Inicio Crímenes y violencia contra las mujeres, distinguen al gobierno

Crímenes y violencia contra las mujeres, distinguen al gobierno

Por Anayeli García Martínez

La persistencia y aumento del hostigamiento a defensores de Derechos Humanos, (DH) crímenes contra periodistas, y violencia contra las mujeres, reflejan que el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), implementado por Felipe Calderón “es una herramienta que no ha logrado avances significativos”.

De acuerdo con un balance hecho por Karime Suri, coordinadora del Área política, social y de DH de Incide Social, Organización No Gubernamental (ONG) con amplio trabajo en la investigación y capacitación en políticas y desarrollo social de derechos humanos, indica que hasta ahora no se ha cumplido con el objetivo de favorecer las políticas públicas en materia de DH.

Mencionó que mientras las organizaciones de la sociedad civil han pugnado por establecer mecanismos y estándares en materia de DH, el anterior secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se dedicó a descalificar el trabajo de las y los defensores.

Un hecho grave, consideró, si se toma en cuenta que esa dependencia tiene a su cargo la Unidad Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH).

EL RECUENTO

Durante 2009 México fue el segundo país que recibió el mayor número de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas violaciones a los Derechos Humanos (DH).

De acuerdo con el Informe Anual 2009 de este organismo internacional, en ese año recibió mil 431 denuncias, de las cuales 232 corresponden a México. Es decir sólo fue superado por Colombia, quien suma 237 denuncias.

El informe destaca también que durante el año pasado México fue el país que acumuló más casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), debido a que la CIDH trasladó tres casos a este tribunal.

En el tema de DH de las mujeres la militarización del país, las leyes a favor de la vida y las fallas en el sistema de procuración de justicia, han contribuido a que no puedan ejercer ni gozar plenamente de sus garantías individuales.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que una de las finalidades del Estado es garantizar que toda persona esté en posibilidad de ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Sin embargo, desde que Felipe Calderón Hinojosa comenzó su administración, las políticas encaminadas a este fin han sido contrarias.

Una de sus primeras acciones fue sacar al Ejército mexicano de los cuarteles como parte de su estrategia de seguridad y de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Con este hecho las violaciones a DH aumentaron; según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta la fecha ha recibido 4 mil 035 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La militarización del país también significó un aumento de las agresiones sexuales contra mujeres.

Durante el primer semestre de la administración Calderonista, se conoció el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl de 73 años, originaria de la Sierra Zongolica, quien perdió la vida tras ser violada presuntamente por soldados.

La postura de Felipe Calderón quedó evidenciada cuando en una entrevista al diario La Jornada, afirmó: He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica (tras una presunta violación tumultuaria por militares). La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada.

Días después, esta conclusión fue respaldada por José Luis Soberanes, titular de la CNDH, quien en su informe sobre el caso, determinó que no hubo violación.

Luego de que Felipe Calderón mostró su apoyo a las fuerzas armadas, la confiabilidad y credibilidad del Ejército comenzó a demeritarse, al igual que la de la CNDH, quien ese año aumentó su presupuesto a más de 700 millones de pesos.

DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

De acuerdo con Agniezka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, hasta ahora, las acciones del gobierno federal para combatir la violencia de género han quedado “en campañas mediáticas”.

Basta recordar el 25 de noviembre de 2009, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres cuando Calderón Hinojosa afirmó: “los tres órdenes de Gobierno uniremos esfuerzos para atender esas causas que generan no sólo la problemática de violencia, inseguridad, sino la problemática de violencia contra la mujer en particular, y promover la participación ciudadana”.

Acciones que, a decir de Raczynska no se han visto, por el contrario, el gobierno ha sido reiteradamente cuestionado en las instancias internacionales de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la violencia en todas sus modalidades que viven las mexicanas.

CRIMINALIZACIÓN DE PROTESTA Y DEFENSORAS DE DH

De acuerdo con las organizaciones civiles, una constante en este gobierno panista, ha sido la criminalización de la protesta social y la persecución y hostigamiento contra las y los defensores de DH.

Un caso emblemático en acceso a la justicia fue el de las otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, encarceladas con penas de 21 años acusadas de “secuestrar” a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

Delito que de acuerdo con la SCJN no se acreditó, pero por el cual permanecieron tres años en prisión. El caso de acuerdo con defensores de DH, fue emblema de la criminalización de la protesta social.

Los ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos han sido una constante en estos 4 años. De acuerdo con la CIDH, ha otorgado para México medidas cautelares para defensores de DH en 21 casos, en el periodo de 2006 hasta junio de 2010.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En materia de salud, el derecho de la mujer a una vida digna, a su integridad personal y a la protección de su salud, tampoco ha sido una prioridad de este gobierno. Los avances que se han logrado han sido impulsados por el movimiento feminista, y las organizaciones civiles, no por el gobierno federal que, por el contrario, ha intentando contrarrestarlos.

Un ejemplo de ello fue la actualización y publicación de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la prevención y atención.

La polémica generada en torno a ella, se originó por la obligatoriedad- establecida en la Norma- para que los prestadores de servicios de salud ofrezcan la anticoncepción de emergencia y en su caso, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a las víctimas de violación sexual, cuando la mayoría de los funcionarios de esta administración, se han pronunciado por el derecho a la vida.

Asimismo, lo sucedido en 17 entidades federativas cuyos congresos locales impulsados por el PAN-PRI, han modificado sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación, lo que en opinión de las feministas, ha significado un retroceso grave en materia de derechos femeninos.

Por todo ello, la actual administración ha sido cuestionada por organismos internacionales, que en reiteradas ocasiones han señalado que las leyes mexicanas, no protegen adecuadamente a las mujeres y a las niñas de la violencia, lo que ha favorecido la impunidad.

10/AGM/LR/LGL

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles.Acepto Leer más

Skip to content