Mañana se cumple el primer aniversario de la despenalización parcial del aborto en Colombia, pero a pesar del carácter vinculante de este fallo y de su obligatorio cumplimiento, se siguen presentando innumerables inconvenientes para que las mujeres accedan efectivamente a la práctica del aborto en las tres circunstancias despenalizadas, informa la Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación (RED-ADA).
El aborto no se considera delito cuando está en riesgo la vida y la salud de las mujeres, cuando existe malformación fetal incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo ha sido producto de una violación.
Pero en muchos casos, el personal directivo, profesionales y trabajadores vinculados al sistema de salud, se muestran renuentes a cumplir con sus deberes, aún en casos verdaderamente extremos, en los que se comprometen derechos de menores de edad, que como se sabe, son prevalentes.
Sabemos, dice la RED-ADA, que la aplicación de la Sentencia C- 355/06 de la Corte Constitucional implica un proceso de sensibilización social pero, sobretodo, de compromiso político del Estado en aras de superar los múltiples obstáculos que como se ha visto, los objetores del aborto han colocado.
Después de un año de conocerse la Sentencia y luego de que el Ministerio de Protección Social emitiera la reglamentación sobre la misma, las empresas promotoras de salud reportaron la práctica de 40 interrupciones de embarazo, especialmente por violación y malformaciones genéticas de los fetos durante el último año.
Estos datos muestran, entre otras cosas, que aún no se ha comprendido el alcance del fallo y se siguen poniendo barreras para que las mujeres no accedan a este derecho; el reducido número de casos atendidos bajo lo contemplado en la Sentencia evidencian esta problemática y peor aún, se trata de ocultar la realidad de otras múltiples causales de aborto que todavía no ha contemplado la ley, y que constituyen una preocupante situación de salud pública y de derechos humanos.
Este alarmante panorama, a un año de conocerse la Sentencia que despenaliza el aborto parcialmente, nos plantea la urgente necesidad de que el Estado promueva medidas para garantizar el efectivo cumplimiento de este derecho, pues la cifra de enfermedad y muerte por esta causa sigue siendo preocupante.
Según el Secretario de Salud de Bogotá, la cifra de mujeres que mueren en el país a causa del aborto practicado de manera clandestina es cercana a mil (1000), en Bogotá por ejemplo las estadísticas muestran que en los últimos 12 meses murieron 146 mujeres por practicarse de manera inducida o clandestina este procedimiento.
Esto se agrava aún más, pues a un año del fallo de la Corte se confirma que en Bogotá sólo fueron reportados 10 casos específicos, 6 de ellos de menores entre los 11 y los 14 años por violencia sexual.
Lo que viene sucediendo en Bogotá es tan sólo una muestra de la magnitud del problema que se evidencia en todas las regiones del país. Por ello, importa reconocer que aún queda mucho por hacer para garantizar los derechos integrales de las mujeres.
Urge adecuar todo el sistema de salud, difundir información y formación sobre el tema, sensibilizar a los profesionales y trabajadores del sector de la salud, proporcionar orientación y trato digno a las mujeres que requieren el procedimiento, reducir el aborto ofreciendo mejores servicios de planificación familiar y de información sobre el mismo.
También, atender los efectos que tiene sobre la salud de la mujer el aborto realizado en condiciones inadecuadas, brindar servicios para atender complicaciones derivadas del aborto, promover investigaciones sobre los factores determinantes y las consecuencias del aborto inducido, la salud reproductiva, la salud mental y las prácticas anticonceptivas, teniendo en cuenta que el aborto practicado en malas condiciones es una grave amenaza para la vida y la salud de las mujeres.
Del mismo modo, se requiere trabajar mancomunadamente para lograr que jueces, abogados, defensores y demás profesionales y funcionarios que tienen que ver con el efectivo cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, observen sus contenidos y respeten genuinamente sus mandatos.
Esta situación plantea que la sociedad y el Estado deben comprender que aún existen muchas razones por las cuales las mujeres abortan, y que no fueron contempladas por la Corte Constitucional.
Preocupa profundamente que aún miles de mujeres se sigan enfrentando a embarazos no deseados, a la difícil decisión de abortar en las peores condiciones, al riesgo que implican los abortos inseguros, al temor de ser detenidas, al miedo frente a la sanción social y moral, a la culpa, al dolor, a la soledad.
En tal sentido, urge instalar el debate sobre estas múltiples causales que llevan a que las mujeres tomen la difícil decisión de interrumpir su embarazo.
Cuando una mujer decide interrumpir su proceso de gestación, lo hace después de sopesar muchas razones, de valorar innumerables posibilidades, de someterse a su propio tribunal ético y moral.
Se insiste: ésta nunca será una decisión fácil; pero, más allá del dilema personal, la problemática del aborto inseguro e ilegal ha de solucionarse desde una perspectiva integral de derechos humanos y como un asunto de salud pública, concluye la RED-ADA .
07/GG
