La relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron el asesinato de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, periodistas comunitarias de la emisora «La Voz que Rompe el Silencio», ocurrido en San Juan Copala, estado de Oaxaca, el pasado 7 de abril.
A través de comunicados, las dos instancias solicitan a las autoridades la investigación del caso de manera rápida y eficaz para que los responsables sean debidamente sancionados.
Según la información recibida por la Relatoría, el 7 de abril de 2008 Bautista Merino y Martínez Sánchez fueron asesinadas en una emboscada por individuos no identificados que dispararon con armas automáticas al vehículo que las transportaba, en el estado de Oaxaca, México, cuando regresaban a su comunidad.
Como resultado del atentado en que perdieron la vida las dos comunicadoras, fueron heridos dos niños de 2 y 3 años, Jaciel y Gustavo Vázquez Flores, y sus padres, Faustino Vázquez Martínez y Cristina Martínez Flores.
De acuerdo a los datos manejados en la prensa y por organizaciones no gubernamentales, señala la CIDH, las reporteras fueron asesinadas cuando venían de hacer reportajes en pueblos vecinos y de hablar sobre su radio comunitaria. Las dos mujeres trabajaban como conductoras y reporteras en la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio que funciona en el pueblo de la comunidad indígena triqui, San Juan Copala.
Solían informar sobre temas referidos al gobierno autónomo indígena, salud, educación y a la cultura de su comunidad. La estación de radio había empezado sus trasmisiones en español y en la lengua triqui el 19 de enero de este año.
Conforme con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos allí reconocidos, recuerda la CIDH.
El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que «el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión».
ALTO COMISIONADO
En el mismo comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que continúa recibiendo información de ataques que atentan contra el libre ejercicio de la profesión periodística, como lo es la reciente amenaza en contra de la reportera Silvia Otero, del periódico El Universal, el pasado 13 de abril con motivo de la nota publicada ese mismo día sobre la detención en Guatemala de Daniel Pérez Rojas, presuntamente vinculado al Cartel del Golfo y al grupo de los Zetas.
La Oficina confía en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos de manera rápida y eficaz con el propósito de que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados.
«Sólo a través del efectivo esclarecimiento de estos hechos se evitará la impunidad y la repetición de ataques contra periodistas y comunicadores/as sociales», señala.
Asimismo advierte la necesidad de modificar el marco jurídico para que garantice adecuadamente la operación de las radios comunitarias.
08/GG
