«Las mujeres tienen que pagar un alto precio cuando se olvidan de que tienen que vivir bajo el control de los hombres», así resume un joven pakistaní lo que sucede con las mujeres de su país que buscan construir su autonomía y terminan asesinadas por los varones de la familia bajo una justificación socialmente aceptada: el crimen de honor.
Ser mujer y romper las reglas masculinas de la sumisión tiene un precio que se paga con la vida. Precio que los hombres se cobran en lo individual o lo colectivo.
Bajo el grito «aquí mandan los hombres», el pasado 8 de mayo una turba masculina del municipio de San Juan Cotzocón, en Oaxaca, intentó quemar viva a la tesorera de la agencia municipal Emiliano Zapata, Evitelia Pachecho Ramírez.
Su delito, no estar bajo el control de los hombres, encabezar, junto con dos mujeres, el gobierno en la agencia municipal de Emiliano Zapata. Desde la misoginia esto es faltar al «honor masculino».
Por ello el profesor Melchor Guzmán Cruz puede azuzar a la turba con frases como «¡esta vieja no ha aprendido que en este pueblo mandamos los hombres, chingada madre», y para hacer entender quien manda están dispuestos a vejarla, encarcelarla e intentar quemarla.
Esta violencia que se desata cuando una mujer transgrede el autoritarismo masculino, por desgracia no es privativo ni de Pakistán ni de México; es una práctica común cuando las mujeres ingresan al mundo público y rompen las reglas del control patriarcal.
Ejemplos hay muchos, cuando las mujeres se suman para disputar el poder, la respuesta masculina es violenta. El objetivo es desaparecerlas del escenario público, o como dijo en su momento el alcalde Saúl Cruz Vázquez, cuando ordenó destruir las boletas electorales que daban el triunfo a la hoy presidenta del Congreso oaxaqueño, Eufrosina Cruz, hacerlas entender que «aquí las mujeres no existen».
Pero por más que intenten las mujeres existimos y alzamos nuestras voces para evidenciar la violencia y exigir castigo para los agresores, como lo hemos documentado en Cimacnoticias.
Aquí ninguna autoridad oaxaqueña se salva de la responsabilidad que tiene para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Desde la cabeza del gobierno oaxaqueño hasta la última dependencia, deben tomar medidas y castigar a los agresores tanto de la tesorera Evitelia Pacheco Ramírez como de sus compañeras de gobierno.
Nadie puede tomarse la justicia en propia mano y las autoridades no pueden fomentarla. Si hay posible desvío de fondos, como dice el comunicado de hoy de «los habitantes» del municipio de San Juan Cotzocón, que se investigue.
Pero que ese argumento no sea pretexto para dejar en la impunidad la violencia vivida por Evetelia Pacheco Ramírez, el pasado 8 de mayo. La omisión o dilación de la justicia para la tesorera será síntoma inequívoco de la falta de voluntad política para garantizar a las oaxaqueñas una vida libre de violencia.
México firmó en agosto de 2007, en Quito, Ecuador, el Consenso de la Décima Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y El Caribe para adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos.
Ninguna institución del Estado, del municipio o de la Federación se salva de la responsabilidad que por mandato constitucional, por la Ley General de Acceso y por acuerdos internacionales, tienen con las ciudadanas para detener la violencia que se ejerce en su contra.
Y ya sea por omisión o por negligencia, las autoridades se volverán cómplices de los agresores si no actúan y no castigan a los culpables.
* Directora general de CIMAC A.C.
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