Tras considerar que «no es el recurso más adecuado», senadores de la República «congelaron» ayer una Ley de Amnistía para el caso de las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, presas y acusadas de «secuestrar» a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
Cabe recordar que el proyecto de decreto de la Ley de Amnistía presentado en el pleno del Senado por el perredista Pablo Gómez Álvarez, el 16 de marzo pasado, proponía la liberación de Alberta, Teresa y todos aquellos contra los que se ejerció acción penal por los hechos ocurridos en el operativo del 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, Querétaro.
Y en caso de aprobarse- señala el documento- las autoridades judiciales y administrativas competentes estarían obligadas a liberar a las y los detenidos, sin importar el momento procesal, así como a cancelar las órdenes de aprehensión pendientes.
El mismo día que se presentó el proyecto de decreto, Carlos Navarrete, presidente de la Mesa directiva del Senado, lo turnó a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, donde permanece.
El abogado Leopoldo Maldonado Gutiérrez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo a Cimacnoticias que de haberse aprobado esa iniciativa, no se hubiera reconocido plenamente la inocencia de ambas mujeres y que sus familias no buscan el perdón, ni la benevolencia.
Además, dijo, la Ley de Amnistía podría no descartar los delitos y obligarlas a reparar el daño a las «víctimas», es decir a los agentes que supuestamente secuestraron.
Consideró que dicha ley no es adecuada y que podría usarse sólo como último recurso, pero dijo que el objetivo es acreditar que no existió el secuestro y por lo tanto Alberta y Teresa no pueden ser responsables del delito. En este sentido, señaló que esperan una resolución favorable por parte de la SCJN: que las absuelva y por tanto sean liberadas.
OPORTUNIDAD HISTÓRICA
El 9 de agosto de 2006, Alberta y Teresa fueron sentenciadas por primera vez a 21 años de prisión, hecho que fue apealado por su defensa. Sin embargo el 19 de febrero de este año, el juez Cuarto de Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi confirmó dicho veredicto.
En este contexto, el Centro Prodh decidió interponer un recurso de apelación a la segunda sentencia, fue entonces que el 29 de marzo la Primera Sala del máximo tribunal atrajo el caso, por lo que ahora ambas indígenas se encuentra en espera de la resolución que emita la SCJN.
Es de destacar que Jacinta Francisco Marcial -indígena otomí acusada por los mismos delitos que Alberta y Teresa- fue liberada el 16 de septiembre de 2009, luego de que la Procuraduría General de la República decidió presentar conclusiones no acusatorias contra ella.
Tomando en cuenta estos hechos, Maldonado Gutiérrez aseguró que la SCJN tiene una oportunidad histórica para sentar precedentes y que el Estado mexicano deje «de abusar» de las acciones penales para criminalizar la protesta social.
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