Mujeres de Sonora y Baja California entregaron ayer una solicitud a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), firmada por más de treinta organizaciones de la sociedad civil (OSC) de varios estados de la República, cuyos Congresos modificaron su Constitución para criminalizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Las mujeres, quienes se definen agraviadas por las reformas constitucionales que otorgan derechos al cigoto sobre los de las mujeres en esos dos estados y en diez más (Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Guanajuato y Morelos), solicitaron al Ombudsman nacional que esté pendiente para que no se le pase el término y tome como «de oficio» la solicitud de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Alrededor de las cuatro de la tarde de ayer y bajo una lluvia intensa, Laura Gutiérrez, de Baja California, así como Silvia Núñez e Ismene Figueroa, de Sonora, intentaron entregar la petición en la oficialía de partes de la CNDH, lo cual fue impedido por el personal de seguridad del edificio.
Después de más de veinte minutos de explicaciones, solicitud de requisitos para entrar a realizar su trámite, proceso al que no eran sometidos los demás visitantes, las mujeres pudieron ingresar para presentar su petición.
En el interior, de nueva cuenta fueron objeto de discriminación pues las hicieron pasar por todos los mecanismos de seguridad electrónica y sanitaria, lo que tampoco ocurría con las demás personas que ingresaban en ese momento.
LA PETICIÓN
En su petición, dirigida a José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, las organizaciones recordaron que con fecha 7 de mayo de 2009, su secretario particular, Miguel Pinodueñas, les comunicó a las sonorenses que pidieron la solicitud de acción de inconstitucionalidad que el término para realizar la acción había concluido.
Por lo anterior, en el escrito le comunican su preocupación ante la pasividad que manifiesta frente a la oleada de reformas a diversas constituciones locales, que falazmente aseguran proteger la vida desde la fecundación, no obstante que éstas pretenden amedrentar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo.
Las reformas a la Constitución de 12 estados también afecta a las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, en particular el Dispositivo Intrauterino (DIU), o que acudan a la reproducción asistida, en contradicción a su pleno derecho a decidir de manera libre e informada el número y espaciamiento de las y los hijos, tal como se consagra en el Artículo Cuarto constitucional.
Otra violación es la cometida contra su derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, generando también asimetría de derechos entre las mismas mujeres del país, prácticamente reduciendo a las mujeres a incubadoras humanas, contraviniendo las obligaciones que México se comprometió como estado parte de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Las inconformes expresaron que las reformas constitucionales aprobadas en 12 estados en menos de siete meses son a todas luces una estrategia de los grupos desde una postura totalmente contraria a la salud y los derechos de las mujeres, también pretenden atenuar la sentencia de la SCJN, que declaró constitucional la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Las organizaciones firmantes exhortaron al Ombudsmannacional a que cumpla su obligación de defender los derechos humanos de las mujeres que consagra la Constitución y los diversos tratados internacionales que México ha ratificado, que vigile las legislaciones y reformas que contravengan las garantías previstas en la Carta Magna.
Para que esto sea una realidad, le solicitaron que ejercite de manera oportuna las acciones de inconstitucionalidad contra todas las reformas que dicen defender la vida desde la fecundación, que sólo restringen los derechos de las mujeres.
Le exigen que esté atento a que no se venzan los términos, sin necesidad de que las mujeres lo soliciten, pues él tiene la facultad y la obligación para ejercerla de oficio.
Las mujeres de Sonora y Baja California se retiraron, después de interponer una queja interna ante Contraloría, por el mal trato y discriminación de que fueron objeto en el interior de la institución nacional que defiende los derechos humanos.
09/LAG/GG
