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Crisis y reforma a la representación política

Por Lucero Saldaña

Actualmente se cuestiona la calidad de la representación pública, primero porque la gran mayoría de los representados desconocen sobre las funciones del poder legislativo, y segundo porque los y las representantes formales no siempre cumplen con su papel de enlace; en otras palabras, no se participa para corregir los defectos de la democracia representativa, ya que se carece de mecanismos precisos de rendición de cuentas que vinculen más estrechamente a la clase política con las opiniones de aquellos que afirman representar.

De esta forma, frente al dilema de votar por un candidato que es carismático; o por identificación simbólica por una candidata, o por alguien cuyas opiniones se puedan compartir, generalmente los partidos políticos parecen tener mano: el electorado pone mayor atención al actuar del gobernante y sus programas más que a la persona contendiente para cargos de representación; los partidos trasmiten la idea de que no importa el sexo del candidato, esperando que los electores desarrollen lealtades políticas en torno a sus plataformas más que en torno a sus candidatos.

Cuando se piensa en las asambleas legislativas como una muestra representativa de la nación o de gobiernos locales, se pone atención a la composición de sus fuerzas políticas y el número de representantes, pero pocas veces se piensa en las actividades que se realizan; pero si los representantes fueron elegidos para actuar, ¿qué sentido tiene un sistema de representación que no entrañe ninguna responsabilidad de entrega de resultados políticos? Quizás por ello de la apatía en las elecciones intermedias, es decir para elegir al Congreso.

Si representar significa actuar en beneficio de los representados de un modo que responda a sus demandas, no hay que ignorar que los representantes pueden diferir de aquellos en cuyo nombre actúan. Ser receptivos en la rendición de cuentas tendería a reducir la discrecionalidad y autonomía de los representantes considerados individualmente. Ante esta situación habría que preguntarse ¿qué importancia tiene el sexo/género, la raza, o la etnia de los representantes?, ¿qué sentido tiene incluir cuotas para aumentar la proporción de representantes mujeres?, ¿capitalizar la supuesta identificación simbólica del electorado femenino sin más garantías o compromisos explícitos por parte de los partidos políticos que las postulan? Creo que sí se hace la diferencia.

Según una investigación del Instituto de Mercadotecnia y Opinión, para registrar el pensar y sentir femenino en torno a su participación política, recoge expresiones ante la posibilidad de que algunas de las mujeres que participan en la política puedan contender por la presidencia de la República en el 2006, señalando que el 43.6 por ciento preferiría una mujer, el 25.4 por ciento un hombre y al 30.2 por ciento le da lo mismo.

Aunque el 67.8 por ciento considera que en la actualidad las mujeres son discriminadas en el ámbito político de nuestro país, y el 81.7 por ciento de las entrevistadas en la Encuesta Nacional sobre las Expresiones de la Mujer Mexicana en el 50 Aniversario del Voto Femenino, recomendó a las mujeres que han logrado destacar a nivel profesional en la política, la cultura, las empresas, etc., que promuevan por igual el desarrollo de mujeres como de los hombres.

Si bien la mayoría de las mujeres que participó en este estudio dijo no saber desde cuándo habíamos tenido el derecho al voto en nuestro país, a la luz de los resultados obtenidos en esta lucha, en el mundo se desprende que la presencia de las mujeres en los parlamentos apenas rebasa el 15 por ciento, y que las cuotas ayudan a este fin.

Con todo, las posiciones que adopten los distintos partidos políticos nacionales resultan básicas en este proceso de reforma a la representación política; varias interrogantes pueden plantearse como consecuencia de lo anterior: ¿cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas a través de los cuales podemos ver a los representantes defendiendo los intereses de las mujeres?, ¿quiénes defienden los intereses de las mujeres?, ¿cómo se aprueban iniciativas de ley o reformas que tienden a revertir la inequidad entre los géneros?, ¿pueden las mujeres aun siendo minoría convertirse en una masa crítica para legislar en forma distinta que los varones? La respuesta es el consenso plural y mixto, aunque las mujeres sean las más interesadas en ello.

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