Con la instalación de la Comisión Bicamaral del Parlamento de Mujeres de México (PMM) el 25 de agosto de 1998 en el Congreso de la Unión, inició a una serie de reuniones anuales entre legisladoras y feministas de la sociedad civil que han contribuido a que las leyes en este país garanticen el derecho de las mexicanas a vivir en equidad frente a los varones.
Aunque falta mucho por avanzar para que las legislaciones federal y estatales resguarden plenamente los derechos femeninos, y éstos a su vez se ejerzan en la vida cotidiana, las cinco reuniones del PMM llevadas a cabo hasta ahora -la primera se celebró en 1999- han conseguido colocar en la agenda de los Congresos el tema de la igualdad de oportunidades entre los sexos.
Y no sólo la equidad de género ha cobrado importancia en los debates legislativos, los parlamentos de mujeres han construido acuerdos que se han convertido en leyes para beneficio de la población femenina en rubros como salud, violencia intrafamiliar, aborto legal y participación política.
Los parlamentos femeninos han dejado en claro que las mujeres políticas y de organizaciones sindicales, indígenas o académicas pueden lograr acuerdos en la defensa de sus derechos más allá de tintes partidistas e ideológicos.
A pesar del fantasma del enfrentamiento entre posturas de «avanzada» y «ultraconservadoras» rondando las reuniones, las parlamentarias han conquistado reformas legales y nuevas leyes que se reflejan en mejores condiciones de vida para las mexicanas (logros por lo demás insuficientes).
LA EQUIDAD HECHA LEY
Hasta 2003, el PMM ha conseguido plasmar en 12 iniciativas de ley diversos acuerdos emanados de la discusión de centenares de mujeres, reunidas año con año en el Congreso de la Unión, para lograr que códigos y normas contribuyan a erradicar la desigualdad social que persiste entre mujeres y hombres.
Por ejemplo, en 1999 todas las legislaturas del país aprobaron la creación de las comisiones de Equidad y Género, como instancias «ordinarias, no especiales o transitorias». Otras reformas impulsadas por los PMM se refieren a violencia intrafamiliar, hostigamiento sexual y protección a víctimas de delitos sexuales, asuntos que se plasmaron en los códigos federales penal y civil en el año 2000.
Entre los avances legislativos más significativos para las mujeres también se encuentra la reforma de 2002 al Código Federal Electoral, con la cual por fin se obligó a los partidos políticos a postular al menos 30 por ciento de candidatas a los cargos de elección popular.
Otra conquista de las parlamentarias fue la creación en 2001 del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con todo y que el mecanismo todavía no consolida sus funciones y persiste la ambigüedad en sus objetivos.
En la quinta edición del PMM, celebrada el año pasado, más de mil 600 mexicanas remarcaron su exigencia al presidente Vicente Fox para que la justicia federal atrajera las investigaciones por los asesinatos de más de 300 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, perpetradas desde 1993.
Fruto de ese reclamo que no cesa, el Ejecutivo creó recientemente una Fiscalía especializada dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) que tiene la función de revisar todos los expedientes y cumplir con los reclamos de justicia de la sociedad mexicana ante el espeluznante feminicidio.
Asimismo, en octubre pasado la Secretaría de Gobernación (Segob) nombró a Guadalupe Morfín como comisionada especial para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez.
LOS RETOS
Entre las propuestas de los PMM que aún no se plasman en las leyes se encuentran las modificaciones en el ámbito federal para resguardar los derechos de las mujeres embarazadas, así como la aprobación de una ley de igualdad de oportunidades que garantice la aplicación de políticas públicas y del presupuesto federal con perspectiva de género.
Igualmente, sigue pendiente la institucionalización y permanencia de la Comisión Bicamaral –mecanismo que agrupa a las comisiones de Equidad y Género del Congreso de la Unión y que organiza y da seguimiento a los acuerdos del PMM– a través de su integración en la Ley Orgánica del Congreso.
A seis años de creado como un foro de interlocución entre Poder Legislativo y sociedad civil para proteger los derechos femeninos con la fuerza de la ley, el PMM se propone en su sexta versión anual (programada para el 5 y 6 de marzo en la Cámara de Diputados) incidir de lleno en las llamadas reformas estructurales que pretenden modificar a profundidad el marco legal del Estado mexicano.
Las organizaciones ciudadanas de mujeres han advertido que ninguna reforma a la legislación en materia laboral, hacendaria, procuración de justicia, sanitaria, electoral o educativa será completa si no contribuye a satisfacer las necesidades y a erradicar la condición de desventaja social que todavía en pleno siglo XXI padecen las mexicanas.
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