A tres semanas de que trabajadoras de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) solicitaron una audiencia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para detallar las violaciones a sus derechos humanos y laborales cometidas por el gobierno federal tras el decreto de extinción de la compañía paraestatal, mañana este organismo, encabezado por Raúl Plascencia, deberá definir la visitaduría que se hará cargo del caso y la fecha en que se celebrará la audiencia.
En conferencia de prensa, Cecilia Figueroa, trabajadora de LyFC, destacó que «a partir del decreto quedamos en el desamparo. Éste es el problema de fondo» por el cual solicitan la intervención de la CNDH con el propósito de que haga valer los derechos humanos al trabajo y a la salud de las y los electricistas.
Cabe recordar que el pasado 16 de octubre cientos de trabajadoras realizaron un mitin en las inmediaciones del organismo autónomo tras el cual una comisión de cinco empleadas de LyFC se reunió con Guillermo Petricioli Alfaro, titular de la Unidad de Enlace de la CNDH, quien refirió que sería hasta el 10 de noviembre cuando la comisión –ya con un nuevo titular- estaría en posición de asignar una visitaduría para analizar la queja 70493 interpuesta por las electricistas y poner fecha a la audiencia que solicitaron.
Asimismo, Petricioli Alfaro dijo a la comisión de electricistas que la CNDH buscará la forma de ampliar la prestación de seguro médico gratuito hasta el próximo mes de abril. Por esta razón, mañana las trabajadoras de la compañía paraestatal se dirigirán al personal de la Unidad de Enlace de este organismo «en busca de respuestas ante la violación de derechos humanos que cometió el mal gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa».
Y es que, a consecuencia del decreto presidencial, más de 4 mil mujeres y 40 mil hombres electricistas quedaron desempleados y con ello, además de la «estabilidad material», perdieron el servicio médico gratuito que, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se les brindará hasta el 5 de diciembre.
DERECHO A LA SALUD
A unos días del cierre de LyFC, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) dio a conocer que 80 trabajadoras embarazadas dejaron de recibir atención médica, al igual que 200 personas que padecen cáncer, 55 que requieren diálisis y 200 que necesitan medicamentos antidepresivos. En respuesta, el IMSS aseveró que les brindaría el servicio durante las ocho semanas posteriores al despido.
A decir de Cecilia Figueroa, este plazo es insuficiente, ya que sin acceso a la salud, derecho humano quebrantado por el decreto presidencial, se pone en riesgo la vida de cientos de electricistas. «Tenemos compañeras que padecen cáncer y que necesitan recibir quimioterapias para subsistir. También hay personas –alrededor de 120– que necesitan diálisis», puntualizó.
Por ello, la electricista reiteró que insistirán en que la CNDH y el nuevo ombudsman «sumen sus fuerzas a favor de las trabajadoras y trabajadores del SME» a fin de que se cumpla «el tema de la gestoría y se prolongue el servicio médico gratuito» en las clínicas 26 y 192 del IMSS.
ACCIONES
En tanto, en conferencia de presa convocada por trabajadoras y defensoras de derechos laborales de una decena de organizaciones sindicales y civiles, Martha Heredia Figueroa, vicepresidenta de Equidad y Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), manifestó su repudio por el decreto «calderonista», el cual, dijo, significa «violencia económica, institucional y del Estado en contra de las electricistas y sus familias».
Frente a este escenario, «llamamos a reconstruir el rumbo del país y a cambiar el actual modelo económico». Las trabajadoras se sumarán a las acciones que llevará a cabo el SME el próximo 11 de noviembre como parte de un paro cívico nacional; destaca un acto público que realizarán las sindicalistas en la Glorieta de los Insurgentes a las 15:00 horas.
Cabe mencionar que hoy, en conferencia de prensa, Martín Esparza Flores, secretario general del SME, anunció que el siguiente miércoles la protesta iniciará a las 7:00 horas con manifestaciones y marchas, así como con la toma pacífica las de oficinas centrales de LyFC, ubicadas en Melchor Ocampo y Circuito Interior. Las acciones culminarán a las 19 horas y contarán con la participación de 700 organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y civiles.
09/GCJ/YT/GTR
