Aunque hace un año se aprobó en Colombia el aborto en tres circunstancias extraordinarias y siete meses después el Ministerio de Protección Social (salud) expidió el reglamento para su operación, el desconocimiento de las mujeres, los temores y prejuicios del personal médico, y las creencias morales de los jueces han obstaculizado su pleno acceso.
El 10 de mayo, la Corte Constitucional colombiana sentenció que la interrupción del embarazo no es un delito cuando la vida de la madre está en peligro, la gestación es resultado de una violación o incesto, o se diagnostiquen malformaciones fetales que hagan inviable la vida fuera del útero.
La histórica sentencia, que rompió la estricta normativa que penalizaba el aborto en cualquier circunstancia, fue resultado de una demanda presentada por la organización Women?s Link Worldwide (capítulo Colombia), mediante su directora de programas, la abogada colombiana Mónica Roa, informa SEMlac.
La despenalización de esta práctica en circunstancias extraordinarias ha sido aprobada en otros países de América Latina, como Bolivia, donde pese a que hace más de 30 años se considera legal en dos casos, sólo se ha practicado un caso en atención a tales circunstancias, debido a la falta de una metodología clara.
Aunque Colombia es la única nación de la región donde se desarrolló una reglamentación de la interrupción de la gestación de manera casi inmediata y acorde con los estándares internacionales, durante el año de vigencia solamente se practicaron unos 40 abortos legales, cifra baja para un país donde la incidencia de violaciones es muy alta y se practican alrededor de 350 mil abortos clandestinos anuales.
«La norma dice que, en casos de violación, el único requisito para la interrupción del embarazo es una denuncia ante cualquier entidad competente, realizada en los siguientes cinco días posteriores a la solicitud. Pero, en la realidad, a las mujeres les están pidiendo más documentos», explicó a SEMlac Ana María Torres.
Esta especialista es secretaria técnica de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una coalición de personas y organizaciones no gubernamentales que apoyó la reglamentación de sentencia y que, actualmente, junto con Women?s Link Worldwide, está impulsando su difusión e implementación.
«También se obstruye la aplicación de la norma cuando las entidades de salud piden la anuencia de comités éticos de médicos, pese a que ese texto estipula que, en casos de malformaciones del feto o de riesgo de la vida de la madre, basta con el diagnóstico de un sólo médico», agregó Torres.
La normativa consagra el derecho de los galenos a declararse impedidos de practicar abortos por motivos de conciencia, pero no a las instituciones que prestan servicios de salud. Por eso, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres recibe solicitudes de colombianas cuyos médicos se rehúsan a realizarle el procedimiento, a fin de buscar a otros profesionales que les garanticen el derecho que las asiste.
«Hemos colaborado buscando médicos que no presenten objeciones de conciencia y hemos logrado que 10 mujeres hayan interrumpido su embarazo al amparo de las circunstancias en que se autoriza», afirma Torres.
Si bien no hay cifras oficiales consolidadas sobre los abortos legales practicados, tanto el ministerio del ramo como Women?s Link Worlwide?Colombia coinciden en que son pocos y, por ello, están preparando estrategias para que la norma no se quede en el papel.
«Un tema que ha sido tabú durante tanto tiempo no es fácil de cambiar», aseguró Mónica Roa durante el acto de conmemoración de la promulgación de la sentencia de la Corte Constitucional, el pasado 10 de mayo. «Esta sentencia ha sido el resultado de muchos esfuerzos de mujeres que me antecedieron, pero no es el punto final», agregó.
Ahora, sigue la divulgación de la reglamentación establecida para que tanto el personal médico como las colombianas conozcan cuándo y cómo pueden interrumpir una gestación en los límites de la ley.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ya empezó a preparar una serie de encuentros con mujeres para difundir la reglamentación y un programa de talleres con profesionales del derecho para conformar una red entrenada en la defensa de casos de aborto en las circunstancias autorizadas.
Otro tanto está haciendo el gobierno. Lenis Urquijo, director del Departamento de Salud Pública del Ministerio de Protección Social, anunció que se firmó un convenio con la Universidad Nacional para capacitar al personal de las entidades prestadoras de servicios de salud en las normas de salud sexual y reproductiva.
Desde hace cuatro meses, el método de aspiración para la interrupción del embarazo se integró a las prácticas médicas incluidas en el Plan Obligatorio de Salud, al que deben estar afiliadas todas las personas que trabajen en Colombia.
EL RETO
Urquijo dijo a SEMlac que la despenalización no hace que el número de abortos aumente o disminuya, sino que el verdadero reto es el embarazo no deseado.
Según la más reciente Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, realizada por la organización no gubernamental Profamilia, anualmente se producen cerca de 600 mil embarazos no deseados.
Sobre las críticas relativas al bajo impacto alcanzado a la fecha, Roa afirmó ante un centenar de personas reunidas en el evento de celebración: «El hecho de que se salve una sola vida, hace que todo el trabajo valga la pena. Y lo importante es que se han salvado vidas de mujeres y que la sentencia ha beneficiado a las colombianas».
07/AC/GG/CV
