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Crisis de legalidad en conflictos por el agua

Por Soledad Jarquín Edgar

El acceso al agua es un derecho humano y por tanto no puede ser considerado como una mercancía, sostuvieron un sacerdote, dos defensores de derechos humanos, juristas y abogados, en tanto los ponentes mexicanos se sumaron a la protesta por el “intento de boicot” que gestó el gobierno mexicano al Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA).

Al participar en el Foro Temático Crisis de Legalidad y Conflictos Híbridos en América Latina como parte de los trabajos del TLA que se realiza aquí, el abogado del Centro de Estudios Legales Ambientales (CELA) de Colombia, José María Borrero, criticó la falta de respuesta de las leyes e instituciones gubernamentales para proteger los bienes naturales como el agua.

En el ex templo de Corpus Christi, frente a la Alameda Central de esta ciudad, Borrero dijo que después de la Cumbre de la Tierra, el balance fue que cada país había hecho sus propias legislaciones y creado instituciones al respecto.

Sin embargo, el deterioro ambiental continúa y eso demuestra que “el fracaso institucional, es un hecho imputable a los funcionarios que no quieren cumplir las leyes que encuentran el camino para evadir las leyes”.

Así, las instituciones “como las cárceles están concebidas para fracasar”, sostuvo el jurista quien recalcó que no se puede negar que “el resorte primero y último de la sostenibilidad del planeta es el corazón humano”.

Con vehemencia Borrero reconoció que la función de las leyes es siempre limitada, de ahí que “no podemos seguir creyendo en el fetichismo legislativo en América Latina”, que ante los resultados negativos obtenidos hasta ahora solo generan inseguridad entre los derechohabientes.

Agua como Derecho Constitucional

Antes, Samuel Ruiz García, ex obispo de Chiapas, a nombre de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, recalcó que “el hombre” ha cambiado su relación con los recursos naturales y que existe una fuerte tendencia a mercantilizarlo, sin embargo, sostuvo que el derecho al agua es inalienable y universal.

Con voz clara y fuerte, Ruiz recalcó que en México existe una mala distribución del recurso que pone en evidencia un problema de discriminación que debe resolver el Estado.

El sacerdote católico mexicano advirtió que a ese problema social de discriminación se suma la posibilidad de que al “mercantilizar” ésta no llegará a la mayoría de la población, porque la mayoría no tendrán los recursos para adquirirla.

En ese sentido, dijo que es necesario asentar el derecho al agua, “de manera explícita” y no implícita como hasta ahora, en la Constitución Mexicana, y lamentó que la tendencia sea contraria al favorecer la mercantilización de las aguas nacionales.

Al citar algunas de las cifras sobre la problemática hídrica en México, dijo que el 85 por ciento de la población tiene agua potable, pero hay una disminución cada vez mayor del recurso.

En 1955 había 11 kilómetros cúbicos al año por persona, en la actualidad cada habitante tiene solo 3.8.

A ello, habría que agregarle la mala distribución, la contaminación del líquido, la calidad y la pérdida que se registra en las tuberías, misma que alcanza hasta un 50 por ciento del líquido que se extrae para consumo humano.

Las guerras y el hundimiento

A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, quien también se sumó a la protesta por el cambio de sede del TLA a pesar de que “me consta las gestiones se realizaron a tiempo”. El defensor del organismo público también advirtió del colapso ambiental que habrá en un futuro en la ciudad de México.

Señaló que el planeta está inmerso en una carrera contra el tiempo y que se ha roto el equilibrio ambiental, lo que pone en riesgo de vida a miles de personas en el mundo y lo que viene son las guerras por agua”, por lo que urgió en la necesidad de recuperar la idea del agua como un derecho y no como una mercancía, apuntó el ombudsman.

Lamentó que en esta ciudad cerca de un millón de personas que viven en Iztapalapa carezcan del servicio y tengan que comprar el líquido, por lo que reconoció que el problema no es sólo de abastecimiento sino de distribución.

También advirtió que el 70 por ciento del agua se extrae del subsuelo de la gran ciudad y sólo un acuífero se recarga, lo que agrava la situación de hundimiento que vive la ciudad de México ubicada en una zona de alta sismicidad.

Álvarez Icaza dijo que estudios técnicos han demostrado que otro gran problema es la pérdida de suelos de conservación que permitirían captar líquido, sin embargo, los datos no son alentadores, cada año la ciudad de México pierde “500 canchas del Estadio Azteca “, con lo que se reduce la captación y prevé un colapso ambiental en el futuro en esta capital mexicana.

Dijo que a nivel local y mundial los conflictos del agua han aumentado de manera importante en los últimos 15 años, no así la percepción ciudadana de los derechohabientes sobre este bien común del agua y como ejemplo citó que en 2005 de las nueve mil 300 quejas presentada ante la CDHDF sólo 102 “tuvieron que ver con el tema del agua”.

Sabotaje del Foro

En la mesa de trabajo que moderó Danilo Antón de Uruguay, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, David Velasco Yañez, sostuvo que las guerras del agua no vienen, ya se instalaron en el planeta y una de ellas es la cancelación de la sede del TLA por parte del gobierno.

No existe, dijo, otra explicación al hecho de sabotear un evento, es una agresión “igual o más violento que la presencia de militares para resguardar un acuífero”.

Sostuvo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen una fuerte contraposición en la figura de los tratados de libre comercio, “que no son leyes ni buenos consejos, se trata de un conjunto de estrategias y políticas mercantiles de presión para los gobiernos”.

Citó el caso Cochabamba en Bolivia, que ahora tendrá que resolver el presidente Evo Morales, y quien seguramente no antepondrá los derechos de su pueblo sobre las exigencias mercantiles.

Destacó que el único país que reconoce constitucionalmente el derecho humano al agua es Uruguay y por tanto existe la prohibición de privatizar el vital líquido, por lo que es lamentable que el IV Foro Mundial del Agua “pueda ser el espacio para consagrar la privatización del agua en el mundo”.

Recordó que todavía está la movilización ciudadana para demandar este derecho humano y que se mostrará en la marcha que el próximo jueves se realizará en la ciudad de México.

El TLA continuará hoy sus trabajos con el análisis de los casos de Panamá por donde se transporta material nuclear, el de Ecuador, por la violación a los derechos humanos por la construcción del proyecto de embalses multipropósitos en cuenca del río Guayas.

06/SJ/LR

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