La Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), que abrió la semana pasada su Primer Centro Integral de Violencia Contra Mujeres Migrantes y Refugiadas, realiza una búsqueda intensa de personas a quien ayudar, pero siempre enfrentándose a situaciones difíciles, derivadas de la falta de una legislación suficiente y al miedo de la deportación, explica su presidenta, Natividad Obeso.
Para Argentina, la migración de mujeres es un problema de primer orden, pues está convirtiéndose en un fenómeno creciente, como lo indica las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que indican que la migración que más creció en los últimos años fue la migración de mujeres solas que proviene de Bolivia, Perú y Paraguay.
‘Son mujeres extremadamente vulnerables de sectores muy pobres, muy jóvenes, sin una educación básica y sin documentación ?detalla Flor Rojas, comisionada de ACNUR. Y «como llegan a una sociedad carente de servicios básicos, se insertan en el servicio doméstico o en labores informales del mercado público»‘, como los talleres fabriles o la venta callejera.
La inserción al mercado laboral tiende a emparentarse con la nacionalidad: mientras que las mujeres bolivianas suelen emplearse en la confección de prendas, las peruanas y las paraguayas se inclinan por las tareas del hogar.
UNFPA señala que el servicio doméstico es uno de los mayores sectores laborales que impulsan la migración internacional de mujeres. No obstante, si bien ha proporcionado a millones de migrantes la oportunidad de mejorar sus vidas y las de sus hijos, el hecho de que ese trabajo se realiza a puertas cerradas puede colocar a esas mujeres en grave situación de riesgo.
CON O SIN ESCUELA
Natividad Obeso cuenta que hace cosa de un mes, se entrevistó con una chica que no pasaba los 20 años y trabajaba en un taller clandestino del Bajo Flores. El capataz era un hombre boliviano que la empleó cuando era adolescente y tenía la costumbre de acostarse con todas las costureras del lugar y mandarlas a los chicotazos. La chica quedó embarazada y entabló una relación con un joven de su edad, que la quiso sacar del taller y se puso en contacto con AMUMRA.
«Fuimos con un abogado a sacarla de ahí y nos encontramos con que el lugar estaba completamente vacío. Se llevaron todo, máquinas y gente. Todavía la estamos buscando».
Lesia Paliuk también forma parte de AMURA. Es ucraniana y hace poco formó la Asociación Civil de Migrantes y Refugiados de Europa Oriental, ORANTA. Viajó a la Argentina hace diez años, cuando estalló la planta de energía nuclear de Chernobyl y el gobierno del ex presidente Carlos Menen firmó un convenio para recibir a los 60 mil ucranianos que huyeron de las cercanías del lugar.
Pero el acuerdo sólo facilitó la entrada al país, cuenta Lesia, porque a los ucranianos nadie los recibió en suelo extranjero, los traductores brillaron por su ausencia y los títulos universitarios, sin validez en Argentina, pasaron a valer su precio en papel.
Lesia es economista y trabajó muchos años en empresas ucranianas, pero desde que vive en Argentina no pudo volver a ejercer su profesión. Su ex marido es ingeniero y llegó al país con ella y con un hijo, que en ese entonces tenía 13 años. «Sin idioma y sin título, empezó a trabajar de albañil, que era lo único que conseguía. Se deprimió mucho, tomaba y se ponía muy violento conmigo y con el hijo». No dice cuántos años soportó la situación, pero fueron muchos.
En medio de una situación así, Lesia cuenta que hace cinco tuvo una hija. Y una noche se fue con la nena a una comisaría a denunciar la situación de violencia que padecían, pero ahí le dijeron «Acá usted no puede radicar la denuncia, porque no es la seccional que corresponde a su domicilio». Insistió, porque tomar la decisión no le había resultado nada fácil. Eran las once y no quería volver sola. El oficial de turno prometió mandar un patrullero que nunca llegó.
Así quedaron las cosas, hasta que empezó a colaborar en la redacción de la nueva ley migratoria, en la que intervino el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y alguien de ahí la asesoró. «Una no sabe cómo defenderse -dice Lesia y los ojos se le humedecen-. No sabe que no tiene por que aguantar una situación así».
VIOLENCIA SIN FRONTERAS
Eugenio Ambrosi, director regional para el Cono Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es contundente: «Las víctimas de violencia tienen derecho a ser protegidas más allá de su situación migratoria. El hecho de no tener los papeles en regla, no las expone a la violencia impune. Lo que pasa es que las personas que están en una situación irregular, tienen miedo de denunciar y en general, no saben que están asistidas por el derecho nacional e internacional».
