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Confían en que PGR se desista de acusación contra activista

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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La defensa jurídica de la estudiante Jacqueline Selene Santana López –a quien ocho policías federales intentaron secuestrar y luego la acusaron del supuesto robo de 500 pesos a una agente– solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) el “desistimiento de la acción penal” contra la joven.
 
Lo anterior lo informaron en rueda de prensa los abogados Sergio Soto Nájera y Guillermo Naranjo, defensores de Jacqueline Santana, quien lleva dos meses recluida en el Centro de Readaptación Social de Santa Marta Acatitla, en esta capital, pero que podría quedar en libertad inmediata si la PGR se desiste de las acusaciones.

Los defensores de la joven, que se asume como luchadora social, presentaron el pasado 13 de enero ante la subprocuraduría de Control de Procesos Penales Federales, de la PGR, pruebas que demostrarían que Jacqueline no cometió el “robo calificado con violencia” que se le imputó el 15 de noviembre de 2014, días antes de la megamarcha del 20 de noviembre en apoyo a las familias de los normalistas “desaparecidos” en Ayotzinapa, Guerrero, a la que Santana López iba a participar.
 
Según comprobaron los abogados mediante videos del Gobierno del Distrito Federal (GDF), la estudiante de 23 años no fue detenida en flagrancia sino que fue sometida y secuestrada afuera de su domicilio por policías federales vestidos de civil, quienes al ser interceptados por agentes del DF se identificaron como integrantes de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, de la Policía Federal (PF), y la llevaron ante el Ministerio Público de la delegación Venustiano Carranza para acusarla de un supuesto robo.

Además, las pruebas dactiloscópicas (huellas digitales) que solicitaron los abogados al GDF concluyeron que el arma blanca con el que supuestamente fue atacada la mujer policía no tiene las huellas de Jacqueline.

A esto se agregó que funcionarios del MP enviaron el billete de 500 pesos que supuestamente fue robado a la policía en el mismo paquete que otros billetes del mismo monto al Centro Nacional de Bienes Asegurados, de la PGR, con lo que “se perdió la prueba principal que demostraría que la joven realizó el robo”, dijo Guillermo Naranjo.

Asimismo, los abogados presentaron ante la PGR la primera declaración de los policías que habrían fungido como testigos del delito, en la cual consta que uno de ellos habla de sí mismo en tercera persona. “Esta declaración hace ver que los testimonios sólo se copiaron y pegaron”, explicó la defensa.

Además, hasta ahora los agentes federales no han logrado explicar por qué estaban realizando operaciones en una demarcación que no es federal sin una orden y vestidos de civil.
 
De acuerdo con los abogados, la senadora por el Partido del Trabajo Layda Sansores, y el senador por el PRD Alejandro Encinas Rodríguez pidieron en una audiencia el pasado 13 de enero a Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, que se desista de la acción penal contra la joven, ya que “no hay pruebas suficientes para procesarla”.

Hasta esta tarde, la defensa y los familiares de la joven, quien es estudiante de excelencia de la carrera de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aguardaban una respuesta de la PGR.

Jacqueline lleva recluida más de dos meses en el penal de Santa Martha Acatitla, luego de que el Juzgado 39 de Distrito (competente del fuero común) ignorara las violaciones al debido proceso que los abogados documentaron en su momento, y ordenara el auto de formal prisión en contra de la activista.
 
El 16 de diciembre de 2014 su caso fue turnado al Juzgado 13 de Distrito en Procesos Penales por tratarse de un delito cometido contra una agente federal, el cual convalidó la sentencia del Juzgado 39 y declaró que “no es momento procesal”, por lo que habrá de desahogar nuevamente las pruebas hasta febrero próximo.

Sin un desistimiento por parte de la PGR, los abogados advirtieron que el juicio para determinar la inocencia de la joven podría durar hasta siete meses; sin embargo –observaron–, si se siguen poniendo trabas como hasta ahora, el caso tardará más de un año en resolverse.

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