Clima hostil contra defensoras, pero autoridades no las protegen

Aunque hay activistas que están en evidente riesgo por su labor social, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), opta por negarles las medidas de seguridad o les brinda una deficiente protección.
 
El pasado 3 de febrero, Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) y el Washington Office for Latin America (WOLA) publicaron un informe sobre el funcionamiento del  Mecanismo de Protección.
 
Según el reporte, el mecanismo tiene serias deficiencias y pone como ejemplo de ello los casos de Norma Mesino Mesino y Bettina Cruz Velásquez, defensoras que a pesar de vivir con el riesgo de ser agredidas y hasta asesinadas, deciden continuar con su trabajo a favor de los pueblos indígenas, aun sin la protección efectiva del Estado.
 
ACTIVISTA AMENAZADA
 
La activista guerrerense Norma Mesino afirmó que en diciembre de 2014 la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del mecanismo de la Segob le informó que determinó no dar trámite a su solicitud de incorporación que presentó en octubre pasado, al considerar que la defensora “no estaba en riesgo”.
 
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el municipio de Atoyac, región de la Costa Grande de Guerrero, tiene protección de policías de este municipio, pero aseguró que se siente vigilada y desprotegida, y ante el asesinato de dos de sus hermanos, pidió protección a la Segob, aunque le fue negada.
 
En septiembre de 2005, su hermano Miguel Mesino Mesino fue ultimado en Atoyac de Álvarez; y años después, en octubre de 2012, su hermana Rocío Mesino fue asesinada a balazos en la comunidad de Mexcaltepec, en el mismo municipio. A esta situación se suma que ambos crímenes siguen impunes.
 
Norma defiende los Derechos Humanos (DH) y promueve el acceso a la salud, la educación y la vivienda, lo que le he valido amenazas telefónicas y hostigamiento, por ello alertó que la protección que tiene “no es suficiente ni confiable”.
 
Tan sólo esta semana, al mediodía del martes 10 de febrero, los policías que la custodian le dijeron a Norma que tenían que retirarse porque debían ir a una revisión de armas, y luego ella se enteró que a esa misma hora unos policías ministeriales interceptaron a su hermana Eugenia para preguntarle sobre su paradero.
 
Además, contó que en noviembre pasado uno de sus colaboradores fue detenido por la policía ministerial y presentado ante una delegación de la Procuraduría General de la República. Según lo que ella sabe –explicó–, al hombre le dijeron que lo dejarían en libertad si culpaba a Norma de tener armas a fin de criminalizarla.
 
AÚN EN RIESGO
 
Una situación similar vive la defensora oaxaqueña Bettina Cruz, quien después de casi tres años de juicio, el pasado 1 de diciembre fue exonerada de los delitos de “privación ilegal de la libertad” y “contra el consumo y la riqueza nacional”, que en 2011 le imputó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
 
El pasado 1 de diciembre, el Juzgado Sexto de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, determinó que Bettina Cruz es inocente de los delitos que se le fincaron por participar en una protesta pacífica de diversas comunidades indígenas en abril de 2011, contra las altas tarifas de luz y el despojo de la tierra para la construcción de parques eólicos en la región del Istmo.
 
Aunque la cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio –quien enfrentaba el proceso en libertad– fue exonerada, la defensora aseguró que su vida y la de otros activistas que defienden la tierra y el territorio “están en peligro”.
 
La Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca le otorgó medidas de protección desde el 14 de noviembre de 2011, luego de ser atacada por la policía estatal por informar a las comunidades indígenas sobre su derecho a la propiedad de la tierra.
 
A decir de la defensora, por ello el gobierno trata de frenar la labor de las y los activistas que defienden la riqueza natural de los pueblos indígenas, pues son quienes denuncian que en Oaxaca la CFE apoya a las empresas eólicas para que entren a las comunidades a instalarse sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.
 
En ese estado hay por lo menos otros 50 casos de procesos penales contra defensores, por lo que Bettina aseguró que aunque haya sido exonerada aún está en riesgo, y a pesar de tener medidas de seguridad porque consideró que es un “muy fácil que un empresario o un funcionario paguen” para asesinarla.
 
MÁS CASOS
 
El miércoles 11 de febrero, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) denunció que están en riesgo las dos testigos que el 27 de abril de 2010 presenciaron el ataque en el que fueron asesinados los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, y además criticó que pese a ello no reciban protección de las autoridades. 
 
Karla Micheel Salas y David Peña, abogados de la ANAD, afirmaron que las mujeres en riesgo no recibieron la protección del gobierno estatal ni federal, a pesar de que son testigos claves para encarcelar a los responsables del crimen.
 
Dos días después de que el pasado 20 de enero fue detenido Elías Cruz Merino, uno de los presuntos responsables, las testigos fueron amenazadas en su domicilio por integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), grupo paramilitar al que se le atribuye el asesinato.
 
Aunque desde el pasado 25 de enero la ANAD denunció los actos de intimidación ante la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca y ante la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, hasta la fecha ambas mujeres y sus familias no cuentan con medidas de protección.
 
Incluso se comunicaron con la Procuraduría de Justicia de Oaxaca y lograron que la Defensoría estatal dictará medidas cautelares que a la fecha no se han implementado. Los abogados de Bety Cariño y Jyri Jaakkola dijeron que ante la solicitud de garantías de seguridad lo único que obtuvieron del gobierno estatal fueron unas despensas.
  
Ante la falta de garantías de seguridad, la próxima semana ambas testigos pedirán asilo por razones humanitarias en Finlandia, y la solicitud será dirigida a la comitiva de eurodiputadas del Parlamento Europeo que llega este domingo 15 de febrero a la Ciudad de México.
 
De acuerdo con el informe de PBI y WOLA, las peticiones para entrar al Mecanismo de Protección esperan meses y en ocasiones pasa más de un año sin obtener respuesta, y en los casos que son aceptados se implementan medidas de protección que en muchas ocasiones son ineficaces y contraproducentes.
 
15/AGM/RMB