En México, Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, es el territorio paradigmático donde se aprecia el problema de los asesinatos de mujeres, la impunidad y la falta de interés de las autoridades de los tres niveles de gobierno para resolver los casos y castigar a los culpables, denunció Maricela Contreras Julián, al comentar el exhorto del Parlamento Europeo al Gobierno mexicano para resolver el fenómeno de aquella entidad federativa.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados enfatizó que lo anterior es una demanda que tiene muchos años en México y que no ha tenido eco en las autoridades responsables de las investigaciones sobre estos casos y los que se han registrado en el Estado de México.
«Al interior de la comisión estamos en pláticas con la Comisión de Feminicidio para ver de qué manera podemos incidir para hacer, primero, una revisión, y después un posicionamiento con respecto al exhorto que el Parlamento Europeo está haciendo».
En breve entrevista concedida a los representantes de los medios de comunicación que cubren la Cámara de Diputados, la legisladora de extracción perredista consideró importante contar en breve con el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no se tiene aún.
Contreras Julián abundó que en esa Ley se establece el feminicidio como uno de los delitos de género y se pronunció porque se establezca el Sistema, con recursos asignados para la operatividad.
Lo anterior, dijo, es parte de lo que «estamos discutiendo y yo creo que la asignación de unos 3 mil millones de pesos para la operación del Sistema que marca la Ley de Violencia y el Sistema de Igualdad entre Hombres y Mujeres son elementos que se tienen que estar dando».
Asimismo, se manifestó porque se fortalezca todo lo que tiene que ver con la parte de la investigación científica, además de que se castigar a los responsables y se repare el daño.
Inquirida sobre si el fenómeno de los asesinatos contra mujeres está creciendo en el país, la feminista enfatizó que «más que crecer, lo que estamos viendo es una visibilización y ahí, por ejemplo, hay un trabajo que se tiene qué hacer de manera muy consistente, que tiene qué ver con la clasificación de los delitos, de los homicidios, de tal manera que esto pueda contribuir a que el sistema de datos que mandata la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia pueda empezar a sentar bases».
Maricela Contreras acotó que la Legislatura pasada, a través de sus estudios, «nos presenta en la República un panorama sobre la problemática del asesinato de mujeres y lo que está vinculado, pero lo grave, dijo, es que después de los asesinatos, éstos no se resuelvan, no se aclaren, no hay castigo, ni reparación del daño.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim) «nos informó que han atendido a más de 800 mujeres; y que en el caso de Ciudad Juárez lo que están haciendo es la ubicación de algunas de las personas que se daban por desaparecidas, pero que toda esa información -en tanto que es jurídica- es confidencial», concluyó la entrevista la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Maricela Contreras.
PEDERASTIA EN OAXACA
Por otra parte, el Senado de la República exhortó ayer, en sesión ordinaria, a la Procuraduría General de la República (PGR) para que atraiga los casos de violación sexual contra cuatro menores de edad ocurridos en dos institutos de educación preescolar privados en el estado de Oaxaca y denunciados por madres y padres de familia.
De esta manera, considera el Senado, para garantizar la imparcialidad de la investigación, ésta podría realizarla directamente la PGR o a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), con el fin de que ocurra la pronta y expedita detención y sanción de los responsables de los hechos de pederastia.
Asimismo, exhortó a la PGR para que en el marco de los acuerdos de colaboración con las Procuradurías Generales de Justicia de los estados, especialmente con la de Oaxaca, así como con la Interpol (International Criminal Police Organization), intensifiquen la búsqueda de los presuntos responsables, quienes cuentan con una orden de aprehensión y se encuentran prófugos, a fin de que sean consignados ante las autoridades correspondientes por los delitos de que se les acusa.
Durante la presentación del punto de acuerdo, el senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Salomón Jara Cruz, relató que en los primeros días de octubre fue cuando surgió un nuevo escándalo de abuso sexual a menores de edad, causando la indignación de la sociedad mexicana.
Los hechos se suscitaron en los institutos de educación preescolar localizados en la población Villa de Etla y en la ciudad de Oaxaca, y cuyos profesores han sido denunciados de violación y abusos sexuales en contra de niños y niñas, cuyas edades en promedio son los cuatro años.
Entre los atacantes también han sido identificadas autoridades de los planteles, de quienes se dice «son muy influyentes».
A petición del senador Gabino Cué, de la fracción parlamentaria de Convergencia, el pleno senatorial aprobó un cuarto resolutivo en el que se exhorta al Sistema Estatal DIF para que coordine y proporcione las atenciones necesarias a los menores de edad víctimas de los delitos de abuso sexual.
El legislador expresó que no se puede permitir que –a pesar de las leyes, a pesar de todo el esfuerzo y el discurso para proteger a nuestros niños– se tenga conocimiento de hechos tan lamentables y, sin duda, pueden estar sucediendo en otros estados de la República.
Gabino Cué consideró que, en tanto se determina si existe la presunción de una posible red de pederastas, lo cual podría configurarse en un delito del orden federal, la autoridad responsable deberá dar todo el apoyo psicológico y en materia de salud a los niños que presentan una enfermedad, producto de una violación sexual.
En la exposición de motivos del punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, mismo que fue apoyado por todas las fracciones parlamentarias representadas en ese órgano legislativo, se dijo que el abuso y la explotación sexual contra menores de edad es un problema alarmante cuya prevención, persecución y sanción requiere de esfuerzos conjuntos por parte de todas las autoridades en los tres órdenes de gobierno en México.
Requiere, incluso, de la cooperación internacional, pues las secuelas que esa actividad delictiva deja en las víctimas incluyen severos trastornos durante el resto de su vida.
También se señalaron datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en los que se denuncia que tan sólo en el Continente Americano son objeto de agresiones severas, que incluyen las sexuales, más de 6 millones de menores de edad.
Y es nuestro país uno de los focos rojos en la materia, con aproximadamente 16 mil casos de niñas y niños que son víctimas de abuso y comercio sexual.
Se informó que en el ámbito local, la propia Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer en el estado de Oaxaca reportó que de enero a septiembre de 2007 se han atendido 70 casos de abuso sexual en contra de menores de edad, de los cuales 30 personas han sido consignadas.
Sin embargo, debido a las amplias ganancias que esa actividad delictiva reporta en el mundo, cercanas a los 7 billones de dólares, las cifras relacionadas con el abuso sexual de menores siguen siendo alarmantes.
Para concluir, el senador Salomón Jara Cruz mencionó que al lunes 8 de octubre fueron entregadas más de 130 denuncias ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, mismas que fueron recibidas por el Subprocurador de Averiguaciones Previas, que a la fecha no ha dado a conocer.
07/MLT/GG/CV
