La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propicia la impunidad al no exigir una investigación a cargo de autoridades civiles sobre las violaciones a derechos humanos perpetradas por elementos del Ejército Mexicano, afirman en un comunicado diversas organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos.
Por tanto, emplazan a José Luis Soberanes, titular de la dependencia, a tomar una posición definida sobre la necesidad de que la justicia civil se aplique a elementos del Ejército que violen derechos humanos. «No hay otra alternativa: la CNDH está obligada a demandar que el fuero civil prevalezca. De no hacerlo, el organismo público de protección a los derechos humanos que preside el doctor Soberanes estará propiciando y encubriendo la impunidad».
Las organizaciones que firman el comunicado son: Red Nacional de Organismos Civiles «Todos los derechos para todas y todos»; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
El día jueves de la semana pasada, detalla el comunicado, el Ombudsman nacional declaró a los medios de comunicación que la CNDH acreditó «científicamente» la violación de dos menores de edad por elementos del Ejército Mexicano en Carácuaro, Michoacán. Asimismo, adelantó que en los próximos días rendirá un informe relacionado con los hechos.
De manera similar, en días pasados la Segunda Visitadora de la CNDH informó a los medios de comunicación sobre la actuación de ese órgano público de protección a los derechos humanos con relación al asesinato de cinco miembros de la familia Esparza en Sinaloa de Leyva, señalando públicamente la participación del Ejército en los homicidios.
Sin embargo, en ninguna de esas manifestaciones públicas, la CNDH realizó un pronunciamiento sobre la obligación de que esos hechos sean investigados y esclarecidos por autoridades civiles.
Muy por el contrario, se limitó a emitir un boletín, visible en su página de Internet bajo el número CGCP/084/07, en el que se lee: «El Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, consideró que el fuero militar tiene zonas grises y por lo mismo sus alcances deben ser tema abierto para su estudio, análisis y debate de los diversos grupos sociales, como los legisladores, académicos estudiosos del derecho, así como de las propias autoridades».
Al respecto, las organizaciones que signan el comunicado manifiestan «una vez más que resulta alarmante e inconcebible que una vez documentadas las múltiples violaciones a derechos humanos perpetradas por elementos castrenses, la CNDH evite señalar con precisión la falta de idoneidad de la Justicia Militar para investigar y sancionar estos lamentables sucesos».
Y añaden, «en reiteradas ocasiones, organismos internacionales de protección a los derechos humanos, como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el tema de la Tortura, entre otros, han expresado la pertinencia y necesidad de que los delitos perpetrados por personal militar contra civiles sean conocidos por la justicia civil».
Las recomendaciones coinciden en señalar que cuando el Estado permite que investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean dirigidas por órganos de justicia militar, la consecuencia es que se deja en la indefensión a las víctimas civiles al no existir ni independencia ni imparcialidad en los órganos militares de administración e impartición de justicia.
La CIDH, en referencia específica a México, ha señalado que «la Procuraduría General de Justicia Militar carece, por definición, de la independencia y autonomía necesaria para investigar de manera imparcial las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas».
Así, «la investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por militares implica una violación per se de la Convención Americana».
FUERO MILITAR E IMPUNIDAD
En México, los casos en los que el fuero militar ha servido para mantener en la impunidad graves violaciones a derechos humanos son numerosos: la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco; la tortura de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; la violación y tortura de las indígenas mixtecas de Guerrero, Francisca Santos y Victoriana Vázquez; la violación y tortura de la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú; la violación y tortura de las hermanas tzeltales de Chiapas, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, entre otros casos dolorosos.
Es evidente ?continúa el boletín- que en México el fuero militar no es garantía de independencia e imparcialidad, ni mucho menos de una eficiente investigación para procesar a miembros del Ejército responsables de graves violaciones a los derechos y libertades fundamentales.
SOBERANES, EMPLAZADO
Por lo anterior, públicamente hacemos un llamamiento al titular de la CNDH, emplazándolo en los siguientes términos:
El fuero militar no tiene «zonas grises» cuando las víctimas de los delitos son civiles. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, su competencia no puede extenderse a la investigación y el procesamiento de hechos que constituyen graves violaciones a derechos humanos.
Los «debates», en consecuencia, son innecesarios: por su naturaleza, la CNDH debe ajustar su actuación al derecho internacional de los Derechos Humanos y su jurisprudencia.
Al rendir el «informe a la sociedad» acerca de los hechos ocurridos en Michoacán, que presentará próximamente, la CNDH y su titular tienen la oportunidad de pronunciarse claramente y sin ambages sobre la inaplicabilidad del fuero militar en el caso de delitos y violaciones a derechos humanos cuando la víctima es una persona. Las recomendaciones que haga al respecto de las investigaciones deberá dirigirlas a la autoridad civil y no a la militar.
No hay otra alternativa: la CNDH está obligada a demandar que el fuero civil prevalezca. De no hacerlo, el organismo público de protección a los derechos humanos que preside el doctor Soberanes estará propiciando y encubriendo la impunidad.
07/GG/CV
