Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Chihuahua en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres denuncian los actos represivos injustificables e inaceptables que cometen los integrantes del Ejército Mexicano contra la población civil y contra activistas a raíz de la militarización de la entidad, ordenada por autoridades federales.
Sin embargo, advierten que las detenciones, amenazas, golpes y las más de 40 órdenes de aprehensión que existen contra integrantes de los movimientos sociales, así como la estrategia de vincular a las organizaciones civiles con el narcotráfico, no impedirán que continúen sus denuncias por estas acciones arbitrarias «de los tres niveles de gobierno», tampoco lograrán que dejen de manifestar sus ideas y propuestas «porque nuestra misión y las leyes nos otorgan el derecho a defender los derechos humanos».
Entre las organizaciones denunciantes se encuentran Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Mujer, Centro de Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez y Cáritas Diocesana de Ciudad Juárez.
Nuestro estado, dice Luz Esthela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (CDHM), se ha militarizado ante la incapacidad de las autoridades de detener la violencia y no poder contar con sus propias fuerzas porque se ha comprobado (informado por los medios de comunicación y las mismas autoridades) que las policías están involucradas con las mafias.
Y las mujeres, como siempre, son las que más sufren los atropellos de la milicia y los actos prepotentes, como la represión emprendida actualmente. No podemos permitir que las Garantías Individuales no se respeten en Chihuahua, dice la activista en un comunicado de alerta sobre la situación en la entidad, difundido por el Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres.
Destaca el caso de Cipriana Jurado, activista social, detenida con lujo de fuerza por elementos encapuchados de la Agencia Federal de Inteligencia y llevada a la Procuraduría General de la República (PGR) e inmediatamente turnada al Centro de Readaptación Social, acusada de bloquear los puentes internacionales en el 2005.
No sabemos, dice Castro, si esto se debe a una amenaza en contra de los organismos de la sociedad civil que luchamos contra la injusticia y la inequidad en contra de las mujeres o simplemente quisieron conocer una posible reacción si aplicaban las órdenes de arresto a otras agrupaciones.
«Las y los periodistas nos informan conocer que hay 43 órdenes de aprehensión en contra de activistas», señala.
Cipriana fue puesta en libertad al día siguiente debido a las movilizaciones que llevamos a cabo los grupos de Chihuahua y esta frontera, dice Castro, los obligó a cambiar el delito y permitirle salir bajo fianza, teniendo la obligación de ir a firma cada 15 días. Pero tanto la publicación como la detención son actos represivos injustificables e inaceptables, señala.
Mencionan también las organizaciones que el dirigente social y líder campesino Armando Villareal Marta fue asesinado el 12 de marzo en Casas Grandes y que Carlos Chávez, compañero de Villareal, fue arrestado por participar en una manifestación en el puente internacional de Juárez el 3 de abril, en la cual participó también Cipriana.
Por otra parte, las OSC señalan en otro comunicado que tres mujeres policías acusan a los militares de desnudarlas y cometer vejaciones contra ellas, que agentes ministeriales arrestados bajo sospecha fueron torturados y policías de seguridad pública también acusan a los militares de torturarlos de diversas formas.
«Los soldados han entrado a hogares de ciudadanos de bien sin orden de cateo y sin ninguna explicación, dejando a familias enteras en crisis y a niños, mujeres y ancianos sumidos en el miedo, y si esto fuera poco, también se les acusa de llevarse pertenencias», dicen.
Las y los ciudadanos de Ciudad Juárez, reclaman, «queremos y exigimos seguridad en nuestra cotidianidad, pero estamos ante un escenario de intimidación, arbitrariedad, impunidad, persecución, tortura e ilegalidad que pretende agregar a nuestras vidas el miedo y el temor que paraliza y enmudece porque viene de instancias de gobierno».
Estamos, aseguran, a favor de la vida, del Estado de derecho, de la justicia y la dignidad de toda persona, porque no se abate la delincuencia matando a los delincuentes, ni se les encuentra en hogares comunes, y a los policías no se les endereza con tortura.
«La historia y el pasado reciente de nuestra ciudad nos ha demostrado como la tortura y la violencia gubernamental fabricaron culpables de feminicidios», opinan.
Exigen a las autoridades cumplir con el encargo que les corresponde.
«No es legítimo ni válido decir que se ven rebasados y seguir viviendo de nuestros impuestos montando escenarios de terror. Se requiere trabajo de inteligencia e investigación profesionales que aporten pruebas suficientes para ubicar a los criminales y demostrar su culpabilidad así como la complicidad y participación de agentes policíacos en la delincuencia organizada», afirman.
Afirman las OSC que las y los defensores de los derechos humanos «no defendemos delincuentes», a pesar de que algunas voces quieren perversamente hacerlo parecer así, en cambio, la violación de ellos sí fabrica delincuentes y deja a los verdaderos en las calles y en las corporaciones.
«Preocupantes son también las declaraciones que brindan un contexto de impunidad a esta situación, sostenemos: no es el precio que se tiene que pagar como dicen algunos regidores, tampoco son acciones necesarias aunque sean ilegales como dicen los colegios de abogados, no somos todos responsables de la violencia que se vive en la ciudad como dicen algunos medios de comunicación, ni se trata de matar delincuentes para que sean menos como expresa un comandante del ejercito», señalan.
NARCOS, EL PRETEXTO
Las organizaciones rechazan también la campaña de desprestigio de los militares contra las organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua, a quienes pretende vincular con las organizaciones del narcotráfico, intención evidente a partir de la publicación de un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Diario de Chihuahua.
La Sedena dice que la organización Carrillo Fuentes, empleando uniformes militares y a bordo de vehículosciviles pintados como los del ejército pretende realizar violaciones tumultuarias en cateos a casas habitación, negocios y centros nocturnos. Y que recientemente se han presentado marchas, plantones y pronunciamientos en rechazo a la participación militar, mismos que han sido patrocinados por el Cartel de Juárez.
08/GG/CV
