Con la reforma del 2002 al Código Penal del Distrito Federal, los funcionarios que se nieguen a cumplir con las leyes que castigan a los agresores domésticos recibirán una sanción de 30 a 40 días de salario mínimo.
Así se dio a conocer hoy en el Primer Encuentro de Comunicadoras de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, al final del cual se firmó un acuerdo de colaboración para proyectar las realidades de la violencia intrafamiliar y sus alternativas a la población citadina a través de los medios de comunicación.
Pablo Yanes Rizo, director general de Equidad de Desarrollo Social en el gobierno capitalino, explicó durante la inauguración que existe un desconocimiento generalizado sobre las dimensiones y efectos de la violencia doméstica.
Agregó que si bien puede haber buenas intenciones, a la hora de difundir algunos datos sobre el problema que aqueja a uno de cada tres hogares capitalinos, es necesario comunicar de manera efectiva para evitar la reproducción de estereotipos y relaciones tradicionales de poder.
Comunicar, abundó, es un proceso que permite deconstruir significados en lo cultural y en lo político que a la larga permitan nuevas relaciones de convivencia entra la ciudadanía del Distrito Federal.
En su turno, Susana Tenrreija, directora de Atención y Prevención a la Violencia Familiar de la tercera ciudad más poblada del mundo, consideró que a pesar del arduo trabajo que hoy se realiza para prevenir las agresiones en el hogar, buena parte de las acciones queda en la sombra.
Por lo anterior, llamó a una alianza con los medios de comunicación masiva para llegar no solamente a las y los usuarios potenciales sino también para abrir los ojos de todos los servidores públicos, tanto en la educación, la salud y la impartición de justicia.
El Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar dio a conocer que en el primer trimestre del 2002 cinco mil 372 mujeres reportaron agresiones físicas, sexuales o anandono, así como 455 niñas y 369 niños.
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