Ninguna niña o niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación, dice la ONU, pero Felipe Calderón hará exámenes antidoping a las y los alumnos de escuelas, como parte de su programa Limpiemos México.
Es una solución policíaca a una problemática social, una medida grave e inadecuada, que va contra la niñez y la juventud mexicana, advierte Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC).
«Se actúa en contra de quienes precisamente son las más evidentes víctimas del narcotráfico; las niñas y los niños, quienes pasan de afectados a sospechosos y posibles delincuentes», afirma el organismo.
No podemos aceptar que las autoridades nos confundan; la seguridad pública y los derechos humanos son un binomio indisoluble, no se trata de elegir entre uno u otro. «Se trata de asegurar el respeto irrestricto a las niñas, niños, y adolescentes en nuestras escuelas, indica la organización civil.
El Programa Limpiemos México fue anunciado por Calderón el pasado mes de julio y consiste en una estrategia nacional de seguridad, que incluye revisiones médicas antidoping a las niñas y niños de 8 mil escuelas en una primera etapa, para detectar en uso de drogas en alumnas y alumnos de primarias, secundarias y preparatorias a partir de este ciclo escolar.
CADHAC respondió de inmediato: la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada es uno de los principales retos de la sociedad mexicana, pero que en la medida que el Estado se enfoque en acciones represivas y policíacas que afecten la integridad física y moral de la persona, sin aplicar medidas sociales para abatir de raíz el problema del crimen, «la espiral de violencia generalizada contra la población continuará, alentada incluso, por el mismo Estado».
Este operativo se sumó a los operativos «mochila» y los virtuales toques de queda que se realizan en varias entidades del país y que las organizaciones de la sociedad civil han denunciado como violatorios de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Limpiemos México contempla tres proyectos: El programa Zona de Recuperación, Escuela Segura y Centros de Atención Primaria de Adicciones y Salud Mental.
En este sentido CADHAC abunda: «para justificar esta clase de programas, los funcionarios federales esgrimen el argumento de la necesidad de aplicarlos como parte del combate a la delincuencia organizada, así como a que es iniciativa de los padres».
Sin embargo, los tratados internacionales y la jurisprudencia de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen claramente que no se puede alegar un estado de necesidad para suspender de forma alguna los derechos humanos, ni para violar la Constitución nacional.
Y estos programas violentan los derechos de las y los menores de edad y se colocan por encima de los tratados internacionales suscritos por México en materia de Derechos Humanos, lejos de actuar contra la falta de oportunidades, la pobreza, la falta de educación y contra la violencia familiar, principales artífices de la drogadicción.
De eso debe informar hoy Felipe Calderón a las y los mexicanos, porque los derechos humanos de las y los niños, así como de la adolescencia mexicana constituyen una obligación para el gobierno, más allá de las estrategias que pretenden limpiar el país.
07/GT/GG/CV