La Ley Migratoria de 2004, elogiada por especialistas de todo el mundo por ser una de las más avanzadas en derechos humanos, y el Plan Patria Grande son los dos instrumentos locales que más se mencionan a la hora de hablar de avances en el bienestar de los migrantes.
En cuanto a los pactos internacionales, Argentina dio rango constitucional a muchos de ellos, como la Convención Sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) que puede y debe aplicarse para la protección de las mujeres migrantes que sufren cualquier tipo de violencia, incluida la familiar.
Falta la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 16 años, con muy bajo nivel de adhesión entre los Estados parte.
Para Ambrosi, «la violencia de género entre las parejas migrantes suele ser previa al traslado y está más vinculada a la situación de pobreza y a cierta naturalización de la problemática, que a la migración en sí misma».
DE TRATA Y TRÁFICO
No obstante, el especialista advirtió sobre la violencia externa a la que también están expuestas las mujeres migrantes, sobre todo las que viajan solas, y señaló que «la trata y el tráfico de personas son los delitos que más preocupan en la región».
«En los últimos 40 años, las migraciones femeninas cambiaron ?explicó Ambrosi-. Antes las mujeres seguían a los hombres y se mudaban en familia en cambio ahora, la mayoría se traslada sola, movida por un proyecto de vida personal».
Son los aspectos «positivos» y «negativos» que señaló su colega Brunson McKinley, director general de la OIM, a su paso por Buenos Aires el mes pasado.
«Lo positivo es que las mujeres hoy buscan mejorar sus ingresos y son capaces de migrar para traer el pan a su hogar ?precisó. Antes el hombre era el que migraba y ahora son las mujeres jefas de hogar las que migran, sobre todo después de la llamada liberación femenina».
«Ahora bien ?continuó McKinley-, lo negativo es que muchas veces son víctimas de personas inescrupulosas que mediante engaños, las buscan para explotarlas sexualmente».
Migrar solas, sin el contexto familiar, las deja más expuestas a la trata, el tráfico de personas y la explotación sexual, una de las formas más terribles de violencia y coacción.
Los directivos de la OIM señalaron que al provenir de países pobres son presa fácil de engaños y secuestros, perpetrados por redes internacionales que también actúan en el Cono Sur.
«Argentina es país de destino de la trata internacional, a diferencia del Paraguay, República Dominicana o Brasil que generan más de lo que receptan», afirmó Ambrosi y advirtió sobre el tráfico y la trata interna, otra de las aristas que cobra el delito a nivel local.
«En el comercio sexual, las reglas también las impone el mercado: Argentina es un país que consume explotación sexual y laboral porque acá hay un mercado irregular, en negro, ilegal, que sostiene esta demanda».
No obstante, la trata de personas todavía no está contemplada en el Código Penal, un vacío legal que dificulta su penalización. El 6 de diciembre de este año, el Senado Nacional aprobó por unanimidad un proyecto de ley que la tipifica como «delito federal», establece penas de 3 a 15 años de prisión a sus perpetradores y un cuerpo de derechos y garantías para las víctimas.
El proyecto, que necesita la sanción definitiva de la Cámara de Diputados, contempla como delito la prostitución, el sometimiento a trabajos forzados, las situaciones de esclavitud y hasta la extracción de órganos y castiga, además, la recepción y el albergue de personas para cualquier tipo de explotación ilegal.
«El país todavía no tiene una ley, pero estamos más cerca», concluyó Ambrosi, que en los próximos días presentará el primer estudio cualitativo de la problemática en la región en el que se describen, por ejemplo, las mecánicas de reclutamiento en las distintas provincias y el accionar de los traficantes, que reclutan y explotan a las víctimas o las venden a otra organizaciones o las alquilan a las «wiskerías».
MIGRACIÓN EN CIFRAS
El Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) afirma que las mujeres migrantes ascienden a 95 millones, esto es la mitad del total de personas que dejan sus países de origen y se desplazan a otros, para mejorar su calidad de vida.
En la Argentina, según el último censo nacional, la población extranjera alcanza a 4,6 por ciento de la población total, esto es algo más de un millón y medio de no nativos de los cuales, casi dos terceras partes vino de países limítrofes.
Según ACNUR, la migración que más creció en los últimos años fue la migración de mujeres solas que proviene de Bolivia, Perú y Paraguay.
«En todo el mundo, se han registrado denuncias de malos tratos y explotación ?dice el organismo-. Las trabajadoras domésticas han sido objeto de ataques físicos, violación y trabajo abrumador; además, se les ha denegado su remuneración, días de descanso y acceso a servicios médicos».
Según las últimas cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo hay 2,4 millones de personas que trabajan en condiciones de explotación y cada año, entre 600 y 800 mil son objetos de la trata de las cuales, el 80 por ciento son mujeres y niños.
06/NL/GG
