El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) anunció que iniciará una campaña pidiendo la liberación de Concepción Moreno Arteaga, defensora de los derechos humanos de las y los migrantes, detenida el 9 de marzo de 2005 y sentenciada a seis años de cárcel, y que hasta hoy permanece recluida en el Cereso femenil de San José el Alto.
En conferencia de prensa, realizada en las instalaciones del Centro Prodh, la organización dio también a conocer que ha asumido la defensa integral de Concepción Moreno, quien fue detenida de forma irregular por agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que la acusaron de tráfico de migrantes por estar alimentando a un grupo de extranjeros, como informaron los propios agentes.
Para su defensa se realizará una serie de acciones, tales como sumarse a organizaciones especializadas en derechos humanos, entre ellas Sin Fronteras, y tratar de hacer una agenda clara sobre el tema.
«La importancia del caso de la señora Concepción Moreno Arteaga, defensora de los derechos humanos, radica en que es emblemático para dos temas fundamentales en la búsqueda de una justicia eficaz y expedita en nuestro país: la necesidad impostergable de consolidar la reforma del sistema de justicia penal y la vulnerabilidad de las y los defensores de derechos humanos, principalmente de migrantes que abogan en comunidades marginadas», dijeron en la conferencia de prensa.
El caso de «Doña Conchis» es un tema fundamental para la búsqueda de la construcción de una cultura plena y vigente de los derechos humanos.
En su momento, Santiago Aguirre, representante legal del caso de la señora Concepción, reiteró que en el parte informativo que rindieron los agentes federales literalmente asentaron que ella fue detenida en fragrante comisión de delito por estar alimentando a un grupo de extranjeros.
El abogado defensor destacó que a pesar de los vicios evidentes de las supuestas pruebas de cargo, el 31de octubre de 2005, el juez de la causa dictó en contra de Concepción Moreno un auto de formal prisión y la sentenció a seis años de prisión, por tratarse de un delito que la ley considera grave.
Santiago Aguirre reconoció que la propia ley induce a cometer estas aberraciones, debido a que la Ley General de Población, Artículo 138, párrafo II, por el que la señora Concepción fue procesada y sentenciada, establece como delito la conducta de la persona que, con propósito de tráfico, dé albergue para ocultar a las y los extranjeros de una revisión migratoria.
Durante la conferencia, en la que participaron los padres Alejandro Solalinde, de Oaxaca, y Herman Vázquez, de Arriaga, Chiapas, la presidenta de Amnistía Internacional, Liliana Velásquez, y familiares de «Doña Conchis», el abogado defensor subrayó que «el hecho de que las y los migrantes tengan una situación migratoria irregular no exime al Estado mexicano ?como a ningún otro- de su obligación de garantizar los derechos humanos».
Agregó que «la limitación al pleno ejercicio de los derechos humanos vulneraría su carácter universal y constituiría discriminación».
LOS HECHOS
Al hacer la narración de los hechos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que: «desde hace algunos años, habitantes de la comunidad El Ahorcado, Querétaro, se han acostumbrado a la cotidianidad del tránsito de personas provenientes de El Salvador, Honduras o Guatemala, que suelen pedir a las y los habitantes comida, agua o vestido.
«La tarde del 9 de marzo, doña Concepción se disponía a dar de comer a seis migrantes hondureños que habían llegado esa tarde a su puerta, cuando cinco elementos de la AFI descendieron de un vehículo frente a su casa, amenazaron con armas de fuego a las personas presentes.
«Una vez dentro de la casa, los integrantes de la AFI empezaron a golpear a los migrantes, obligándolos a recostarse en el suelo mientras les pateaban el vientre y los costados. Después de allanar los cuartos de la vivienda y registrar las pertenencias de la familia Moreno, los agentes federales ordenaron a los hondureños a subir a la camioneta, deteniendo también a la señora Concepción.
«Más tarde, en su parte informativo, los agentes asentaron que la habían encontrado en flagrante comisión de delito, ya que estaba alimentando a un grupo de extranjeros».
El Centro Prodh exigió la inmediata liberación de Concepción Moreno Arteaga, dado que se trata de una defensora de derechos humanos consignada en un proceso injusto y plagado de irregularidades.
También pidió que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento e intimidación en contra de todas y todos los defensores de derechos humanos en México, particularmente de aquellos que defienden a migrantes en tránsito por nuestro país.
Y que se asegure «la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo que se refiere a la protección del derecho de toda persona y a garantizar la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraría resultante del ejercicio legítimo de los derechos humanos mencionada en la Declaración», como indica su Artículo 12.2, puntualiza el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
07/MLT/GG/CV
