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Comisión de Equidad respalda iniciativa contra las mujeres

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Con el aval de la Comisión de Equidad y Género y del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, esta semana el pleno legislativo discutirá y eventualmente aprobará el dictamen para crear una ley que obligue a las mujeres a concluir sus embarazos aunque no sean deseados.

La iniciativa para crear la Ley de Protección a la Salud Materna, presentada por la diputada federal del PAN Paz Gutiérrez Cortina en diciembre pasado, pretende garantizar que las mujeres lleven a término la gestación de sus embarazos, sean deseados o no, destacando que la maternidad inicia al momento de la “concepción”.

En entrevista con Cimacnoticias, Daniela Díaz Echeverría, responsable de proyecto de mortalidad materna y presupuesto público de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó que el dictamen aprobado en comisiones “es una propuesta tramposa porque mientras arguye al derecho de las mujeres a elegir cuántos hijos quieren tener y el espaciamiento entre ellos, enfatiza que las mujeres deben concluir el embarazo”.

En diciembre de 2010, la panista Paz Gutiérrez Cortina presentó la iniciativa de Ley de Protección a la Salud Materna ante el pleno de la Cámara baja y se turnó a la Comisión de Salud. En marzo pasado se turnó nuevamente a esa comisión pero con la opinión de las comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Comisión de Equidad y Género emitió una opinión en “sentido positivo” respecto a una iniciativa de ley que atenta contra los derechos reproductivos de las mexicanas, comentó Daniela Díaz.

Cabe señalar que el dictamen fue elaborado en colaboración con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, organismo que no se especializa en salud sexual y reproductiva, aunque fue creado a iniciativa de la Comisión de Equidad y Género como un mecanismo para analizar la desigualdad que padecen las mexicanas y proponer soluciones.

Daniela Díaz, también integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres, señaló que en la creación del dictamen de Ley no participaron las y los especialistas en el tema de la academia y de las organizaciones, “ni siquiera se consultó al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), de la Secretaría de Salud (SSa)”.

La nula participación de las personas expertas en el tema se refleja en el contenido del dictamen de la ley, cuyos artículos refieren que “la decisión de las mujeres respecto a la interrupción del embarazo, queda en manos de terceros”, detalló Díaz.

Por ejemplo, el artículo 35 de la propuesta de Ley de Protección a la Salud Materna señala que a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo se les practicara un ultrasonido previo al procedimiento y también recibirán consejería de “un comité de bioética” de los hospitales, con lo cual “la decisión de las mujeres debe pasar por el ‘personal calificado’”, sostuvo la activista.

Mientras que en el artículo 36 refiere que la interrupción debe tomarse con información previa y ante “dos testigos y el profesional de la salud”.

Como parte de la información previa están alternativas para que las mujeres lleven a término el embarazo, como la adopción, las cuales son apoyadas por organizaciones, señala el dictamen de Ley. De acuerdo con la investigadora de Fundar, quienes están a cargo de prestar esta “ayuda” son organizaciones “conservadoras” como Provida.

Además, la especialista criticó que el dictamen considera que la maternidad “inicia con la concepción del hijo y termina con la muerte de la madre o del hijo”, pues este concepto “obedece a cuestiones religiosas y no a evidencia científica”, explicó la integrante de Fundar.

Díaz también refirió los vacíos de la propuesta de Ley, ya que a pesar de que lleva el nombre de Protección a la Salud Materna, no vincula a las instituciones involucradas, tampoco plantea cuáles deben ser los mecanismos, así como recursos económicos y humanos para alcanzar este objetivo.

De igual modo, ignora los programas Arranque Parejo en la Vida y el de Emergencias Obstétricas: “No establece los mecanismos para que su propuesta pueda materializarse, tampoco la vincula a políticas de empleo; lo único que importa es que las mujeres concluyan el embarazo”.

La especialista concluyó que esta iniciativa no debe ser aprobada, pues su aprobación “atenta contra la autonomía de las mujeres y sería una legislación mediocre en el tema de protección a la salud materna”.

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