La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó el día de hoy al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que admitió la denuncia presentada contra el Uruguay por los hechos relacionados con el secuestro y desaparición forzada de Maria Claudia García Iruretagoyena de Gelman y su hija Maria Macarena.
Maria Claudia fue secuestrada de su domicilio en Buenos Aires, Argentina, junto con su marido Marcelo Gelman el 24 agosto de 1976. Ambos permanecieron detenidos en el centro clandestino de detención «Automotores Orletti».
Marcelo Gelman fue asesinado tiempo después. Por su parte María Claudia -quien se encontraba embarazada de 7 meses al momento del secuestro? fue trasladada a Uruguay en el marco de las acciones amparadas bajo la Operación Plan Cóndor, en la cual se coordinaron las políticas represivas de los países del cono sur.
Durante su cautiverio en Uruguay, María Claudia dio a luz a su bebé en el hospital militar y ésta fue dejada en la puerta del domicilio de otra familia que la crió como propia. Pese a las gestiones realizadas por las familias Gelman y García Iruretagoyena, el paradero de María Claudia nunca pudo ser esclarecido, ni encontrados eventualmente sus restos.
En su informe de admisibilidad, la CIDH considera que «aunque merecen reconocimiento las buenas intenciones del Gobierno uruguayo, y actualmente los tribunales de Argentina y Uruguay que están investigando las operaciones del «Plan Cóndor», no puede ignorarse que la judicatura uruguaya archivó el caso específico de la desaparición de María Claudia Gelman el 19 de octubre de 2005″, entendiendo en estos términos que las víctimas han agotado los recursos a nivel local, y habilitando la discusión en la instancia internacional.
A juicio de los denunciantes, el principal obstáculo que ha impedido que se haga justicia -tanto en este como en otros casos- es la existencia de la denominada Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide la apertura de causas que tengan como objetivo investigar hechos y sancionar a los responsables de haber participado en operaciones represivas e ilegales que se dieron en el marco del gobierno cívico?militar que gobernó a Uruguay entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985.
Los denunciantes esperan que estos obstáculos jurídicos sean removidos y que la sociedad pueda acceder a la verdad de lo ocurrido y obtener justicia.
07/GG/CV
