El Foro Laboral del Obrero Campesino, AC (FLOC, AFL-CIO) dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó la petición de medidas cautelares, luego del brutal asesinato del sindicalista agrario Santiago Rafael Cruz en Monterrey, el 9 de abril del presente año.
La CIDH solicitó al gobierno mexicano que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física» del personal del FLOC en México y que mantenga informada a la CIDH acerca del proceso judicial para investigar y castigar a los culpables del asesinato de Santiago, informa FLOC en un comunicado.
La carta de aprobación firmada por la oficina del Secretario Ejecutivo de la CIDH, dirigida a FLOC, estipula que el gobierno mexicano tiene siete días para implementar las medidas a partir del 23 de abril.
El FLOC espera contacto del gobierno para negociar las medidas cautelares necesarias y para que sean implementadas lo antes posible.
Es urgente que al personal del FLOC en Monterrey le sean otorgadas todas las medidas de seguridad necesarias y que su oficina sea fortalecida contra cualquier ataque al futuro.
SANTIAGO RAFAEL
El asesinato de Santiago Rafael Cruz sucedió después de más de dos años de ataques en los medios, amenazas de deportación, robos e intimidación violenta hacia los miembros del FLOC en Monterrey.
El FLOC cree que el asesinato fue un ataque político contra el sindicato, ya que en 2004 el FLOC ganó un histórico convenio con la Asociación de Agricultores de Carolina del Norte para representar cerca de 10 MIL trabajadores agrícolas que viajan cada año desde México a Carolina del Norte con visas H2-A de trabajador huésped para cosechar tabaco, pepinos, papas dulces y árboles de Navidad.
El convenio eliminó la corrupción del sistema de reclutamiento de estos trabajadores en México, poniendo en riesgo los intereses económicos de los contratistas corruptos en áreas rurales, quienes abusaban de los trabajadores cobrándoles cientos de dólares para encontrarles trabajos en Estados Unidos.
Dice el comunicado que Baldemar Velásquez, secretario general del FLOC, insiste en que este nuevo acontecimiento debe ser tomado con precaución. «Aunque aplaudo a la CIDH por obligar al gobierno federal mexicano que proteja nuestro personal y tome en serio el caso de Santiago, estoy preocupado por los pasos lentos e incompletos por parte de las autoridades de Nuevo León en cuanto a la averiguación previa».
La semana pasada nuestros abogados se reunieron nuevamente con la oficina del Secretario de Gobierno de Nuevo León,» continuó Velásquez, «y es evidente que las autoridades aún no consideran el móvil económico-político detrás del asesinato de Santiago».
Es importante recalcar, finaliza el comunicado, que las organizaciones firmantes de la petición de medidas cautelares seguirán velando para que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones de investigar el asesinato de Santiago, identifique y sancione a los responsables, y tome las medidas necesarias de no repetición de este tipo de atentados en contra de los defensores de derechos humanos laborales en México.
07/GG
