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Con anuencia del DIF, albergue aplica esterilizaciones forzadas

Por Anaiz Zamora Márquez
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El abuso y violencia sexual son “la lacra” que enfrentan la mayoría de las mujeres que viven con alguna discapacidad, muestra de ello son las esterilizaciones forzadas que intentan esconder violaciones sexuales y con las que se les niega su derecho a la maternidad.
 
Las organizaciones Disability Rights International y el Colectivo Chuhcan –grupo integrado y dirigido por personas con discapacidad– presentó este año un informe al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recientemente evaluó a México, y en el que da cuenta de estas violaciones a Derechos Humanos (DH).
 
En entrevista, Priscila Rodríguez, directora de la Iniciativa para los Derechos de las Mujeres en las Américas de Disability Rights International, explicó que la información se obtuvo mediante el monitoreo que realiza la organización a instituciones que atienden a personas con discapacidad.
 
El informe integrado tras la visita a 30 instituciones públicas y privadas que atienden o rehabilitan a personas con discapacidad en todo el país evidencia –explicó Rodríguez– que existe una política de pensar que las mujeres con discapacidad son personas asexuadas, sin derechos sexuales y reproductivos, lo que provoca que se les nieguen los servicios ginecológicos y de maternidad.
 
La integrante de Disability Rights International destacó que directivos de la Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo en esta ciudad y que mantiene colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), han reconocido la existencia de esterilización de mujeres y niñas.
 
Priscila Rodríguez criticó que esa Casa Hogar tuviera el argumento “descarado y alarmante” de decir que esta práctica se realiza para evitar embarazos, ya que “puede entrar el (encargado del servicio) de la luz o el del agua y abusar de ellas y embarazarlas”.
 
Las respuestas –insistió la activista– además de ser “absurdas”, indican que en las instituciones se están cometiendo violaciones sexuales que pretenden ser encubiertas mediante este argumento, que además de constituir un trato inhumano para las mujeres, viola su derecho a la reproducción del que deben de gozar todas las mujeres sin importar su condición.
 
Según consta en el informe entregado a la ONU, la Casa Hogar también consideró que muchas de las esterilizaciones fueron autorizadas por las propias familias de estas mujeres o por el DIF de algunas de entidades –institución que canaliza a algunas de las mujeres al albergue–.
 
Rodríguez consideró que hay dos razones porque las familias las esterilizan, una es porque “alguien o incluso el propio sistema (el DIF) los asustan diciéndoles que sus hijas pueden quedar embarazadas y no podrán cuidar a sus hijas o hijos”, y en casos más graves porque ocurren situaciones de incesto o violencia sexual.
 
“Por desgracia”, afirmó la experta, en las mujeres con discapacidad también se ha detectado que no pueden acceder a servicios de atención ginecológica segura y libre, pues por un lado, en servicios de salud pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de manera inmediata –según los testimonios recolectados por la organización– se les niega la posibilidad de ser atendidas por un ginecólogo.
 
Actualmente la organización internacional realiza una investigación en materia de derechos sexuales y reproductivos de esta población en el Distrito Federal, y hasta el momento ha detectado que el 40 por ciento de las mujeres encuestadas que asistieron a un ginecólogo sufrieron algún tipo de violencia sexual, incluida la violación.
 
Se encontró que incluso algunas de las encuestadas también han sido presionadas para abortar, incluso si el embarazo fue producto de una relación consentida.
 
ABUSO SEXUAL, UNA “LACRA”
 
Ana Peláez Narváez, comisionada de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, comentó para esta agencia que el abuso sexual “es una lacra que sufre esta población (personas con discapacidad) de manera además muy específica en todos los países”.
 
La comisionada se dijo preocupada de que hasta hace poco existían (y existen) naciones donde las propias legislaciones mandataban esterilizar a las personas con discapacidad sin su consentimiento, y agregó que en sus investigaciones ha descubierto que estas esterilizaciones estaban íntimamente relacionadas a abortos forzados, pues eran precisamente posteriores a un aborto producto de una violación sexual o incesto.
 
Peláez Narváez agregó que esas esterilizaciones o abortos no consentidos dejan a las mujeres sin la posibilidad de acceder a la justicia por estos delitos, pues se pierde prácticamente todo el material probatorio.
 
“Esta situación se da en todos los países, sobre todo cuando no tenemos mecanismos para garantizar la protección de estas poblaciones que viven en máximas condiciones de vulnerabilidad”, añadió.
 
Adelantó que debido a la consternación que generaron estos hechos ante en el Comité de la ONU, esperan que para 2015 el Comité se  pronuncie mediante una observación general sobre las mujeres y niñas con discapacidad, y que aborde la discriminación que enfrentan, la violencia, explotación y abuso en la que viven muchas de ellas, así como el limitado acceso a sus derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la maternidad.
 
Ambas especialistas coincidieron en que es urgente que el Estado mexicano tome con seriedad las recomendaciones recientemente realizadas por el Comité en relación a la falta de aplicación del Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que sería un primer paso para avanzar en la erradicación de este tipo de abusos.
 
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