La llegada al Congreso español de propuestas sobre la legalización de la prostitución en los últimos meses ha puesto nuevamente de manifiesto la existencia de dos posturas enfrentadas dentro de los movimientos sociales que luchan por los derechos de estas mujeres.
Así, mientras el Congreso reabría el debate, el Parlamento de Cataluña ultimaba un anteproyecto de ley de Regulación de la Prostitución.
El debate ha cobrado mayor fuerza en Europa ante la alarma del aumento de mujeres forzadas a prostituirse en Alemania con motivo del Mundial de futbool.
En este contexto, la presidencia del Consejo Europeo y la Comisión Europea organizarán una conferencia sobre el tráfico de seres humanos y la explotación sexual que reunirá a expertos de los 25 estados miembros los próximos 26 y 27 de junio en Bruselas, informó Canal Solidario.
En España, las discusiones sobre la realidad de esta práctica y la postura de las organizaciones relacionadas con el tema, no se han hecho esperar y se ubican la postura «legalizacionista» y la tendencia «abolicionista».
La prostitución en España ha aumentado considerablemente en los últimos años (se calcula que existen alrededor de 300 mil trabajadoras sexuales), especialmente tras la llegada masiva de inmigrantes de países de Europa del Este y América Latina.
Ambas posturas parten de una base de lucha por la dignidad de la mujer, pero no coinciden en sus métodos. La ‘abolicionista’ asegura que cualquier forma de explotación sexual de las mujeres representa una expresión de la violencia de género (poder y humillación), mientras que ‘legalizacionista’ respeta el derecho de elegir este campo de trabajo y aboga por condiciones de dignidad laboral.
Derecho a elegir y condiciones para ello
La regulación de lo que se ha llamado el oficio más viejo del mundo no es un tema nuevo en Europa. Países como Holanda y Alemania ya han incluido en sus legislaciones códigos que otorgan derechos a las prostitutas a ejercer su trabajo y les dotan de condiciones de seguridad para ello.
La postura del Colectivo en Defensa de las Prostitutas Hetaira, asegura que en el país se vive una situación de «Alegalidad», ya que, aunque el ejercicio no constituye un delito, las personas que lo ejercen carecen de derechos reconocidos.
En su Manifiesto por los Derechos de las Prostitutas, Hetaira pide que se reconozca y respete la dignidad de estas trabajadoras y su capacidad de decidir, sin coacciones, a qué quieren dedicarse y cómo o con quién quieren establecer acuerdos comerciales.
Comisiones Obreras (CC OO); también ha afrontando parte de este planteamiento en las discusiones que tuvieron lugar recientemente en el Congreso de los Diputados, donde reclamaron que la prostitución se considere «como un trabajo» y que se legalice como tal en toda España.
En su proyecto de ley para regular el ejercicio de la prostitución, el gobierno de Catalunya se refiere a ella, no como profesión, pero sí como «servicios sexuales remunerados», como dicta una normativa del Tribunal de Luxemburgo.
Tanto los impulsores de esta ley, como otros colectivos que apuestan por la regulación, insisten en que el debate no es si legalizar o no esta práctica, pues no es ilegal en España igual que no lo es en el resto de Estados de la UE (con excepción de Suecia): en 1995 dejó de ser un delito en España, con la modificación del Código Penal por parte del Congreso de los Diputados.
Lo que sí es ilegal en todos los países de la UE es el tráfico de seres humanos, la explotación, lucrarse con el trabajo ajeno de prostitutas y las coacciones y mafias que a menudo rodean esta práctica.
En ese sentido, los defensores de la regulación advierten que ésta perimtirá mayor transparencia y capacidad para luchar contra las mafias y abusos.
Violencia de género
Pero mientras unos recuerdan la despenalización de 1995, los sectores abolicionistas recuerdan que en 1984 España ratificó la convención de la ONU que obliga a los estados a tomar medidas para eliminar toda discriminación contra las mujeres, incluida la prostitución.
Buena parte de las ONG y oganizaciones de mujeres han mostrado su rechazo a cualquier manera de legalización de la prostitución. En el debate que se generó en el Congreso, Médicos del Mundo puso de manifiesto que el ejercicio de este oficio perjudica gravemente la salud y calidad de vida de las mujeres prostituidas, además de representar una forma más de violencia de género.
Esta postura ‘abolicionista’ pretende erradicar el intercambio de sexo por dinero, con medidas que van desde su prohibición expresa hasta la penalización o castigo de los clientes e incluso de las prostitutas.
La Plataforma por la Abolición de la Prostitución, considera que «regular significa legitimar, y no se puede legitimar el hecho de poner precio al cuerpo de una mujer».
Por su parte, la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas opinan que el reconocimiento legal de la prostitución supondría «potenciar la trata de mujeres con fines de explotación».
Otros movimientos como la Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género y el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) recuerdan las redes de explotación que se hallan muchas veces detrás de estos colectivos, por lo que aseguran que reconocerles el estatus de trabajadoras autónomas puede servir a los intereses de los explotadores.
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