 personas.
La restricción a las normativas actuales prohibiría su entrega o adquisición dado que están compuestos por levonorgestrel o moléculas derivadas de éste, por lo que el primer impacto sería en el alza de natalidad, con un aumento promedio potencial de 150 mil nacidos vivos anuales.
Sin embargo, los abortos clandestinos llegarían a 275 mil, cálculo basado en el estudio «Presentation of pregnancy in high risk women. Community intervention in Chile in abortion in developing countries», de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1999, investigación liderada por el doctor Ramiro Molina».
Y agrega, «se colige que aumentarían las tasas de mortalidad infantil, neonatal, materna y por aborto, echando por tierra los esfuerzos e inversiones sanitarias realizados en materia de salud reproductiva en el país durante los últimos 45 años. Asimismo, se elevarían a 56 mil las hospitalizaciones anuales en maternidades por complicaciones derivadas de abortos, lo que redundaría en un colapso del sistema hospitalario».
«Y, aunque se absorbiera toda esta demanda, el aumento de la mortalidad materna por esta causa crecería entre dos y cinco veces. Por otra parte, el fenómeno tendría un menor impacto en la población femenina de los quintiles superiores de ingreso, puesto que accederían a la adquisición de anticonceptivos modernos por importación, compra en países vecinos o en el mercado negro, por lo que se generaría inequidad», indica el estudio.
ACCIONES
Ante esta dramática realidad, numerosas acciones han realizado las mujeres y hombres articulados en el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción, y se estudia una inmediata presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que se conozca el fallo.
Ante ello, el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción hizo una declaración pública, a la que se sumaron la RSMLAC, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia, (CLAE), y CLADEM, entre otros. También se han enviado cartas de reclamo a los parlamentarios que presentaron el recurso de inconstitucionalidad de la citada normativa.
En dicha declaración, las chilenas y chilenos exigen respeto a su derecho a contar con anticoncepción moderna y eficaz para regular la fecundidad y poder decidir libremente cuándo tener hijas e hijos, o a no tenerlos.
«Este derecho humano básico está hoy amenazado en Chile por la acción de grupos conservadores y fundamentalistas ligados a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, los que se han arrogado el papel de conductores morales de la sociedad chilena. Esto coloca en entredicho la vigencia del Estado Laico, y obstaculiza las decisiones técnicas y programáticas que el Estado implementa a favor de una ciudadanía diversa», advierten.
Las cuestionadas Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud «constituyen un gran avance para responder a las desigualdades e inequidades en el goce del derecho a la salud que por tantos años han afectado a las capas más pobres de la población, en especial a las adolescentes, frecuentemente discriminadas de la atención de salud sexual y reproductiva».
Abordan problemáticas como el embarazo adolescente, las maternidades precoces, los embarazos no planificados, la prevención de abortos inseguro, las infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH/SIDA, entre otras cosas. Y desde una perspectiva técnica, ética y plural, ofrece respuestas coherentes que permitirán avanzar en su solución, señalan las organizaciones.
En consecuencia, consideran inadmisible que los sectores conservadores pretendan erigirse en dueños de la verdad y de una moral única para todas las chilenas y chilenos, y decidir cuándo una persona puede usar un anticonceptivo, cuál de ellos, o cuándo tener descendencia. Nadie, dicen, les ha otorgado esa autoridad, que solo corresponde a cada persona en su calidad de sujeta de derechos.
Por lo tanto, el acceso universal a la anticoncepción en Chile, incluyendo las píldoras hormonales, la anticoncepción de emergencia, los dispositivos intrauterinos, los condones, entre otros, debe ser defendido activamente como un derecho humano expresado en libertad, autonomía y dignidad.
De igual forma, la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) repudió la decisión del Tribunal Constitucional porque «esta medida atenta contra los derechos humanos básicos de las mujeres al querer eliminar medidas anticonceptivas que por más de cuarenta años han regido en el país».
No es posible, argumenta la MMM, que las políticas sanitarias y reproductivas de más del 50 por ciento de la población chilena estén en manos de nueve personas, quienes argumentando motivos éticos decidan establecer disposiciones con una fuerte carga religiosa en una república laica.
La resolución del Tribunal Constitucional perjudica a más de un millón y medio de mujeres que toman píldoras con levonorgestrel entregada gratuitamente por los Servicios de Salud Pública, la que a criterio de opiniones científicas no es abortiva, y deja a miles de mujeres sin acceso a anticoncepción de emergencia, a uso de la T de cobre y consejería a jóvenes mayores de 14 años sin consentimiento de sus padres y madres.
Los derechos sexuales y reproductivos fueron legítimamente ganados por las luchas del movimiento de mujeres y feministas desde hace más de cinco décadas en nuestro país, recuerda la MMM, y en un Estado laico y democrático la sociedad civil no puede permitir que los poderes fácticos dentro de la institución de la Iglesia Católica, grupos fundamentalistas y conservadores, pretendan imponer su ideología clasista sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
El Estado, señala la organización, debe mantener una postura firme y decidida sobre las políticas sociales en materia de salud integral, pues su rol es cautelar el derecho de las familias y las nuevas generaciones al acceso a los servicios públicos, permitiendo la concreción de una vida digna en donde esté asegurada la integridad física y psicológica, amparada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se declara la MMM en movilización permanente, apoyando a la Ministra Soledad Barría quien ha señalado que esta medida «provoca una desigualdad profunda, pues las mujeres de mayores recursos podrán adquirir los fármacos anticonceptivos en farmacias pagando por ellas, mientras que quienes tengan menor poder adquisitivo no podrán acceder a éstos».
08/GG/CV
