Ante el análisis que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal (DF) en las primeras 12 semanas de gestación, el Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México llamó a las y los ministros para que prevalezca el marco legal actual en el DF, ya que contribuye a disminuir las muertes de las mujeres por aborto inseguro.
En un pronunciamiento entregado hoy a la SCJN, el Comité, fundado en 1993 e integrado por 26 Organizaciones de la sociedad Civil (OSC), académicas, organismos gubernamentales y organismos internacionales, señala que el aborto inseguro es un grave problema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social en México.
La misión del Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México es abatir la morbi-mortalidad materna y contribuir al ejercicio de una maternidad gozosa, decidida libremente, sin violencia y atendida con calidad para todas las mujeres mexicanas.
Entre sus integrantes se encuentran organizaciones como el Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR; Comunicación Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL); Kinal Antzetik; Population Council, oficina de México; IPAS, México; así como la doctora María del Carmen Elu, del Instituto Mexicano de Estudios Sociales, Guadalupe Carmona y Paola Sesia, enlaces del Comité en Oaxaca, entre otras.
Según cifras de la Secretaria de Salud, el aborto es la quinta causa de muerte materna en nuestro país. En el periodo 1998-2006, se registraron 11 mil 681 muertes maternas, de las cuales 814 fueron por abortos, lo que representa el 7 por ciento de éstas.
En el documento, con el sello de recibido de la SCJN, las organizaciones afirman que el debate que se está dando en la SCJN es de interés de la ciudadanía en general, de las mujeres y agrupaciones, como el Comité en particular.
DERECHOS, MATERNIDAD SIN RIESGOS Y ODM
Señala el documento que las condiciones de injusticia social e
inequidad comprometen la salud de las mexicanas, particularmente de las más pobres, poniéndolas en riesgo de fallecer por complicaciones del embarazo, parto y puerperio, incluyendo aquellas ocasionadas por aborto inseguro.
El Comité pide que la SCJN considere en su análisis la ratificación hecha por México del Plan de Acción de la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo (1994), y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer, llevada a cabo en 1995 en Beijing, en las cuales se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las personas como parte sustancial de los derechos humanos.
México, señala el Comité a la Corte, desde el año 2000 forma parte del esfuerzo internacional amparado bajo los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo objetivo 5 es el de mejorar la salud materna y su meta reducir en un 75 por ciento para el año 2015 la razón de muerte materna reportada en 1990.
Para alcanzar dicho objetivo, afirma el Comité, se requieren esfuerzos interinstitucionales decididos y políticas públicas integrales, así como el concurso de la sociedad civil organizada y de agrupaciones dedicadas al tema.
Además de que las estrategias incluidas en las políticas públicas deben reforzar las acciones orientadas a reducir los embarazos no planeados y de riesgo, dada la contribución del aborto inseguro como causa de mortalidad materna en el país.
De igual manera solicitan a las y los ministros tengan en cuenta que en su análisis que la atención integral a las mujeres en situación de aborto incluye el uso de las tecnologías de bajo costo recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y recuerdan que cada año alrededor de 150 mil mujeres son internadas en hospitales públicos por abortos en evolución, lo que representa un costo de atención por mujer de entre 600 y 2 mil 100 dólares.
Afirman también que fortalecer los programas de educación sexual existentes y facilitar el acceso a una gama amplia de métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia, así como la mejora de las condiciones de seguridad y legalidad, posibilita la reducción del número de abortos.
Consideran que en México existen aún barreras de acceso para que las mujeres, particularmente las adolescentes y aquellas que son víctimas de violencia, hagan uso de los servicios considerados en las leyes y ejerzan su derecho a la salud.
08/GT/GG
