El 6 y 7 de noviembre de 2001, se encontraron en un campo algodonero de Ciudad Juárez 8 cuerpos de mujeres asesinadas con señas evidentes de tortura sexual. De estos crímenes, hasta hoy, no existe ninguna persona responsable ni se ha realizado la reparación del daño.
Denuncias de organizaciones de la sociedad civil señalan que el caso se volvió emblemático «por los altos grados de implicación criminal de agentes del Estado y por la cadena de hechos que hacen evidente la responsabilidad del Estado en la impunidad de éstos».
Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia sobre el caso, la cual no ha sido pública, donde se presume, podría condenar al Estado mexicano, por los asesinatos de tres de las mujeres encontradas en este lugar.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por el caso del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, sentaría un precedente para toda América Latina en el tema del feminicidio toda vez que el caso se analizó considerando la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará).
La abogada Karla Michel Salas, una de las representantes de las víctimas, detalló en entrevista a Cimacnoticias, que tras estos 7 años de trabajo que llevan ya en el caso de Ciudad Juárez, lo que buscaron en la sentencia de la Corte fue «meterla en el fondo del asunto, ya que para alcanzar la justicia tiene que conocer de todos los casos y saber que las mujeres asesinadas y desaparecidas en su mayoría eran migrantes, niñas, pobres, lo que implicaría un análisis más a fondo de la Belém Do Pará».
Aunque fueron 8 los cadáveres hallados en el predio conocido como Campo Algodonero no todos se presentaron ante el Sistema Interamericano, ya que del total tres resultaron no corresponder a las identidades adjudicadas por las autoridades, de acuerdo al informe presentado por el Equipo Argentino de Antropología Forense encargado de estudiar los cuerpos.
Por ello, solamente se analizaron los casos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Berenice Ramírez, mismos que fueron admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2006 y un año más tarde, en diciembre de 2007, por la CoIDH.
Para las organizaciones de la sociedad civil «la sentencia tendrá un impacto importante no sólo en los casos a investigación y en Ciudad Juárez, sino en el país y la región latinoamericana, pues sentará el primer antecedente de interpretación sobre esta forma extrema de violencia contra las mujeres».
Así lo manifestaron, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos –a la que pertenecen Karla Salas y David Peña– y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), representantes de Esmeralda Herrera Monreal; la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, como representes de Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez.
VIOLENCIA DE GÉNERO E IMPUNIDAD
Para David Peña, la violencia de género, la impunidad y la permisibilidad social en Ciudad Juárez han fomentado la escalada de violencia en contra de las mujeres, tan sólo en lo que va de este año, informó, van 22 mujeres desaparecidas todas ellas menores de edad (entre 12 y 17 años de edad), lo que significa una desaparición al mes.
Pese a que se ha documentado reiteradamente la ineficacia de las autoridades para iniciar las investigaciones en caso de las desapariciones, a la fecha no se han cambiado los protocolos de investigación y las madres tienen que esperar las 72 horas para denunciarlas y todo ello fue documentado ante la CoIDH, observó.
Durante la audiencia sostenida el pasado 28 de abril, en Santiago de Chile para este caso, señalan Salas y Peña, los jueces de la Corte reconocieron que existen graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres
Con la sentencia, el Estado mexicano estaría obligado a reparar el daño a las madres y otros familiares de las víctimas. La abogada enfatizó que el tiempo que estuvo el caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos organizaciones civiles, academia, organizaciones de derechos humanos y universidades de Europa y Estados Unidos le hicieron llegar Amicus Curiae a la Corte.
Todo ellos han insistido en la necesidad de que la Corte establezca reparaciones integrales amplias, que consideren no solamente a los tres casos en lo particular, sino que puedan repercutir en materia de investigación para los otros casos de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, dijo la abogada, y que también incluyan cambios legislativos estatales y federales.
Por lo pronto, lo que sigue por ahora es esperar a que la Corte notifique oficialmente tanto al Estado como a nosotros, los representantes legales y conocer el contenido de la sentencia, precisó.
Michel Salas advirtió que este caso no se acaba con la sentencia de la Corte, «pues esta instancia dará puntual seguimiento, a través de audiencias periódicas con los peticionarios y el Estado, para ver el cumplimiento de su fallo».
09/CV/LGL
