Ante las medidas paliativas anunciadas por el gobierno de Morelos para combatir la inclemente ola de violencia contra las mujeres en la entidad, organizaciones civiles urgieron a que se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado para que intervenga la Federación y detenga el feminicidio.
El pasado 6 de noviembre, a recomendación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el gobernador morelense, Graco Ramírez, lanzó la campaña “Morelos es naranja, nada justifica la violencia”, consistente en la difusión de información a través de todos los medios disponibles, para prevenir las agresiones contra la población femenina.
La campaña retoma las acciones del Programa Emergente para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Morelos –recomendado por el Inmujeres–, aunque no contempla ni ordena la declaratoria de AVG.
Las medidas emergentes fueron ordenadas por el instituto en septiembre pasado, luego de que le fuera solicitada la alerta para la entidad por la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado de Morelos (CIDHM).
Aunado a lo anterior, el mandatario estatal envió el pasado 11 de noviembre al Congreso local un proyecto de reforma al artículo 213 del Código Penal estatal, para aumentar las penas mínimas de prisión a quienes cometan el delito de feminicidio.
Ramírez propuso condenas de entre 40 y 70 años de prisión, mientras que actualmente el Código Penal morelense establece una pena mínima de 30 años.
En un informe reciente, la CIDHM acusó que entre 2000 y 2013 han sido asesinadas en el estado al menos 530 mujeres.
Además destacó que el feminicidio va en aumento en la entidad, pues mientras para julio de este año se habían registrado 35 asesinatos, hasta ahora la cifra asciende a 54 casos.
ACCCIONES CONCRETAS, EXIGEN
En ese tenor, Juliana Quintanilla, coordinadora de la CIDHM, dijo a Cimacnoticias que las acciones paliativas de Graco Ramírez no sustituyen a la AVG, pues “son cosas distintas, con diferentes objetivos y diversos alcances”.
Destacó que si bien las medidas emergentes abonan en la lucha contra la violencia de género, la AVG implicaría acciones específicas al intervenir las autoridades federales.
Es necesario también –recalcó Quintanilla– que el Protocolo de Investigación del Feminicidio, que existe desde 2012, sea utilizado por las autoridades ministeriales encargadas de indagar los casos, pues actualmente esto no ocurre y muchos crímenes quedan acreditados como homicidios dolosos.
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