Habitantes de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, denunciaron acoso por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Gobierno de Jalisco, debido a que estas comunidades se oponen a la construcción de la presa el Zapotillo, que pretenden llevar a cabo las autoridades.
Así lo informaron hoy las y los habitantes, durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el Centro Cultural Universitario, al sur de esta ciudad. La presa desaparecerá al menos cuatro poblados y cientos de familias, lideradas principalmente por mujeres, debido al alto índice de migración en estos pueblos, perderán sus casas y sus tierras de construirse la presa. Y aunque se les ha ofrecido la reubicación, aún no hay un proyecto que sea satisfactorio para las necesidades de la población que pretenden reubicar en nuevos poblados.
Integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (Imdec); el Colectivo COA; la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); el Espacio de Coordinación de Organizaciones por los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Espacio DESC), y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), exigieron a las autoridades de Guanajuato y de Jalisco, al Gobierno federal, y a la Conagua que se detenga definitivamente la construcción de la presa.
Las y los habitantes recordaron que en 2005 el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, se comprometió –después de la cancelación del proyecto de la presa de San Nicolás, debido a la presión de pobladores de San Gaspar– a que se buscaría un nuevo lugar para el proyecto y que la Conagua se guiaría bajo los siguientes lineamientos: «que no se afecten núcleos de población y que no se afecten grandes superficies agrícolas de alta rentabilidad.»
Los miembros de las diversas organizaciones denunciaron también que la licitación entregada para el proyecto el 20 de noviembre del 2008, no cuenta con una manifestación de impacto ambiental, la autorización para el cambio de uso de suelo para la cortina de 105 metros, así como tampoco el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la afectación al patrimonio cultural del estado con el que cuentan estas poblaciones con más de 900 años de existencia.
Las y los pobladores dijeron que no han sido informados ni consultados adecuadamente sobre el desalojo, y que las autoridades les han mentido, presionado y amenazado para que abandonen sus hogares. Además declaran que su resistencia ha sido siempre de carácter pacífico y no violento, aunque han tratado de criminalizar su movimiento.
Entre las actividades que realizarán estas organizaciones destaca: una reunión programada para hoy en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la visita al campamento de Pasta de Conchos, la elaboración de un tapete de chiles en el Zócalo capitalino el día de mañana, así como una reunión de las comunidades en el Senado.
09/AG/GG
