Con dignidad, madres de víctimas abaten el frío en caminata a Chihuahua

La “Caminata por la vida” que realizan madres y padres de familia de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez, espera llegar entre mañana y el sábado a la capital Chihuahua para exigirle al gobernador, César Duarte, respuestas concretas por los casos aún no resueltos de asesinatos de mujeres.
 
La caravana, que inició el martes pasado en medio de las bajas temperaturas que azotan a la entidad, ha recorrido hasta hoy más de 140 kilómetros de los 350 que separan a la localidad fronteriza de la ciudad de Chihuahua.
 
Las madres y padres de familia esperan en breve reunirse con Duarte, para demandarle que esclarezca de manera inmediata los homicidios de mujeres que han ocurrido en Juárez desde hace 20 años.
 
Y es que el feminicidio en esa urbe ha alcanzado cifras alarmantes: tan sólo en 2010 se registraron 584 asesinatos por razón de género. La Red Mesa de Mujeres reportó en octubre pasado que según datos de la Fiscalía General de Chihuahua, unas 2 mil jóvenes de entre 14 y 19 años de edad están desaparecidas en Ciudad Juárez.
 
De acuerdo con Norma Ledezma, dirigente de Justicia para Nuestras Hijas, las madres indignadas llegaron anoche al municipio de Valle Ahumada, a 150 kilómetros de la capital del estado.
 
Toda vez que la marcha no se detiene, pues son relevadas las y los integrantes que quieran descansar, la activista contra el feminicidio dijo que esperan llegar muy pronto a reunirse con el mandatario estatal, quien manifestó su disposición de recibir a las inconformes.
 
Encabezada por Francisca Galván, asesora jurídica del Comité de Madres de Jóvenes Desaparecidas, la caminata inició tras el sepelio de la joven Beatriz Alejandra Hernández, desaparecida en abril de 2010 y cuyos restos fueron identificados y entregados a sus familiares el pasado 13 de enero.
 
Cabe mencionar que la caravana es escoltada por un vehículo de la Fiscalía General del estado y una ambulancia.
 
Ernesto Refugio Jáuregui Venegas, titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, ofreció a la caravana un traslado inmediato en vehículos a Chihuahua, así como hospedaje en un hotel, lo que las madres rechazaron, pues –subrayaron– la caminata es “una protesta”.
 
“Buscamos que el gobierno ponga fin a esta tortura y nos entregue a nuestras hijas; exigimos que si no están preparados con un equipo en pruebas periciales lo consigan; necesitamos resultados contundentes de delitos que no se han frenado desde hace 20 años”, remarcó Francisca Galván.  
 
A decir de la abogada, los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado y el Instituto Chihuahuense de la Mujer son insuficientes ante una problemática que lejos de erradicarse, va en incremento.
 
PROMESAS
 
La semana pasada arribó a Juárez un equipo internacional de cuatro peritos, cuya misión es contribuir al esclarecimiento del asesinato de ocho mujeres encontradas en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.
 
A raíz de ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó en 2009 al Estado mexicano por permitir la impunidad, y negar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.   
 
Uno de los mandatos de la CoIDH es la participación de expertas y expertos internacionales para analizar nuevamente los expedientes del caso y determinar las fallas en la investigación. El equipo pericial también es una añeja demanda de grupos civiles y familiares de las víctimas del feminicidio en Chihuahua. 
 
Aunque los peritos aún no se reúnen con las y los activistas –como se preveía a inicios de esta semana–, las defensoras de Derechos Humanos reiteran que solicitarán que la labor de los especialistas se extienda a la revisión de más expedientes y no sólo a los de Campo Algodonero.
 
En tanto, César Duarte ha señalado que la nueva dinámica de seguridad impulsada por el gobierno federal “permitirá agilizar los mecanismos para encontrar a las personas desaparecidas y brindar a sus familiares avances definitivos”.
 
Mencionó que la Fiscalía General realiza “puntualmente” todas las investigaciones demandadas por las madres de las víctimas.
 
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