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Ciudadanía de las mujeres

Por Mónica Pérez

En el marco de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una de las demandas más importantes del movimiento de mujeres ha sido el reconocimiento de su ciudadanía y el respeto de sus derechos ciudadanos.

El concepto de ciudadanía se refiere al conjunto de principios, valores y actitudes que las personas pertenecientes a un grupo humano ubicado en un espacio geográfico reconocen como derechos sociales, políticos y civiles.

Los derechos y obligaciones de los ciudadanos están consagrados en los sistemas legales de alto nivel jurídico, es decir, en las legislaciones de cada estado. En México, por ejemplo, estos derechos están establecidos en la Constitución Política.

Ser ciudadana o ciudadano significa, según especialistas en el tema, ser titular de la plenitud de los derechos concedidos por un Estado a las personas en materia civil, política y social.

En este sentido, los derechos civiles implican la igualdad ante la ley; la libertad de las personas; la libertad de palabra, pensamiento y culto; el derecho a la propiedad, a la información y a llevar a cabo contratos, entre otros.

Los derechos políticos se refieren a ejercer el voto de manera libre y secreta en los procesos electorales correspondientes; al derecho de ciudadanas y ciudadanos a ser votados para todos los puestos de elección popular; a proponer políticas gubernamentales y participar en la ejecución de éstas.

Asimismo, tienen que ver con el acceso en condiciones de equidad a cargos y funciones públicas; a intervenir en las cuestiones políticas, sociales y económicas del país, y a la libre asociación u organización para incidir en los asuntos públicos.

Por último, los derechos sociales tienen que ver con un nivel de bienestar económico y social, es decir, al acceso a condiciones de vida dignas; al trabajo, a la educación, a la salud y a la vivienda.

Para exigir y defender el cumplimiento de todos estos derechos la Constitución Política de nuestro país establece que podemos realizar acciones que se conocen como derechos ciudadanos.

Estas garantías son normas que aseguran que las y los ciudadanos pueden intervenir cuando alguno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) cometen excesos contra la ciudadanía; también promueven el respeto entre la comunidad y garantizan la participación en las decisiones políticas.

A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establecen ninguna diferencia entre los derechos y las obligaciones ciudadanas de mujeres y hombres, la realidad es que el proceso de construcción de estas garantías ha dejado a la población femenina al margen.

Especialistas en el tema argumentan que la causa de este problema es el rol y las tareas asignados tradicionalmente por la sociedad a la mujer, que son diferenciados a los del varón.

Un claro ejemplo de ello es que a pesar de que en las últimas cuatro décadas la participación de las mujeres en la vida pública ha sido notable; esta incursión es mínima con relación con el porcentaje de población que representan y la relevancia de su papel económico, político social, social y cultural.

En este sentido, algunos especialistas afirman que las circunstancias en que una sociedad se desarrolla (contexto histórico, luchas sociales y distribución de la riqueza, entre otras) determinan el carácter de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, las condiciones de vida a las que se enfrentan las mujeres incide directamente en su posibilidad de participar y ejercer sus derechos y obligaciones.

Haber logrado que nuestros derechos como ciudadanas se hayan reconocido en las leyes es un paso importante, sin embargo, conseguir que se respeten plenamente es uno de los mayores retos para consolidar nuestra ciudadanía.

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